Legitimación electoral del nepotismo

Por Héctor Ghiretti Licenciado en Historia

Desde que existen las comunidades humanas han debido enfrentarse al problema de la sucesión en el poder, la continuidad del gobierno. Siempre se ha tratado de una cuestión de vital importancia, porque el peligro de no resolverla es la disolución, la anarquía o el sometimiento a otra comunidad.

Imaginamos que en las primeras sociedades, la vacancia en el poder se superó mediante una lucha entre aspirantes, que competían en fuerza, destreza o capacidad de liderazgo.

La solución más comúnmente adoptada que permitió evitar la violencia del tal enfrentamiento -que dividía al grupo y lo sumía en una desgastante lucha intestina- fue la sucesión dinástica.

El esquema era simple: se vinculaba la sucesión en el poder de la sociedad a la sucesión en el poder de una familia en concreto. Los asuntos de la comunidad eran, por tanto, asuntos familiares y viceversa. Los padres transmitían a sus sucesores la potestad sobre la familia y sobre la comunidad.

El presupuesto implícito de esta idea era que el sucesor recibía de forma hereditaria las probadas capacidades de gobierno de su padre.

La creciente complejidad de la civilización obligó a buscar formas alternativas para el gobierno y la continuidad en el poder.

Para enfrentar al desafío sin romper la armonía social, se buscó asociar a otras familias mediante vínculos de sangre. Apareció así la categoría social de nobleza o aristocracia, que compartía lazos de parentesco con la familia real y se encargaba de asuntos específicos del gobierno.

Pero el progreso no detiene su marcha. La institución monárquica entró en una profunda crisis, que sería preludio de su desaparición. Un nuevo actor social poderoso -la burguesía- exigió participación en la cosa pública, impugnando por ello la indiferenciación entre asuntos de la familia real, la nobleza y el Estado.

Por otra parte, la administración confiada a la aristocracia se reveló como ineficaz y surgió la idea de un funcionariado formado para tal fin: es el origen de la burocracia. Una ciudadanía de ilustración creciente se mostraba poco tolerante ante monarcas incapaces, venales, indolentes o sencillamente imbéciles. La complejidad del Estado y la sociedad condujo a una arquitectura política institucional sofisticada, en la que fueron apareciendo nuevas funciones y nuevos actores.

Con la muerte de la monarquía se impuso una forma nueva de continuidad política. La sucesión en el poder se des-personalizó y se des-familiarizó: el relevo en el gobierno pasó a un conjunto de instituciones y procedimientos regulares diseñados para expresar y formalizar la voluntad ciudadana sobre sus gobernantes. Nacía así la democracia liberal.

Este régimen, que al menos en Occidente es considerado el non plus ultra del progreso en materia de organización política, no está, sin embargo, exento de rémoras que detienen su continuo perfeccionamiento y ocasionales caídas en formas regresivas.

Es el caso del nepotismo (del latín nepotis: sobrino), término con el que se conoce la “modalidad de corrupción política consistente en situar, los gobernantes eclesiásticos o civiles, a sus familiares, legítimos o naturales, en altos cargos políticos o administrativos”.

Evidentemente, sólo puede ser considerado como corrupción en la medida en que -contrariamente a la monarquía- no es un rasgo propio del sistema.

El hecho es que el actual gobierno viene siendo acusado insistentemente de practicar este vicio o desviación de la democracia liberal. Las acusaciones han caído sobre funcionarios públicos de primera o segunda fila. Esta imputación parece, sin embargo, haber ocultado el caso más notorio que adquiere, como han señalado los analistas más agudos, características verdaderamente monárquicas: la sucesión presidencial.

La pregunta es ¿qué nos impide pensar en la futura presidenta como un caso de nepotismo? Se nos puede responder que se trata de un cargo sometido al dictamen de las urnas, no a la voluntad irrestricta de un funcionario designado. Sin embargo, todo el manejo parece destinado a asegurar, mediante un “tándem matrimonial”, la duplicación de su mandato, tolerado por la Constitución, en el poder. Se trata de un recurso destinado a eludir/violar el principio de periodicidad de los cargos, sancionado en la Constitución.

Así, si la familia presidencial tuviera más miembros candidateables, podríamos pasarnos décadas bajo el gobierno de la dinastía, que no parece ser precisamente una estirpe de estadistas, al modo de los Pitt en Gran Bretaña o los Roosevelt en los Estados Unidos. La letra de la ley lo permite, aunque su espíritu sea claramente violentado.

Cabe preguntarse de qué naturaleza es la red de lealtades sobre las que se apoya el poder del gobierno actual. Y lo que se encuentra es un complejo de relaciones familiares y de intereses económicos: no hay aquí principios, liderazgos sinérgicos ni programa de acción. Demasiado menemismo para lo que ha querido presentarse como su antítesis.

Las vinculaciones entre familia y poder son, hasta cierto punto, inevitables. Y eso sucede tanto en las democracias consolidadas como en las más recientes. Pero ¿qué no dirían los analistas e intelectuales locales cercanos al poder, siempre tan críticos con lo que pasa en los EEUU, en el caso de que George Bush Jr. decidiera imponer como candidata presidencial a Laura, su esposa? A Hillary Clinton no se le ocurrió ser la sucesora inmediata de su marido y está obligada a pelear las primarias del Partido Demócrata como cualquier hijo de vecina.

Cuando se nos dice que la continuidad de las reformas se garantiza con la sucesión matrimonial en el sillón presidencial (“profundizar el cambio”), se está dejando entender que el proyecto de transformación del país no ha logrado obtener consensos más allá de los estrechos límites de la pareja presidencial y no es posible confiar en nadie para seguir con la tarea.

Así de simple.

Si se trata de un proyecto respaldado apenas por el consenso mínimo -sólo dos personas- entonces es lícito dudar de su legitimidad, e incluso de su carácter auténtico de reforma política: es decir, inspirada por el interés público. Como hipótesis benigna se puede especular con una maniobra determinada por el miedo, tal como el del último Perón, que impuso a su esposa como vicepresidenta, porque ya no confiaba en nadie de su entorno.

En cualquier caso, resulta ridículo y patético a la vez el entusiasmo mostrado por los cortesanos pretendientes y los adláteres del poder de Kirchner en la gestión de gobierno en marcha. Lo curioso es que se trata de un gobierno que se ha presentado al país como la encarnación misma del progresismo. Muchas veces lo que se entiende por progreso político, tecnológico o social es engañoso: pero es evidente que los argentinos atrasamos más que el reloj de Fernando VII.