Madrid. La ley sobre memoria histórica que condena de forma rotunda el franquismo, ordena la retirada de sus símbolos, deroga sus leyes, y declara ilegítimas sus sentencias.
La ley reconoce moral y económicamente a las víctimas, establece que el Estado tutelará las labores de localización e identificación de las fosas comunes, además de facilitar el acceso a la nacionalidad española para descendientes de emigrantes y exiliados. Pese a que tiene garantizada su aprobación, para hoy, se espera un encarnizado debate en el Congreso debido al clima de máxima crispación entre el gobierno y la oposición, enfrentados en un contexto que tiene como horizonte las elecciones generales de marzo de 2008.
La mayoría son argentinos. También hay un número importante en México. Los beneficios se aplicarán durante dos años a partir de 2009.
“Fue una victoria histórica”, dijo el canciller de la Isla. La resolución nunca había recibido tanto apoyo.
