Sino y destino del radicalismo

Por Héctor Ghiretti Profesor y Licenciado en Historia UNCuyo

Dadas las circunstancias actuales, puede decirse que la división del radicalismo está consumada. Una vez más, el partido radical se fractura ante una encrucijada electoral. Las líneas de enfrentamiento parecen claras: por un lado, el pragmatismo descarnado del gobernador Cobos y los llamados radicales K; por el otro, el principismo corporativo de la conducción partidaria.

Este proceso político -dicho sea de paso- tiene un especial interés para los mendocinos, que rara vez han protagonizado un movimiento político a nivel nacional. Pero este es otro asunto que merecería un tratamiento aparte. Más allá de su atractivo específico, el episodio parece revelar la verdadera naturaleza del radicalismo argentino.

La Unión Cívica Radical nació con un espíritu y un programa muy bien definidos, más allá de las vaguedades románticas con las que -con cierta justicia- se estigmatizó a su alma mater, don Leandro Alem. Conjunción de opositores -mitristas, antiguos mazorqueros y alsinistas, jóvenes profesionales, católicos- al gobierno de Juárez Celman como continuidad de la empresa política de Roca, el radicalismo constituye el partido de los descontentos, de los inconformistas e insatisfechos con el estado de las cosas.

Este espíritu genérico se condensaría en un programa muy concreto: la primacía de la voluntad popular, garantizada por procedimientos electorales saludables y transparentes. Durante los primeros años de vida del partido, este programa se encarnaría coherentemente en una praxis política revolucionaria, puesto que la lucha electoral constituía en esas condiciones una vía muerta para la acción política.

Con la sanción de la nueva legislación electoral en 1912, conocida como Ley Sáenz Peña, el radicalismo se quedó prácticamente sin programa. La acción revolucionaria perdió sentido cuando se confirmó la aplicación efectiva de la nueva ley.

El presagio de este estado de desconcierto es la renuencia de Yrigoyen a encabezar la lista electoral para las elecciones presidenciales de 1916 y el extraño aislamiento del presidente electo durante los días inmediatamente posteriores a la victoria.

La confirmación del vaciamiento programático del radicalismo es el carácter perfectamente continuista del gobierno de Yrigoyen y del de su sucesor en la presidencia, el también radical don Marcelo T. de Alvear.

Hasta 1912, la relación entre medios y fines estaba perfectamente definida. La vía de acción política revolucionaria conduciría a la instauración de un nuevo régimen electoral, que tendría la virtud de consagrar la voluntad de la ciudadanía. El radicalismo no tenía mayores aspiraciones ni proyectos más allá de éste.

Sancionada la reforma electoral por parte del gobierno conservador sin que mediara la toma del poder por vía armada por parte del partido de Yrigoyen, se agota el programa del radicalismo.

Su misión histórica se cumple, pero sin llevarla a cabo en primera persona, encarnando un mero papel indirecto de "factor de presión". A partir de este momento, la Unión Cívica Radical será un partido con espíritu pero sin programa, algo funesto en el campo de la política.

Los duros años de la década de 1930, en la que reapareció el fraude como práctica electoral habitual y generalizada, parecieron restaurar el programa original del radicalismo. Sin embargo, esta breve resignificación de la misión partidaria no evitaría las desgarradoras tensiones entre quienes pretendían dotar al partido de un nuevo curso de acción y quienes se mantenían fieles al espíritu fundacional.

Para el radicalismo histórico, los sectores que intentaban operar una redefinición programática reeditaban en el seno del partido la dicotomía fundamental, fijada por Hipólito Yrigoyen en los años heroicos de la conspiración revolucionaria: eran la reencarnación del régimen, que se oponía e intentaba reducir o someter a la causa, principio fundamental devenido en símbolo, idea-fuerza del radicalismo.

En realidad, el enfrentamiento alineaba posiciones según un esquema que podría calificarse como clásico en la historia de los partidos políticos modernos: era la idea contra la realidad, los principios contra la acción. El radicalismo histórico, anclado en los ideales y los principios, se define en términos de ortodoxia, y fulmina con anatemas a los heterodoxos que advierten la urgencia de la coyuntura o se dejan llevar por los imperativos del momento político.

Sin embargo, el caso radical posee una característica particular: excepto algún caso aislado -el caso de Oscar Alende-, el desgajamiento se produce en términos de pragmatismo político. El radicalismo histórico opone el espíritu, la causa y la intransigencia, al programa, el régimen y la inmersión en la realidad compleja del poder. Y quienes eligen el camino de la acción, ya no regresan al partido en el que iniciaron su trayectoria política. No hay sectores "radicalizados" en el partido radical: el propio partido es, en cierto sentido, genuinamente radical.

Para comenzar en algún momento (podrían quizá darse ejemplos anteriores), ya antes dela consagración electoral, don Lisandro de la Torre -quien, paradójicamente, a lo largo de su vida política se revelaría como un ejemplo cabal del espíritu radical, dando razón a sus propias protestas de fidelidad al partido y su vocación de ortodoxia, y también al ubicuo Carlos Ibarguren, que declararía en sus memorias que la elección del político rosarino como cabeza de la candidatura presidencial conservadora de 1916 fue un tremendo error- se alejaría del partido por el encastillamiento principista y el liderazgo excluyente de Yrigoyen.

La colaboración de antiguos miembros del radicalismo azul durante el gobierno del General Justo y del radical Ortiz son episodios de la misma historia. Lo mismo puede decirse de los forjistas y del radicalismo yrigoyenista, que marchan a integrar las filas del naciente peronismo. O de la escisión desarrollista, en la década de 1950.

Entre el ideal y la acción media el ejercicio del poder, que para algunos es una entidad demoníaca y para otros constituye el vehículo imprescindible e irreemplazable de la vida política y social.

Parece sincero Alfonsín cuando declara que no extraña el poder, "porque los radicales no lo gozamos, lo sufrimos". La afirmación no sólo explica la evolución y el epílogo de su mandato como presidente, sino también los de sus correligionarios que lo precedieron y lo sucedieron en el sillón de Rivadavia: Arturo Illia y Fernando de la Rúa.

En democracia nadie está obligado a ejercer el poder político. Es una cuestión voluntaria. Ahora bien: si se ingresa en política es para ejercer el poder. ¿Qué sentido puede tener la política sin él? Quien no quiere los medios -dice el axioma clásico- tampoco quiere el fin. En cualquier caso, una cosa es evidente: si lo que se hace causa sufrimiento, temor o desprecio, o no se hace buena política, o no se hace política de ningún modo.