Intervienen una cooperativa de vivienda

Los asociados de Mendoza también reclaman la regularización de sus escrituras.

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Miguel Títiro titiro@lanet.com.ar

Damnificados por las maniobras de la cooperativa Gualcamayo de Mendoza y San Juan, fueron informados sobre la intervención judicial de la entidad y la necesidad de no pagar las cuotas de sus casas, hasta tanto se dilucide la situación real de la institución y su relación con miles de ahorristas.

Estos y otros pormenores fueron dados a conocer ayer por el gerente de Inspecciones del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), Sergio Otero.

Este organismo, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, le solicitó al Juzgado Federal N ° 1 de San Juan (secretaría 1), donde Gualcamayo tiene la sede, la designación de un interventor, función que recayó en el contador Leandro Andrés Argañaraz.

Ahora vendrá un proceso de investigación de la actividad de Gualcamayo, que en Mendoza construyó tres barrios, pero no todos los asociados tienen las escrituraciones a su favor, no saben el valor real de los inmuebles y muchos tienen fundadas quejas sobre la calidad constructiva de los hogares que habitan. En nuestra provincia los socios llegaron a 3.500, de los cuales sólo 285 tienen sus casas, aunque sin escriturar. Los damnificados en San Juan suman 1.500. También hay perjudicados en Córdoba y Jujuy.

Otero y la senadora Mireya Díaz (PJ), entre otros legisladores y funcionarios, como el intendente de Maipú, Adolfo Bermejo, contaron “la cooperativa imponía como condición para la entrega de las viviendas adjudicadas, la firma de un contrato de comodato, un convenio de desocupación y un compromiso de no modificar, entre otros documentos”, lo que es francamente atentatorio contra el espíritu del cooperativismo.

También surgió de las investigaciones del Inaes y de los legisladores, que “luego de suscribir la documentación con los afiliados, y, en muchos casos, tras realizar los aportes estipulados por los planes de vivienda, se procedía a solicitar la homologación de los convenios de desalojo y se despojaba a los adjudicatarios de sus unidades”.

Puntualizó Otero que “también hay que determinar si Gualcamayo actuó como cooperativa o como una empresa común encubierta, ya que el presidente tiene serios lazos con dos o tres firmas constructoras. Administrativamente se determinó que hubo actos que se contradicen con la ley de Cooperativas, por eso se solicita su intervención”.

También informó Otero que otra irregularidad fue no haber presentado ninguna documentación ante el Inaes, en el período 2001-2005.

Estas y otras anomalías hicieron que el directorio del Inaes resolviera separar al órgano de conducción de la cooperativa y nombrar al interventor.

Mireya Díaz señaló que “lo logrado se debió a un trabajo en equipo, de legisladores provinciales, nacionales y la Dirección de Cooperativas.