Montevideo. El procesamiento y detención del ex dictador Juan Bordaberry y su ex canciller Juan Carlos Blanco por cuatro homicidios cometidos en 1976 representa un hito en el castigo a las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura uruguaya (1973-1985).
El juez Roberto Timbal libró el jueves orden de prisión contra Bordaberry y Blanco por coautoría de homicidio en Buenos Aires en los asesinatos de los ex legisladores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, junto a militantes tupamaros.
La fiscal Mirtha Guianze había pedido el procesamiento de Bordaberry y Blanco en este caso de homicidio, que tuvo lugar en Buenos Aires en 1976.
Blanco fue detenido en la noche del jueves, mientras que Bordaberry se presentó en la mañana de ayer en la jefatura de Montevideo, pues no se encontraba en su domicilio cuando la policía fue a detenerlo, dijo el director nacional de la Policía, Sidney Ribeiro. En tanto, el juez Timbal remitía ayer las notificaciones del auto de procesamiento tanto a la defensa como a la fiscalía.
El propio Timbal había archivado este caso en setiembre de 2005, al considerar que esos asesinatos, ocurridos casi 30 años atrás, cuando Uruguay y Argentina estaban gobernados por dictaduras militares, habían prescripto.
La fiscal Guianze presentó entonces un recurso y un Tribunal de Apelaciones desarchivó el caso tras estimar que debía ampliarse en un tercio el período de prescripción, y que debía contabilizarse desde 1985, cuando se reinstaló la democracia tras 12 años (1973-1985) de dictadura.
Estos procesamientos se suman a un fallo sin precedentes del juez Luis Charles, que el pasado 11 de setiembre procesó a ocho ex militares y policías por los delitos de “privación de libertad” y “asociación para delinquir” en la desaparición de Adalberto Soba en 1976 en Buenos Aires, en el marco del Plan Cóndor, durante las dictaduras del Cono Sur.
Mateo Gutiérrez, hijo de Héctor Gutiérrez Ruiz, dijo que la noticia “lo tomó por sorpresa” y que “es una satisfacción porque es la aceptación estatal de la responsabilidad del gobierno durante la dictadura”.
El senador Rafael Michelini, en tanto, dijo que se trató de “un golpe certero a la impunidad”, y que su padre “siempre está presente”.
Asimismo, pronosticó que “se van a empezar a abrir las puertas del resto de los casos, porque a partir de ahora se investigará más a fondo a los autores materiales de los asesinatos”.
Además de la acusación penal por los asesinatos, el ex dictador tiene otra causa abierta por los delitos de atentado a la Constitución, coautoría de privación de libertad, homicidio y desapariciones forzadas, que atiende la magistrada Graciela Gatti.
Candidata del Partido Socialista para las presidenciales de 2007, pidió el apoyo de todos para derrotar a la derecha.
