La crisis institucional

Por Héctor Ghiretti Licenciado en Historia

Parece haber un consenso casi unánime sobre la identidad del principal problema que en la actualidad afecta la vida social de los argentinos. De derecha a izquierda, desde Natalio Botana hasta Beatriz Sarlo, todos coinciden en que la Argentina padece una peligrosa crisis institucional.

En su reciente paso por nuestra ciudad, Joaquín Morales Solá mostró un sucinto panorama sobre esta cuestión. Según su opinión, esta crisis se manifestaría en la supresión fáctica de la división de poderes, que conduce a la subordinación servil del Legislativo al Ejecutivo; la decadencia/disolución de los partidos políticos, que impide la articulación de una oposición efectiva; y la composición de un gabinete ministerial sumiso, esencialmente funcional a las iniciativas -frecuentemente arbitrarias e irreflexivas- del presidente.

No cabe quitar un ápice de verdad al análisis expuesto: el asunto tiene una evidente jerarquía política, y es bien sabido que el Estado es, por así decirlo, la “institución por excelencia”, la unidad fundamental de ordenamiento de la vida social.

También es cierto que no parece estar en riesgo el Estado en sí, sino algunas instituciones del sistema liberal democrático.

Sin embargo, debe señalarse que la “sensibilidad institucional” de nuestros intelectuales sólo parece despertarse cuando el presidente de turno muestra algún impulso de apariencia autocrática.

Cabe preguntarse ¿en qué medida la situación actual implica una verdadera crisis institucional? Para empezar por donde corresponde ¿qué son las instituciones?

Podemos recurrir a la breve definición propuesta por Víctor Tau Anzoátegui, prestigioso miembro de la Academia Nacional de Historia: se trata de “ordenaciones parciales de la vida del hombre en sociedad, que han llegado a un desarrollo sólido y autónomo a través de la actividad desplegada y la renovada adhesión de muchas generaciones”.

Más allá del sesgo intencionadamente histórico que le da el autor, es claro que se trata de ordenamientos sociales que permanecen a lo largo del tiempo. No hay institución sin historia o ni pervivencia.

Existen instituciones fundamentales, tales como el Estado (entendido como “comunidad política”), la comunidad religiosa o la familia, que se definen como tales en razón de que sin ellas la vida social se haría imposible: su fin social es propio de toda vida humana. Es precisamente por ello que en ocasiones pueden exigir la entrega de la vida de sus miembros: se puede dar la vida por la patria, aceptar el martirio o sacrificarse por un hijo, un padre o un hermano.

Se advierte entonces que hay una realidad social mucho más compleja que la que muestran las instituciones políticas. Pero además, existen otras que, sin ser fundamentales, componen la vida en sociedad. Hay tantas instituciones como fines sociales puedan imaginarse. Instituciones son los sindicatos, las empresas, las uniones vecinales, las sociedades de fomento, los clubes deportivos, las ONG y las asociaciones variadas sin fines de lucro, las universidades y las escuelas.

El etcétera es largo. Pero estas instituciones parecen ser invisibles para los estudiosos, analistas e intelectuales. Sólo les interesan las del Estado, y evalúan la salud institucional atendiendo exclusivamente a ellas. Para este punto de vista, las otras fluctúan entre la intrascendencia y el estigma del corporativismo.

Si es cierto que el progreso de las sociedades se mide por el grado de complejidad, diferenciación y especialización que alcanzan, es evidente que la pobreza y el subdesarrollo están directamente determinados por la escasez o ausencia de una red institucional fuerte y bien trabada. Un entramado institucional vigoroso y activo no solamente contribuye a fortalecer la solidaridad mutua entre instituciones, sino que además tolera mejor la crisis, decadencia o desaparición de alguna de ellas. Es lícito especular con la idea de que la actual crisis de las instituciones políticas es efecto o manifestación de un problema institucional mucho más vasto y profundo.

Basta imaginarse cuán reducida se vería la marginalidad social si cada persona estuviera vinculada a varias instituciones: es decir, si fuese beneficiaria del fin social que cada una persigue, a la vez que asumiera responsabilidades de participación o dirección en ellas. Y viceversa: la falta de institucionalización permite entender por qué mucha gente pertenece -y a veces está dispuesta a morir y matar por ello- a falsas instituciones, como una barra brava, una patota sindical o una banda de delincuentes.

Nuestro atraso, nuestra pobreza actual no es sino la demora y la miseria de nuestras instituciones. Desde esta perspectiva, en lugar de crisis, sería más correcto hablar de déficit institucional. No entra en crisis algo que no existe. El problema institucional es por esta razón mucho más hondo y complejo que lo que ven los analistas políticos: se trata de una sociedad desestructurada, que por eso mismo permite la destrucción o reducción a la insignificancia de las existentes.

Cabe preguntarse de qué modo podría contribuirse a la institucionalización de nuestra sociedad. En primer lugar, parece necesario atender a las políticas de Estado, que es el principal vector de reforma social. Es posible que lo que éste deba hacer, más que crear instituciones, es definir y crear espacios para que lo haga la iniciativa social.

En segundo lugar, debemos atender a nuestra actitud personal ante la vida institucional. ¿En qué medida estamos dispuestos a asumir responsabilidades en las instituciones de las que somos beneficiarios? ¿Podemos contribuir con nuestra iniciativa a la creación de nuevas instituciones? Para ello hace falta desarrollar un espíritu emprendedor de amplio espectro: fundar instituciones es, invariablemente, crear sociedad. En 1879, José Hernández cantaba, en la “Vuelta” de Martín Fierro


Es el pobre en su orfandad

de la fortuna desecho.

Porque naides toma a pecho

el defender a su raza.

Debe el gaucho tener casa,

escuela, iglesia y derechos.



Lo que pide el gaucho son ni más ni menos que instituciones. Y el Estado sólo parece comparecer de forma irreemplazable en la garantía de los derechos. Ese mismo año, el General Roca completaba la llamada Conquista del Desierto, que se desarrollaría bajo el auspicio del lema alberdiano “gobernar es poblar”. Al parecer, lo único que se consiguió fue ocupar el espacio con gente. Poblar, “hacer pueblo”, es otra cosa. Después de casi un siglo y medio, el reclamo esclarecido del gaucho Fierro sigue teniendo vigencia.