Minería a gran escala en Mendoza: más peleas que proyectos

En Malargüe hay proyectos en marcha, como el de potasio.

Nadie ha visto aún un gramo de oro en Mendoza, pero los conflictos afloran cada vez más. El Gobierno provincial quiere potenciar fuertemente la minería, pero la desconfianza en las instituciones, la falta de información y los conflictos por las tierras son algunos de los obstáculos que encuentra en el camino. Desde Organizaciones de la Sociedad Civil hasta empresarios y sectores productivos se oponen a los emprendimientos mineros metalíferos.

En la provincia por ahora la minería es sólo de “escritorio”. En total hay 3.000 cateos mineros (permisos de exploración) y manifestaciones de descubrimiento. Buena parte de esos expedientes pertenece a empresas extranjeras pero están a nombre de particulares locales, porque las compañías no están radicadas aquí. Doce de ellas están comenzando la exploración y dos están en estado avanzado de esa etapa. Muchos de los cateos no están actualizados y hay superposición de tierras.

La cordillera está en la mira de los mineros y del Gobierno.Muchos proyectos buscan cobre y oro. Allí es donde nace el conflicto, porque en los Andes se encuentran las reservas de agua más importantes y los mecanismos de extracción son cuestionados por ambientalistas.

En el Gobierno consideran fundamental al desarrollo de la minería, como reemplazo de la industria petrolera. “La principal fuente de ingreso de Mendoza no es el agro sino las regalías petroleras, y las reservas se están agotando. Hay que ver cómo se sostiene el Estado cuando eso pase, cómo se pagan los sueldos. Creemos que la minería puede ser una actividad sustentable y que genere ingresos”, dijo Carlos Monjo, director de Minería.

Otro punto de discusión son los controles. Un decreto del ex gobernador Arturo Lafalla pone como marco legal del desarrollo de la minería a nivel local a la Ley 25.585 y deja de lado la Ley Ambiental provincial. En esa reglamentación, la competencia de los controles es compartida por la Dirección de Minería y por Medio Ambiente. Desde el propio Ejecutivo cuestionan esa norma porque aseguran que “es el mismo ente el que promociona y el que controla”.

“El principal problema es la debilidad institucional. No existe una línea clara del Gobierno en este tema. Primero hay que sanear el sistema y luego promocionar la minería”, opinó Eduardo Sosa, de la entidad ambientalista Oikos. Para Jennifer Ibarra, de Cullunche, el problema es el mismo.“No hay un ordenamiento de los terrenos, no se pueden delimitar las zonas para minería y las que se quieren proteger”, dijo la ambientalista. Todos citan como un principio de solución la sanción de la demorada ley de uso del suelo.

Mendoza tiene un importante sistema de áreas protegidas. Tres tienen potencial minero: los parques Aconcagua y Tupungato y la reserva Laguna del Diamante. Por eso hay presiones para cambiar la Ley 6.045, que prohíbe la actividad minera en reservas naturales.

La Laguna del Diamante (San Carlos) está rodeada de cateos y hay un proyecto de ampliación frenado. En ese departamento se generó la oposición más fuerte a la minería de cielo abierto. “La comunidad de esta zona, a través del Frente Diamante, se opone a la minería a cielo abierto con elementos tóxicos que pueden comprometer la sanidad de las aguas”, dijo Mario Leiva, de la Cámara de Agricultura del Valle de Uco. En su opinión, el proyecto de cobre Papagayos podría contaminar las cuencas acuíferas de la región, lo que tendría un fuerte impacto en la agricultura de San Carlos y San Rafael.

En Villavicencio también se vislumbra un conflicto: se están realizando los estudios para reabrir la mina de Paramillos, cerca de donde extrae agua mineral la empresa Villavicencio.

En detalle

Reserva. La cordillera es codiciada por sus potenciales mineros. Pero hay oposición porque allí están las reservas de agua y temen contaminación si se aplica la minería a cielo abierto. Hay 3.000 cateos otorgados.

Congreso. El 21 y 22 de este mes se realizará un seminario internacional sobre minería y responsabilidad ambiental, organizado por la Fundación Cordón del Plata. Es en el Centro de Congresos.

Funcionario con cateos en un área delicada

Uno de los postulados de la política económica del gobierno de Julio Cobos es la promoción de la minería. La Dirección de Minería la ocupa un ex ejecutivo del sector privado, Carlos Monjo. El funcionario fue cuestionado al principio por haber tenido cateos a su nombre. Monjo figuraba como titular de todos los cateos y manifestaciones de descubrimiento llamadas “Ninu”, la mayoría cerca de la reserva Laguna del Diamante (San Carlos).

Hasta abril de este año esos permisos estaban a su nombre. Entre esos documentos está una autorización de la Dirección de Recursos Naturales para pasar por la reserva Laguna del Diamante hacia el emprendimiento “Ninu 3” y un estudio de impacto ambiental realizado por la consultora “AWS”, y citado en un dictamen del Cricyt.

Esas propiedades pertenecían a Anglo American la empresa para la cual trabajaba Monjo -según aclaró el funcionario.

En noviembre de 2003 el hoy titular de Minería transfirió la titularidad a una abogada (Patricia Inzirillo). Pero esa letrada recién comenzó el trámite de cesión de derechos en julio de 2004 y la transferencia estuvo terminada en abril de este año.

Por las dudas, Monjo realizó una presentación en Fiscalía de Estado donde declara los cateos que estaban a su nombre. Allí aclara cómo se realizó el trámite de transferencia.