Los límites del poder público

Una ley que salió, como suele suceder en este país, entre gallos y medianoche, implica el control del Estado sobre comunicaciones telefónicas o por Internet de tipo personal. Esto agravia principios constitucionales y constituye un claro caso de exceso de poder.

Edición Impresa: domingo, 24 de abril de 2005
Los esquemas de poder tienden inevitablemente a acumular más de lo mismo. Cuando se busca el poder, como lo encara un político que aspira a ser elegido para un cargo público, se lo hace con la intención -por lo menos es lo que todos declaran- de utilizarlo para el bien público. Pero, cuando se lo obtiene y se confunde en la mente del poderoso el bien público con la satisfacción de todas sus necesidades es cuando el principio queda desvirtuado.

Las estructuras de poder de las distintas formas de gobierno que existen hoy en el mundo se basan en conseguir el más absoluto control sobre los gobernados. Si quiero hacer el bien y para ello se me da poder -puede ser un razonamiento casi subconsciente de quienes ocupan posiciones importantes-, cuanto más poder tenga más bien podré realizar. El razonamiento es engañoso y, lo peor, es que el primer engañado por ese pensamiento es el poderoso.

En los sistemas republicanos, por el contrario, el pueblo delega poderes en sus gobernantes para permitir que estos obren en beneficio general, pero no para que coarten los derechos que se reservó. La limitación del poder es, por contrapartida a los regímenes absolutistas, la esencia del sistema republicano de Gobierno, que no está diseñado para hacer al pueblo más “gobernable” como se indica desde ciertos sectores, un eufemismo que suplanta a la real definición: sumiso o, quizás, controlable.

Ya nuestra Constitución instituye derechos que no pueden ser objeto de reglamentación alguna -el de prensa- o que no pueden ser deformados o disminuidos más allá de lo prudente, al punto de que por exceso se termine por hacerlos impracticables.

Pero, siempre, y con el objeto del bien público como excusa e, incluso, la salvación de la Patria como supremo argumento, los distintos gobiernos, con mínimas excepciones, obraron de forma tal de perfeccionar sus esquemas de poder y el control de las acciones de los grupos de personas o del individuo.

Una de las garantías que enumera la Constitución, y que hace a la reserva de los asuntos personales, tiene que ver con la inviolabilidad de la correspondencia. En el pasado, cuando se estableció esa prerrogativa, que solamente puede ser suspendida por la decisión de un juez debidamente fundada, no aparecían aún en el horizonte humano medios de correspondencia como el teléfono, la radiofonía ni las secuelas de ambos sistemas, una de las cuales es hoy la comunicación por el uso de computadoras.

Creemos que, aunque la Constitución no lo establezca taxativamente, ingresa dentro de la definición de derecho personalísimo que estas formas de comunicación sean asimiladas a la inviolabilidad de la correspondencia en su forma tradicional, es decir, en impresos manuscritos o por sistemas de impresión. Cuando una persona establece una comunicación telefónica, o envía un correo por Internet, lo está haciendo en forma reservada y para el estricto conocimiento de aquellos a quienes se dirige, y de nadie más.

Pero, en un claro intento de exceder los poderes que el pueblo ha delegado en los gobernantes, se ha dictado una norma que dispone la obligatoriedad de que las empresas que proveen servicios de Internet guarden las comunicaciones que se hagan por ese medio por el término de una década.

Las reacciones que ha provocado esta medida hacen al peligro de que esa información pueda ser abordada sin el conocimiento de los corresponsales e, incluso, sin que medie una orden judicial debidamente fundamentada.

Si a ello se le agrega que la ley, que es de las que se aprueban entre gallos y medianoche, sin debido conocimiento del público y sin adecuado debate en las Cámaras, dispone que las compañías de telecomunicaciones deben registrar las comunicaciones entre los usuarios, nos encontramos ante el grave peligro de que los asuntos privados dejen de serlo para convertirse en públicos.

Se indica que el objeto de esto es luchar contra el terrorismo y el narcotráfico, pero ya se ha experimentado que los acopios informativos de este tipo pueden servir, y lo han hecho, a la satisfacción de otro tipo de intereses.

El gobierno nacional ha anunciado que propiciará la derogación de esta ley, algo que se ha propuesto en el seno de las mismas Cámaras que antes la aprobaron a libro cerrado.

Esperamos que lo haga cuanto antes, ya que este exceso que invade la privacidad de las personas es inconstitucional y agravia hasta preceptos de los tratados internacionales incorporados con la reforma de 1994.
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