Los familiares de los desaparecidos expresaron su desagrado frente a los tribunales federales.
Sorpresivamente, los familiares de personas desaparecidas durante el período de la dictadura militar, entre 1976 y 1983, ayer tuvieron un motivo extra para protestar con más fuerza por el esclarecimiento de estos casos que aún están sin resolver por la Justicia Federal.
A las manifestaciones de reclamos por la resolución de las causas de todos, que se concretan los jueves en las escalinatas de los Tribunales Federales, se sumó la bronca contenida de los familiares y organismos de derechos humanos contra el juez Walter Bento.
Fue el fallo del magistrado, que firmó hace 8 días y que se dio a conocer ayer, el origen de las recriminaciones de los demandantes. Y fue la primera decisión que el magistrado tomó sobre esta problemática, que tiene un sentido contrario a la tendencia judicial en la mayoría de las jurisdicciones del territorio nacional, de investigar a fondo los casos de desapariciones forzadas producidas por el terrorismo de Estado durante los años de plomo.
Hay que recordar que Bento asumió la titularidad del Juzgado Número 1 el 19 de setiembre y se encontró con varias querellas presentadas por casos de desapariciones y abusos, en especial una presentación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que denunció la existencia de un centro clandestino de detención ubicado en Las Heras conocido como Campo Las Lajas.
En definitiva, y pese a todo, Bento resolvió desligarse de estos expedientes aduciendo no ser competente para averiguar qué pasó con estas demandas. El juez se basó en antecedentes judiciales que los abogados de los organismos de derechos humanos aseguraron que estaban superados por otra jurisprudencia más reciente.
Dice Bento que lo ocurrido en Mendoza dependió de las directivas que recibieron los llamados grupos de tareas mandados por las cabezas del Tercer Cuerpo de Ejército, con sede en Córdoba, que estaba a cargo de Luciano Benjamín Menéndez.
Esta interpretación de Bento hizo que rechazara las causas. Y originó la reacción lógica de los afectados. “He sido notificado ayer de la declaración de incompetencia del juez federal Walter Bento. Significa la paralización de todas las causas de violaciones a los derechos humanos en la provincia. El juicio era contra los responsables de la represión y las vejaciones atroces cometidas en el período del ´76 al ´83”’’, exclamó el abogado Pablo Salinas, del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH).
“Es una resolución inédita -insistió- que va en contra de toda la jurisprudencia nacional. Va en contra de cómo han fallado otros tribunales en la causa Esma, en la causa Suárez Mason”.
Pero, sobre todo, el fallo de Bento va en contra del pronunciamiento del juez Juan Castilla (que antecedió a Bento en el juzgado) y de la Cámara Federal de apelaciones de Mendoza.
En realidad este argumento jurídico ya se rechazó y por eso las causas volvieron aquí y a cada una de sus provincias para ser juzgadas. El MEDH apelará a la Cámara Federal y habrá que ver qué contesta este tribunal de alzada. /JFR
Reclamo por un ex policía
Buenos Aires. El juez federal Sergio Torres prepara el pedido de extradición a España del ex policía Juan Carlos Fotea, detenido el jueves en Madrid por el secuestro y desaparición del periodista Rodolfo Walsh en la última dictadura, informó una fuente judicial.
“El juez se enteró por la mañana (del jueves) de la novedad y empezó a confeccionar el pedido formal de extradición, que contendrá los argumentos jurídicos que justifican la solicitud’’, dijo el informante.
Se descartó la posibilidad de que se genere un conflicto de competencia entre las justicias de ambos países, a pesar de que Fotea está involucrado en los sumarios abiertos en España por violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar argentino, según abogados vinculados con la causa. Tras ser detenido, Fotea declaró ante el juez Fernando Andreu, magistrado de la Audiencia Nacional española. Durante su comparecencia el ex policía se declaró “inocente’’ de los cargos que se le imputan. AFP
“No pesa ni se le imputa la comisión de delito alguno. Es una cuestión moral”, dijo la jueza.