La seguridad como responsabilidad del Estado

Por Pablo Salinas

Podemos señalar a Juan Jacobo Rousseau (1712-1778) como quien a través del racionalismo humanista explicó el contenido general del contrato social, que puede sintetizarse de la siguiente manera : “La subordinación de cada asociado, con todos sus derechos, a la comunidad entera”. Esto, en buen romance, significa que todos los ciudadanos renuncian a su derecho a la justicia por mano propia y la venganza privada es reemplazada por el castigo público llevado adelante por el cuerpo político resultante de este contrato, es decir, el Estado.

Hace ya muchísimos años que el Derecho Penal pasó de la esfera privada a la pública y, de una actividad de interés particular, se transformó en otra predominantemente estatal. Entonces, podemos afirmar que nadie discute a esta altura que “el máximo responsable de la seguridad de todos los ciudadanos es el Estado”.

Esto es así puesto que ninguna persona está autorizada a garantizar seguridad sino a través del control o designio del Estado, puesto que los ciudadanos entregamos nuestro derecho particular a la venganza a cambio de la protección del cuerpo social que se expresa en el poder soberano del Estado.

A veces se trata de confundir y centrar las responsabilidades en conceptos abstractos o en sectores críticos a la política de seguridad imperante. Por eso no deja de asombrar la total ignorancia y falta de conocimiento de quienes reclamaban seguridad a organizaciones de derechos humanos que, lejos de tener el rol de generar seguridad, tienen la vital función de actuar contra el poder represivo del Estado a los fines de que el mismo no caiga en arbitrariedades y abusos.

Partiendo de estas bases podemos analizar la política del Estado desarrollada desde la asunción del gobernador Roberto Iglesias hasta la fecha (puesto que los funcionarios son los mismos). Compartimos plenamente las afirmaciones del Dr. Alberto Montbrun en su artículo titulado “Más de lo mismo” publicado en Los Andes del 12 de febrero de 2004. Allí se expresa que “sin un cambio de perspectiva o enfoque es imposible solucionar una situación crónica”. Lo cierto es que los megaoperativos que se están realizando en la provincia demuestran una triste realidad: que el Gobierno sigue enfocando con la misma perspectiva el problema del delito.

Es evidente que un novio en una despedida de solteros, una señora que viene de hacer las compras o unos adolescentes en el Parque no son los causantes de la inseguridad en que vivimos y la aprehensión de los mismos refleja claramente que se aplican siempre las mismas medidas represivas. También es evidente que comprarle un uniforme más bonito o más moderno a los policías es parte de la misma ineficaz política.

Los problemas de seguridad no se pueden resolver con la tesis reduccionista de comprar vehículos y hacer megaoperativos. Si se tratara solamente de medidas represivas cualquiera sería ministro de Justicia y Seguridad.

La situación actual es de las peores vividas en la provincia en décadas, excluyendo obviamente a la dictadura militar donde el Estado mutó a un estado terrorista. Con respecto a la situación actual podemos decir lo siguiente:

a) El penal sigue igual, más de 1.700 personas hacinadas realizaron una huelga de hambre puesto que no se respeta el básico derecho a la dignidad humana. La cárcel fue hecha para 400 internos y el número total, a la fecha, asciende a casi 2.000, las comidas sólo las pueden comer los perros, no tienen asistencia médica adecuada, defecan en bolsas delante de los cinco o seis compañeros de celda (de tres metros por tres), son vigilados por perros y grupos de choque para amedrentarlos, no se cumple con el precepto de resocialización puesto que no tienen garantizado el acceso a la educación.

b) La policía judicial no existe, es decir que la misma policía prevencional tiene que hacer la doble tarea de prevenir y de investigar y obviamente tampoco cuenta con los medios suficientes ni siquiera para cotejar una huella digital.

c) El entrenamiento de nuestras fuerzas de seguridad es nulo, se le entrega el arma con sólo seis meses de entrenamiento y se los sobrecarga de trabajos con los megaoperativos y con todo tipo de obligaciones que lo que hacen es agotar a los integrantes de la fuerza, lo que los coloca en debilidad frente a la delincuencia. A esto debemos agregar que los policías hoy cumplen servicios extraordinarios -fundamentales para redondear sus sueldos- que ahora serán reemplazados por agencias privadas, lo que indica una tendencia a la privatización de la seguridad.

d) El Código de Procedimientos Penales sigue en promesas y las reformas anunciadas, tendientes a hacerlo efectivo, son cambios de funciones sin agregar personal ni nuevas Fiscalías ni Juzgados Penales, lo que evidentemente es sólo maquillaje y efecto publicitario.

Obviamente los problemas de seguridad no se pueden resolver manteniendo el mismo enfoque y las mismas medidas año tras año mientras se observa cómo toda la sociedad clama por una cuota de racionalidad y de medidas tendientes, no a generar efectos publicitarios o políticos, a disminuir la ola de delitos.

Se debería generar seguridad sin producir el menoscabo actual de los derechos fundamentales; los mendocinos ahora no sólo vivimos enrejados en nuestras casas sino que también somos víctimas del poder represivo del Estado. Nos encontramos sujetos a que nos requisen sin explicación alguna o a quedar inmersos en un megaoperativo policial que nos haga perder tiempo y que en el fondo no soluciona nada.

Tan profundo ha calado la situación de inseguridad, que nos encontramos con muchos mendocinos que claman por estos operativos o por la pena de muerte, sin detenerse a reflexionar acerca de su verdadero efecto.

Las mismas personas que claman la pena de muerte lloran hasta el cansancio cuando algún familiar va preso por delitos menores hoy penados por sus propios reclamos y producto de la exasperante inflación penal que, como todos saben, aqueja al país y a la provincia producto de la irresponsabilidad de los políticos que engañaron a la gente diciéndole que con una ley les disminuiría el delito, como dijeron con la ley de requisas, y el delito lejos de disminuir sigue en aumento.

En síntesis

El problema de la seguridad es complejo y debe ser abordado desde una política global que abarque tres aspectos fundamentales: policía, Justicia y sistema penitenciario. Junto a estos tres ejes debe incorporarse también el gravísimo problema social que debería obligar a desarrollar en conjunto la política de seguridad y la política social de desarrollo humano.

La existencia de varias casitas Puente Afectivo y de varias instituciones tendientes a disminuir la delincuencia juvenil son parte de otro enfoque destinado a la inclusión de los ciudadanos y no de la represión.

Con la inclusión y el desarrollo social se pueden obtener logros mucho más importantes en materia de seguridad que con una política acentuada en el único enfoque de la represión.


Por Pablo Salinas

Abogado del Movimiento Ecuménico de los Derechos Humanos.