El ministro de Justicia y Seguridad, Roberto Grillo, atacó sin especificar nombres a los abogados que impulsaron las presentaciones contra la Provincia por la crisis carcelaria. Para el responsable de la seguridad mendocina, detrás de estas maniobras judiciales hay intereses económicos “bajo el paraguas de una causa humanitaria”, advirtió, consciente de la polémica que estaba generando con el comentario.
“No tengo dudas de que van honorarios de por medio. Esto no es ninguna mala palabra; los profesionales viven de eso, pero hay que decirlo con todas las letras”, aseguró en la primera jornada del Congreso Nacional Policial. Dijo que le llamó la atención que una carta de Aministía Internacional, en la que se critica el accionar del Gobierno, llegara justo cuando el tema se debatía en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La mala fama internacional que ganó Mendoza por los problemas en el penal provincial provocaron la reacción del ministro. Durante los últimos meses, la política penitenciaria de Mendoza fue cuestionada desde la Nación, que envió funcionarios de Cancillería y del Ministerio de Justicia para inspeccionar y evaluar la situación de la cárcel local.
Por pedido de los abogados Carlos Varela Alvarez, Pablo Salinas, Diego Lavado, Alfredo Guevara Escayola y Alfredo Ramón Guevara, la CIDH intimó al Estado argentino, a través de una medida cautelar, para encontrar una pronta solución a las precarias condiciones de detención registradas en Mendoza.
Por este motivo, el martes pasado hubo una audiencia en la sede de la CIDH -en Washington- para confrontar las medidas sugeridas por los abogados mendocinos con los puntos aportados por los representantes del Estado. El objetivo de los funcionarios nacionales y provinciales fue evitar una sanción de la Corte Interamericana en contra de Argentina por cuestiones de derechos humanos.
Después de no llegar a un acuerdo, se programó una visita del comisionado para la Argentina, Florentino Meléndez, para que haga una inspección de la cárcel de la calle Boulogne Sur Mer de Capital.
Este tema fue analizado desde dos perspectivas diferentes. Para el Estado se trata de un guiño a favor de los informes llevados a Estados Unidos. Así lo hizo saber la representante de Cancillería, Alicia Oliveira, en una carta enviada ayer al gobernador Julio Cobos. En tanto, para el grupo de abogados, la CIDH quiere tener una percepción directa de la realidad penitenciaria, y a partir de esa imagen elegir qué camino seguirá el proceso.
Grillo aclaró que la Provincia no puede hacer más de lo que está haciendo, y que las obras que le pondrían fin al problema del hacinamiento están trabadas judicialmente; se trata de los conflictos que el Ejecutivo mantiene con los municipios de Luján y Lavalle, que se niegan a la instalación de centros carcelarios.
En comparación con las principales penitenciarías del país, la de Mendoza aparece como la peor posicionada a partir de la cifras de homicidios y de superpoblación. Durante 2004 se registraron 14 muertes violentas y la capacidad de internos está desbordada por encima del 160%, números que la transforman en la cárcel más hacinada e insegura del país.
La culpa del mensajero
Por Rolando López - Jefe de Policiales de Los Andes
El ministro Grillo ha explicado la situación de la cárcel de una manera pobre y apelando a la retórica de echar culpas al emisario. Con el discurso de que abogados que sólo se interesan en cobrar indemnizaciones al Gobierno son los culpables de la gran cantidad de llamados de atención que ha sufrido la Provincia en los últimos meses, la situación desastrosa del penal no cambia.
Además, es difícil creer que organismos de prestigio como Amnistía Internacional o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hagan sus advertencias apoyados en las supuestas fabulaciones de un grupo de abogados por más “derecho-humanistas” que sean. Ayer, en parte de su discurso, el ministro apeló a la ironía para explicar qué es lo que sucede con la cárcel más hacinada del país. Esa misma creatividad sería útil para encontrarle alguna solución al asunto.
Un Congreso reúne a jefes policiales argentinos
Los jefes de policía de todo el país, junto a comisarios de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía Aeronáutica, llegaron ayer a Mendoza para participar del XVIII Congreso Nacional Policial.
El debate apuntó al intercambio de información acerca de procedimientos, formación profesional y capacitación técnica de las fuerzas de seguridad de cada provincia. En el caso de Mendoza, los cuestionamientos cayeron sobre el estado de la Penitenciaría.
Luis Gutiérrez, presidente del Consejo Policial Permanente del Convenio Policial Argentino, dijo que este año el órgano que él preside propone una readecuación legislativa acorde a los tiempos que vivimos.
Paralelamente, se inauguró la Expo-Seguridad 2004, con una muestra de uniformes, móviles policiales, armas y equipos informáticos.
En el encuentro, que durará hasta el viernes, se discutirán temas que preocupan a la sociedad, como los menores y la droga. También se debatirán casos específicos de cada región, como el contrabando en Misiones o los inmigrantes ilegales en el Norte.
El Congreso terminará mañana. Las conclusiones, según prometieron los funcionarios, apuntarán a enriquecer las políticas de seguridad de Mendoza y el resto del país. / Analía Boggia
Se inician en el consumo apenas pasan los trece años. Los jóvenes en general toman más de lo que tolera el cuerpo.
