Desde ayer, el estacionamiento medido en las calles de San Rafael es manejado por la comuna. El cambio de responsable de la prestación del servicio ocurrió porque la Suprema Corte de Justicia anuló la licitación y adjudicación a la firma Cabrera y Cía realizada por el gobierno justicialista de Vicente Emilio “Chicho” Russo.
Los precios de las tarjetas no variarán ($ 0,50 por una hora) y tampoco los horarios (lunes a viernes de 8 a 13 y de 15.30 a 20.30, y los sábados de 8 a 13). En cambio, se anunció que el formato será cambiado. Pese a ello, las empresas o los particulares que hayan adquirido las anteriores tarjetas no perderán esos valores, y las podrán canjear por las que se pondrán a la venta en las próximas horas en comercios del centro y en las oficinas de la dirección municipal de Rentas, sita en calle 25 de Mayo.
Respecto del radio del estacionamiento controlado, por ahora será el mismo. Así, queda bajo esta modalidad el rectángulo comprendido por las calles Gutiérrez, Bombal, Day, Francia, Bernardo de Irigoyen, San Lorenzo, Maza y Corrientes.
El anuncio oficial lo hizo el jefe comunal, Ernesto Sanz, quien se refirió al fallo emitido el pasado 8 de julio por la Sala Segunda de la Corte, que anuló la licitación realizada en 1998. A través de la causa 63.913, notificó hace 15 días la decisión a las autoridades departamentales. “Las razones de nulidad tienen que ver con el procedimiento administrativo y el no cumplimiento de pautas legales. Ahora se debe retrotraer todo al momento en que se creó el estacionamiento medido por una ordenanza”, explicó Sanz.
El jefe comunal confirmó que al menos por 90 días el servicio será prestado por empleados municipales. Transcurrido ese lapso, el gobierno departamental, una vez analizados los costos y las utilidades, resolverá si el sistema sigue dependiendo del Estado o bien se licita nuevamente al sector privado.
En principio, ha sido designado César Miras como gerente de esta nueva oficina comunal. Trabajarán por el momento unos 8 inspectores, pero la idea es sumar a otros 6 empleados.
Hay que recordar que el juicio que determinó el fallo de la Corte fue iniciado por la empresa que resultó segunda en la licitación. También trascendió que Cabrera y Compañía, la anterior adjudicataria, vendía alrededor de 40.000 tarjetas por mes, es decir unos 20.000 pesos, y que pagaba a la Municipalidad un canon fijo de $ 8.500 por mes. También se repartían las multas: un 75% para la comuna y el restante 25 % para la empresa.
Están desmontando la estructura dañada por el incendio -que causó dos muertes- del futuro templo. La comuna y la Subsecretaría de Trabajo vigilan de cerca el tema seguridad.