El del Poder Judicial es un trabajo seguro. No hay mucha rotación de personal, pagan obra social y las vacaciones llegan dos veces al año. Tal vez ésta sea una de las razones por las que casi todos los funcionarios jerárquicos de los Tribunales Federales mendocinos tienen a uno, dos o tres parientes trabajando en el mismo edificio de España y Pedro Molina (ver infografía).
Los jueces de Instrucción, fiscales, camaristas y defensores públicos suman una veintena de cargos jerárquicos del fuero local. El 80% de ellos facilitó el ingreso -directa o indirectamente- de un familiar también directo o indirecto. Es que, aunque no intervengan en el nombramiento, es sugestiva la cantidad y la velocidad con la que obtienen trabajo los hijos, yernos, nueras y sobrinos de los magistrados.
Según estimaciones de algunos empleados de carrera que ven cómo son desplazados de los ascensos por los “familieros”, cada uno de los magistrados ha nombrado, en promedio, a 1,75 pariente.
Las fuentes hacen la siguiente cuenta: si se incluye al ex juez Luis Leiva, que dejó a dos familiares en función, suman 20 los magistrados de mayor jerarquía en el fuero; dos jueces de Instrucción, cuatro jueces del Tribunal Oral, seis camaristas, cuatro fiscales y tres defensores
De los veinte, sólo cuatro no tienen parientes o por lo menos no han sido cuestionados (la fiscal de Cámara Susana Balmaceda, la fiscal de Instrucción María Alejandra Obregón y los camaristas Enrique Sosa Arditi y Roberto Nasif); es decir, que el 80% facilitó el acceso de un pariente al Poder Judicial Federal.
Como son 35 los familiares detectados, cada uno de los funcionarios nombró a 1,75 pariente; siempre si se tiene en cuenta sólo los casos advertidos. Algunas fuentes indican que la lista es mucho más larga si se incluye al personal de mayordomía, auxiliares y asistentes de bajo escalafón, ya que, en general, son puestos que se reservan para conocidos y no para familiares.
Según confiesan algunos antiguos empleados de planta, la selección y categorización depende del nivel de sueldos. Los prosecretarios, oficiales mayores o relatores ganan un bruto de 1.700 pesos, aproximadamente, mientras que un auxiliar no supera los 600 pesos. Sin embargo, hay varios casos de familiares con sueldos bajos.
También hay una especie de tendencia: algunos hijos trabajan pegados al despacho del padre y bajo su jurisdicción. No es ilegal, según lo permite una disposición de la Corte Suprema que se dictó hace unos años.
Entre las hijas que trabajan codo a codo con el padre está Natalia López Blanco, que es relatora de su padre, el camarista Alfredo López Cuitiño. Y Viviana Burad, que también es relatora de su progenitor, Roberto Burad, integrante de una de las salas del Tribunal Oral.
En otros casos, es común que se designen parientes cruzados: esto es, el familiar de un magistrado en el tribunal de otro y viceversa. “No siempre son arreglos explícitos, pero existe la creencia de que los favores se compensan”, indicó un judicial.
Por ejemplo, la esposa del defensor Daniel Pirrello, Graciela Bresca, trabaja en la Defensoría de Héctor Cortés. Y Fernando Alcaraz, cuñado de Cortés, es prosecretario en la Defensoría de Pirrello.
Los prosecretarios perciben alrededor de 1.700 pesos y la secretarias casi un 50% menos.
En los pasillos de Tribunales muchos conocen los parentescos pero frente a los cuestionamientos ensayan algunas defensas que, al menos, califican como lógicas: ningún “familiero” se sostiene en el cargo sin idoneidad y en el caso de hijas, yernos, novios o amigos, muchas veces las relaciones son posteriores al cargo conseguido.
Fuentes del tribunal civil aseguran que el hijo del juez Gerardo Walter Rodríguez, Rodolfo, conoció a Verónica Arias -secretaria de su padre- en los tribunales. Y que el hermano de Verónica, Cristian Arias, también trabajaba con anterioridad a la relación.
Con todo, no se trata de un problema de legalidad sino de ética o legitimidad. Los más afectados dicen ser los empleados de carrera o quienes no están apadrinados.
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