Recusan al juez que entiende en la causa por desaparecidos

El general Juan Pablo Saá, cuando debió presentarse a declarar ante los tribunales. Los abogados recusan ahora al juez de la causa.

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Marcelo Monfort

Los abogados defensores de los familiares de desaparecidos, pidieron que el presidente de la Cámara de Apelaciones, Luis Francisco Miret, se abstenga de participar de los Juicios por la Verdad, por ser “amigo íntimo” de uno de los principales implicados y testigo de la causa que investiga la desaparición de personas durante la dictadura militar.

La afirmación de los abogados Pablo Salinas y Alfredo Guevara se fundan en una nota que el juez Miret presentó al Poder Judicial de la Nación en 1987, en la que el camarista se excluye (excusación) de los juicios que se llevaban a cabo en contra de los militares.


El escrito

Según se afirma, en este escrito el juez confirma su amistad con el general Juan Pablo Saá, comandante de la Brigada de Infantería de Montaña VIII, entre el ‘79 y el ‘80 y máximo responsable de la denominada “lucha antisubversión”.

La contradicción, se fundamenta en que los Juicios por la Verdad (que comenzaron en febrero), intentan descubrir lo sucedido con las víctimas del proceso. Y para ello la Cámara Federal de Apelaciones comenzó a indagar a las 30 personas que estuvieron fuertemente implicadas en las violaciones de los Derechos Humanos durante los momentos nefastos de la historia Argentina.

Entre ellos declararon los generales Juan Pablo Saá, su sucesor, Mario Ramón Lépori y Juan Avelino Rodríguez, quien fue director del Liceo Militar Espejo del entre los años 1977 y 1979.


Pedido de Excusación

El 20 de febrero de 1987, el Juez Miret presentó una nota al Poder Judicial de la Nación donde se abstiene de participar del juicio por el desaparecido Daniel Romero.

En la misma se justificaba de su accionar diciendo que “mantengo amistad con el nombrado (Saá) desde que en 1973/1974 fui Procurador Fiscal Federal en San Luis “.

Luego afirma que “tuvimos estrecho trato social (...) visitándonos mutuamente, con trato familiar (...) venía a Mendoza y se alojaba en mi domicilio”.

Por eso el presidente de la cámara concluye en su nota que “paréceme obvio que no puedo tener de aquí en adelante la objetividad necesaria para intervenir en el juzgamiento de la participación que pudiera atribuírsele en la comisión de delitos a mi amigo el general Juan Saá”.

A un poco más de 14 años de ese escrito, Miret presidió la audiencia que indagó al ex militar a cargo de la subzona 33.

“No entendemos porqué el juez no se excusó en esta oportunidad, ya que a pesar que este juicio no tiene aparejada sanción penal, este proceso debe ser llevado con la imparcialidad necesaria para esclarecer la verdad”, reflexionó Salinas.


La nota

La nota llegó a las manos de los abogados el miércoles, después de que la familia de Daniel Romero (uno de los detenidos-desaparecidos durante la época del proceso) dejara en las manos de los profesionales la causa de esa desaparición. Esto le permitió a Salinas y Guevara llegar al expediente donde se encontraba la información.

A pesar de los intentos telefónicos, este matutino no pudo tomar contacto con el juez Miret. Según el personal de la Cámara el juez estaría con licencia.

De aprobarse el pedido, los abogados solicitarán que se vuelva a citar a declarar al ex general Saá y que sea el nuevo conjuez quien realice las nuevas preguntas.

“Miret, fue quien dirigió la audiencia y fue él quien realizó las preguntas de la cámara. Esto provoca una sospecha legal de que no existe objetividad en el juicio”, dijo Alfredo Guevara.

Los abogados sostuvieron que se tomarán todas las medidas necesarias y se acudirá a todos los organismos nacionales e internacionales para que el pedido de abstención se lleve a cabo por parte del camarista.

“Nuestros representados tienen derechos a un juicio justo y esto no puede ser teñido por ningún tipo de interés particular de las partes intervinientes”, aseguró el doctor Pablo Salinas.