jueves, 01 de noviembre de 2001

El 61% de los mendocinos son morosos

La cifra de deudores del Codeme es histórica. Los estatales son los más perjudicados. Cerca del 70% figura en el Veraz. El Gobierno debe 24 millones por retenciones en sueldos pero no formaliza el pago a las mutuales, gremios y bancos.

Ivana González igonzalez@losandes.com.ar

Primero les congelaron la antigüedad, después les recortaron el sueldo porque los números de la Provincia no cerraban. Ahora, miles de empleados públicos no pueden comprar en cuotas ni tramitar una tarjeta o sacar créditos porque figuran como los nuevos morosos en las extensas listas del Codeme y del Veraz. A pesar de que muchos no deben ni un centavo aparecen como “afectados”.

Sucede que el gobierno provincial, a pesar de que realiza las retenciones del 20% en los salarios correspondientes a préstamos, créditos y seguros de vida de los estatales, no concreta el pago a mutuales, gremios ni bancos que otorgaron los servicios. La deuda del Gobierno con los estatales corresponde a julio, agosto y setiembre y asciende a los 28 millones. Por eso, desde mediados de año las listas de deudores de la provincia comenzaron a crecer en picada.

En Mendoza suman alrededor de 70 mil los empleados públicos. “Más del 70% de los estatales figuran en el Veraz porque todos han sacado créditos y el Gobierno no ha cumplido con las entidades”, aseguró Vicente Frezza, de ATE.

La situación no sólo es crítica para los estatales. Uno de cada dos mendocinos tiene deudas que no puede pagar. Según datos del Clearing de Créditos del Comercio de Mendoza, el 61% de las personas que tiene edad para trabajar figura como un cliente potencialmente peligroso para los negocios y financieras (ver gráfico).

Pero el panorama es aún más gris si se tiene en cuenta que este dato se desprende de un estudio realizado en mayo de este año y “en los últimos tres meses las listas aumentaron significativamente”, confesó Ricardo Lemir, presidente de la entidad.

El incremento de gente en el Codeme empezó paulatinamente desde 1994. “La mora histórica de la provincia nunca superó el 12%. Ni en la crisis del tequila el porcentaje de morosos fue tan alto como ahora”, recuerda Lemir.

Las principales acreedoras eran las financieras porque la gente pedía préstamos para pagar otras deudas. Pero este año hubo un rubro que trepó sorprendentemente. Hoy los mendocinos tienen cuotas atrasadas de los colegios, universidades, obras sociales, consorcios, inmobiliarias, teléfonos, luz, gas, aguas (ver gráfico).

Los comercios pueden mandar a sus clientes a las listas al día siguiente del vencimiento de la deuda. Pero la crisis financiera hizo que se disminuyera en un 50% el número de pedidos de informe que se solicitan para habilitar créditos u operaciones comerciales. Antes se solicitaban al Codeme 80 mil informes por mes. Ahora sólo se hacen entre 35 y 40 mil consultas mensuales.

Cortes de servicios

Algunas entidades ya suspendieron sus servicios hasta que el Gobierno les pague lo que les debe. “Muchos estatales no pueden ni sacar medicamentos de las farmacias porque el Colegio Farmacéutico ya cortó el crédito”, dijo Susana Yelich, de Prodelco. Y reveló que en Prodelco hay asentados cientos de casos de deudores que van a pedir ayuda.

La OSEP carga, desde julio, con una deuda de 15 millones de pesos pero Marcelino Iglesias aseguró que, por ahora, no habrá corte de servicios.

El Gobierno actualmente buscar una refinanciación de las deudas con las distintas entidades. Ayer, saldaron 4 de los 28 millones declarados. “Hasta que no lleguen los bonos Lecop no podremos afrontar el pago”, dijo el subsecretario de Hacienda, Alejandro Gallego.

Varios sectores aseguran que las retenciones de fondos son ilegales. Por eso, el martes pasado el Senado aprobó un proyecto para que el fiscal de Instrucción de turno investigue el caso. Por su parte, la Cámara de Diputados pedirá al Gobierno, en la próxima sesión, que suspenda las retenciones.

“Antes del viernes vamos a denunciar formalmente ante la Justicia porque esto sienta un pésimo precedente en la provincia”, dijo Frezza.

“Esto traerá en un futuro próximo una catarata de juicios contra el Estado, si el Gobierno no regulariza esta situación”, opinó Yelich.

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