Unifican dos causas en contra de Cristina Kirchner

El juez federal Claudio Bonadio unificó las dos causas que instruye contra la ex presidenta Cristina Fernández por la firma del Memorando con Irán: la del supuesto encubrimiento a los iraníes acusados del atentado de 1994 y la de presunta “traición a la Patria”.

Así lo informaron fuentes judiciales, que precisaron que, con esta decisión, justificadas en razones de economía procesal, todo quedó concentrado en un mismo expediente.

La decisión implica el apartamiento de Gerardo Pollicita, el fiscal de la causa por el encubrimiento, que el jueves pasado había pedido la citación a indagatoria de la ex presidenta Fernández y del ex canciller Héctor Timerman y otra docena de imputados, a raíz de la denuncia que había motorizado el fiscal Alberto Nisman, cuatro días antes de ser hallado muerto en el baño de su departamento.

“Claro que es procedente la unificación de causas porque se trata de un mismo hecho -dijo el abogado Alejandro Rúa, defensor de Cristina Fernández y Timerman-. El problema es que es tardía: nosotros lo pedimos desde el primer día y la unificación desde hace un año nos fue negada. Así consiguieron apartar al juez y a la sala que intervenían y ahora, una vez que Bonadio se hizo cargo, la unifican”.

En enero de 2015, cuatro días antes de morir, Nisman denunció a la ex presidenta, Timerman, Andrés Larroque, Jorge Alejandro “Yussuf” Khalil, Héctor Luis Yrimia, Luis Angel D'Elía, Fernando Esteche y Ramón Allan Héctor Bogado, a quienes acuso de un armar un plan para encubrir la responsabilidad de Irán en el atentado, a través del Memorándum con ese país que les garantizaría impunidad a los sospechosos de haber volado la mutual judía y matar a 85 personas en 1994.

Esa denuncia fue desestimada dos veces por el juez Daniel Rafecas y los camaristas Eduardo Freiler y Jorge Ballestero; pero recién en diciembre último la Cámara Federal de Casación Penal ordenó la reapertura del caso.

Sin embargo, durante 2016 se abrió una denuncia en el juzgado de Bonadio por “traición a la Patria” contra la ex presidenta, Timerman y los legisladores que aprobaron el Memorándum, y a través de la cual se comenzaron a recolectar muchas de las pruebas que habían quedado frenadas ante la falta de avances en la denuncia de Nisman.

Cuando la causa fue reabierta en el juzgado de Ariel Lijo y el fiscal Pollicita solicitó una batería de medidas, el propio Bonadio reclamó quedarse la competencia del caso atento a que estaban investigando un mismo hecho y su expediente estaba mucho más avanzado, a lo que hizo lugar la Sala II de la Cámara Federal.

En agosto, además, la Corte Suprema avaló la investigación por supuesta “traición a la Patria” al rechazar el planteo de la defensa que entendía que no podía abrirse otra investigación ya habiendo una denuncia por “encubrimiento” a Irán.

Así, con los dos expedientes concentrados en su juzgado, ahora Bonadio unificó las causas, y se espera que en breve haga lugar al pedido de indagatoria de la ex presidenta.

Junto a Fernández, están imputados, entre otros, el ex canciller Héctor Timerman, su ex vice Eduardo Zuain, su ex directora legal Susana Ruiz Cerutti (diplomática de carrera y ex canciller de Raúl Alfonsín) y los ex consejeros Luciano Tanto Clement y Holger Martinsen.

Timerman suscribió el Memorando celebrado entre Argentina y la República Islámica de Irán.

Le prohíben salir del país a De Vido

El juez Luis Rodríguez evitó ordenar la detención de los imputados en la causa por anomalías en la reactivación de la mina de Río Turbio, entre los cuales se destaca el ex ministro Julio De Vido, pero les prohibió la salida del país y les impuso la obligación de presentarse todos los meses en tribunales mientras dure el proceso.

El juez Martín Irurzun, presidente de la Cámara Federal porteña, había planteado que ya no solo alcanzaba con analizar el peligro de fuga y los riesgos de entorpecer la investigación a la hora de analizar las libertades de los imputados en casos de corrupción, teniendo en cuenta los vínculos que aún pueden tener.

Frente a ello, Rodríguez ordenó “la prohibición para salir del país de los enunciados” e imponerles la obligación de comparecer dentro de los primeros 5 días hábiles de cada mes.