• Martes, 22 de septiembre de 2015
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Un país normal

En sus inicios presidenciales Néstor Kirchner propuso como utopía construir un país normal, pero en los hechos gestó una nación aún más anormal. Por lo que hoy es más necesario que ayer ese país normal.

Por Fernando Iglesias Periodista. Especial para  Los Andes

 

Pocas cosas más patéticas que el súbito entusiasmo del kirchnerismo por la decencia. Después de más de una década de esconderse ante cada catástrofe estilo Once o Cromañón, de bajar la mirada ante cada escándalo de corrupción, de tragarse el sapo de Boudou, de bancar la decapitación de fiscales, jueces y procuradores de la República, las confesiones de amor por las cajas fuertes de Néstor Kirchner y hasta el asesinato de testigos y fiscales, los chiquilines camporistas salieron a exigir renuncias y a solicitar procedimientos de investigación legislativos.

Procedimientos de investigación legislativos de la oposición, desde luego. Por supuesto, nada les importa menos que la transparencia de los procedimientos administrativos, esa formalidad pequeño-burguesa. Se trata de igualar para abajo, de intentar demostrar que los otros también esconden lo suyo, de pasar de las grandilocuentes "manos limpias" y la "nueva política" de 2003 al modesto "todos roban" de 2015.

Lástima grande para los muchachos peronistas que no todos roben. No robó ninguno de los últimos presidentes de la República ajenos al partido del primer trabajador. Frondizi no robó, no robó Illia, ni robó Alfonsín. No robó De la Rúa, tampoco. Los dos episodios de corrupción de la Alianza que la memoria popular registra nos hacen sonreír hoy con indulgencia: la contratación irregular de un jardinero y la Banelco, una coima pagada para hacer aprobar una ley. Repito: una coima pagada y no recibida, ya que los que se llevaron la plata fueron los senadores del Partido Justicialista. 

Se podrá argumentar con justicia que corrupción es corrupción, ya sea que se pague o que se cobre, pero hasta ese argumento queda mal en la boca de quienes se exhiben hoy en campaña con Lula, quien adoptó el procedimiento de sobornar legisladores opositores no ya como situación excepcional, sino como regla fija: el mensalao.

Ni siquiera los criminales del Proceso, responsables de la más horrenda página de la Historia nacional, cayeron tan bajo como el peronismo en términos de enriquecimiento ilícito de sus funcionarios. Y ni siquiera el compañero Menem puede compararse con las hazañas cometidas por el régimen nac&pop. 

El Gobierno de Menem fue un gobierno corrupto; el más corrupto hasta entonces de la Historia argentina. El de los Kirchner no es corrupto: es una oligarquía mafiosa que se ha infiltrado en vastos sectores económicos, instalándose en los ramos más ligados al lavado de activos como el hotelero y el del juego; que ha tenido comprobadas relaciones con el narcotráfico, como en el caso del financiamiento de la campaña de Cristina Kirchner por traficantes de efedrina; que ha sancionado una vasta legislación que hizo aún más permeable al dinero sucio el sistema financiero argentino y la ha prorrogado siete veces; y que hizo borroso todo límite entre propiedad estatal y propiedad de los funcionarios, y entre las bóvedas del Banco Central y las de los testaferros. 

Basta recordar que la moneda argentina fue impresa por años por una empresa con domicilio en el exterior cuyos propietarios nos son aún ignotos. Basta entender que la enumeración de los episodios de corrupción del kirchnerismo ampliamente probados no puede hacerse aquí porque excedería las dimensiones de esta página. Basta escuchar lo que los candidatos a gobernador de la Provincia de Buenos Aires del peronismo se dicen unos a otros: narco, ladrón, drogón, robaboletas. 

Nada importa. Mientras siguen desapareciendo armas y misiles, mientras la justicia tucumana da por nulo el acto electoral más fraudulento desde la Década Infame y mientras se organizan simulacros de golpe de Estado en las escuelas, los responsables del régimen más corrupto de la Historia y del más autoritario de la democracia (acaso con la excepción del primer Perón) compiten por escandalizarse por el caso Niembro; un episodio irregular pero en el cual ni la investigación ha comenzado verdaderamente ni parece haber nada de ilegal, por ahora. 

Cierto es que las contrataciones directas, las tercerizaciones acrobáticas y la mescolanza entre negocios y candidaturas ayuda poco a un sector político que se propone a la Presidencia de la República en nombre de la transparencia. Innegable es que las explicaciones de Niembro no han convencido a nadie y que su renuncia a la candidatura estaba en el aire. Tanto, como que igualar los aislados episodios de este tipo en ocho años de gobierno de la Ciudad por el Pro con el copamiento del gobierno y del Estado nacional y el saqueo del país por los Kirchner es un completo disparate. 

El tema Niembro deja, además, espacio para otras reflexiones. La primera debería estar a cargo de una oposición que todavía se postra ante la idea de la pata peronista como si la experiencia hecha con Chacho Álvarez en la Alianza no hubiera servido de nada. La segunda debería incluir a toda la ciudadanía argentina, y podría girar alrededor de una de las promesas olvidadas del kirchnerismo: la del "país normal", desmoronada con el mismo estruendo que las de la redistribución de la riqueza y la nueva política. 

Y bien, ¿qué es un país normal? ¿A qué llamamos país normal los argentinos cuando invocamos esa quimera? Para entenderlo, nada mejor que verificar las enormes diferencias entre lo sucedido con Niembro y lo acontecido con las mayores autoridades del país: Amado Boudou y Cristina Kirchner. Primera diferencia: Niembro se presentó a la Justicia, se puso a disposición y renunció a su candidatura, lo que implica que enfrentará las acusaciones sin cargos ni fueros; en tanto Boudou y Cristina han apelado a todas las posibilidades y trucos habidos y por haber para evitar a los jueces. 

Segunda diferencia: el bloque del Pro votó unánimemente a favor del pedido de informes planteado por el Frente para la Victoria en la Legislatura, lo que implica que el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, y la vicejefa, María Eugenia Vidal, deberán explicar ante los representantes del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires las contrataciones de la empresa de Niembro. Nada ni siquiera parecido sucedió en el Congreso con las muchas causas abiertas contra Boudou y Cristina. Aun más, los senadores del peronismo kirchnerista mantienen amparado en el Senado de la Nación al doctor Menem, condenado a siete años de prisión efectiva que siguen sin cumplirse porque el bloque K se niega a quitarle los fueros.

Tercera diferencia: Niembro será juzgado en un proceso regular, en el que se establecerá si además de anormalidades administrativas hubo delito, y se lo sancionará, si lo hubiere. Nadie mínimamente racional puede tener siquiera la esperanza de que algo similar ocurra con Boudou o con Cristina si en noviembre triunfa Scioli, principal operador judicial del kirchnerismo.

Quienes tengan dudas pueden consultar al juez Bonadío, apartado de la causa Hotesur que apuntaba a Máximo y a Cristina apenas tomó forma, y amenazado hoy de destitución por el Consejo de la Magistratura; o al fiscal Rívolo, el juez Rafecas y el procurador Righi, sacados del medio en el proceso que afectaba el buen nombre y honor del vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, cualquier cosa que eso pueda significar a estas alturas. Para no hablar de Carlos Gonella, a cargo de la Procelac, Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, que en cinco-minutos-cinco denunció por lavado a Niembro después de años de cajonear la causa de Lázaro Báez. 

He allí la clara diferencia entre un país normal y la Argentina K, que tantos años de deseducación política hacen hoy obscura para muchos argentinos. Candidatos que se presentan a la Justicia versus funcionarios que se esconden detrás de sus fueros. Bloques oficialistas que apoyan los pedidos de informe de la oposición versus bloques que toman la defensa de lo indefendible como causa nacional y consideran la impunidad como un derecho. Justicia independiente o simulacro de justicia. 

Poco después de las dos guerras mundiales y de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, el segundo secretario general de la ONU, Dag Hammarskjöld, afirmó que las Naciones Unidas no habían sido creadas para traer el paraíso a la Tierra sino para evitar el infierno. Algo así pueden esperar, según creo, quienes voten por la oposición: no una Argentina paradisíaca donde la corrupción desaparezca de un día para otro sino un país normal, donde la corrupción sea la excepción perseguida por la Justicia y no la regla impuesta desde el Poder Ejecutivo. 

Si ello sucediese, si después de malgobernar veinticuatro de los últimos veintiséis años el peronismo fuese apartado del gobierno nacional, tendría a su vez la chance de regenerarse y de transformarse en un partido normal. Uno que cuando llega al gobierno no saquea. Uno que cuando está en la oposición no organiza saqueos.