Sábado, 22 de julio de 2017
  • Martes, 30 de diciembre de 2014
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Un affaire muy difícil de disolver

En tiempo electoral, vuelve a saltar a la luz la estrecha relación entre barras y poder. El vínculo por un mercado que mueve intereses en común.

Fuente: La Nación

“¡Todos al piso!”, se escuchó, en voz trémula y agitada. La lluvia de piedras y huevos caía sobre el acoplado de un camión desde el cual Sergio Massa encabezaba una caravana proselitista por el corazón de La Matanza. Aquel episodio, en plena cuenta regresiva para las elecciones de 2013, nubló de terror la recta final de la campaña.

Detrás del ataque, en el que hasta hubo desafíos con armas de fuego, se levantó una intrincada trama de barras y políticos que suelen hacer acuerdos en el distrito más poblado de Buenos Aires. Los tratos se refuerzan cada vez que hay una elección. Y 2015 no será la excepción.

En noviembre pasado estalló por enésima vez la interna de la barra brava de Almirante Brown, uno de los clubes de mayor convocatoria de la zona. Esa vez hubo un muerto y cinco heridos en un enfrentamiento a tiros. La pelea no fue únicamente por la colonización de la tribuna. La disputa a muerte es por los negocios que generaría ocupar ese lugar simbólico.

Cuando fue el ataque a Massa, sus voceros responsabilizaron a barrabravas de Almirante Brown . Hasta precisaron nombres propios: Jesús ‘Pucho’ Carrizo. Hoy, en cambio, bajan el perfil y les apuntan “a segundas y terceras líneas del oficialismo”. Lo dice Miguel Saredi, uno de los precandidatos del massismo a gobernar la comuna el año que viene, y quien reconoce que los políticos en La Matanza recurren a las barras y no excluye a su actual partido, el Frente Renovador.

“La hinchada de Almirante tiene un vínculo más cercano con el oficialismo. Pero nosotros los conocemos. Uno puede canalizar esa relación para bien o para mal, como con los planes sociales. Nosotros les ofrecimos trabajos en el Mercado Central”, dice a LA NACION el massista, que alguna vez integró el círculo íntimo del ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno.

La barra de Almirante, fracturada en tres sectores, trabajaría mayoritariamente para el intendente de La Matanza y aspirante a gobernador de Baires, Fernando Espinoza , según aseguran fuentes del club y del propio oficialismo. Los barras se encargarían de pintadas y pegatinas, y musicalizan con bombos y trompetas los actos. Espinoza y el sindicalista metalúrgico Carlos Gdansky, ambos referentes del

PJ en el territorio, se involucran cada tanto en la vida del club a través de dirigentes de su confianza.
Sin embargo, esos lazos no son garantía de nada: la barra esta vez jugaría a dos puntas; prevé también negociar con el Frente Renovador a través del hermano de uno de los máximos operadores que tiene el massismo en la zona, quien, además, fue dirigente del club y ahora aspira a influir en la vida interna de River. Sería como dar el salto a las grandes ligas.

Lo que sucede en La Matanza es apenas un botón de muestra de las relaciones entre barras y políticos. Pasa en todos los municipios de Buenos Aires: Merlo, Ituzaingó, Tigre, San

Fernando, Vicente López, Morón, La Plata, Avellaneda... En todos. Hasta ocurre en Ezeiza, el distrito donde manda el ministro de Seguridad, Alejandro Granados .

“Gracias Alejandro”, rezaba hace algunas semanas la bandera que colgaba detrás del arco del estadio 20 de Octubre, en Ezeiza. El municipio se había paralizado por el partido de fútbol entre Tristán Suárez y Villa Dálmine, por un ascenso a la B Nacional.

“El agradecimiento será siempre infinito para el hombre. Por haber llegado a la final, por transformar esto que era campo en asfalto. En Ezeiza, el hombre es el Maradona de la política”, exagera Karma, como se apoda el jefe de la barra de Tristán Suárez. ‘El hombre’ es Granados, ex presidente del Lechero, que ahora es administrado por su hijo Gastón.

Karma fue uno de los impulsores de la agrupación Hinchadas Unidas Argentinas (HUA) cuando nació, de la mano del kirchnerismo. Entró y salió dos veces al Mundial de Brasil, a pesar de que su nombre figuraba en la lista de 2100 hinchas con acceso prohibido que entregó el Ministerio de Seguridad a la policía brasileña.

El jefe Granados

Antes del Mundial, los referentes de HUA denunciaron que la AFA  había favorecido a las barras de los clubes grandes en el reparto de las entradas para el Mundial. Ese día, Karma estaba como uno de los voceros hasta que lo llamaron por teléfono. “Boludo, salí de enfrente de las cámaras que te va a ver el jefe”.

Pero Karma nunca tuvo inconvenientes en blanquear su vínculo. En Porto Alegre, en la víspera del partido Argentina-Nigeria, dio detalles de sus presuntos financistas: “El club nos dio entradas por portarnos bien y no hacer ningún quilombo en el año. A esto lo arreglamos con el pibe (por Gastón, el presidente del club), Alejandro no tiene nada que ver”.

Desde el entorno del funcionario no desmienten los nexos. “Desde que asumió como ministro no va a la cancha. Pero la relación trasciende a la barra: muchos trabajan en el municipio. Los ayuda como a cualquier otro vecino de Ezeiza”, comentó un vocero de Granados, intendente con uso de licencia desde que, en 2013, Daniel Scioli lo convocó para hacerse cargo del Ministerio de Seguridad.

La alianza con los líderes de las barras no es un asunto que salpique únicamente al Frente para la Victoria. Pero fue el kirchnerismo el que gestó, en 2009, un acuerdo pionero que ubicó bajo un mismo techo a barras y políticos. Apadrinado por Rudy Ulloa Igor, íntimo amigo y ex chofer de Néstor Kirchner, el dirigente de ‘Compromiso K’ Marcelo Mallo creó Hinchadas Unidas Argentinas, que llevó a 235 barras al Mundial de Sudáfrica.

Ese proyecto contemplaba blanquear a los barras y emplearlos como “acomodadores en los estadios”. Además, escondía una intencionalidad política: “Los muchachos pueden ser conductores sociales, transmisores de ideas para la comunidad y hasta fiscales en las elecciones” planteaba Mallo. Alejado de la iniciativa de HUA, el dirigente dedica su tiempo a una ONG que trabaja en cárceles y mantiene activa su participación en el PJ bonaerense.

Los acuerdos entre funcionarios y barras se deciden en reserva o por vía de intermediarios. Dirigentes deportivos, políticos y sindicales son parte de una red de financiamiento que abastece a las barras argentinas.

Las relaciones pueden quedar escenificadas en la tribuna con la exhibición de banderas con alguna leyenda política. La barra de River es la que más blanqueó sus relaciones: mostró el telón que decía “Clarín miente” y otro que decía “Fuerza Cristina”. La primera bandera había colgado en los ventanales del Indec antes de ser desplegada en el estadio Monumental.

El bombo y los negocios

A los barras también se los ve en actos políticos. Algunos ofician en la semana como guardaespaldas o fuerza de choque, como sucede con la barra de Independiente y su adhesión al sindicato de camioneros que lidera Hugo Moyano. “De barras laburan los domingos. Hay dos clases: el que toca el bombo y el que hace negocios con el bombo”, distingue un dirigente deportivo con influencias en AFA y que suele tener trato directo con barrabravas.

Las alianzas hasta pueden comprobarse con un minucioso vistazo de las planillas de empleados de alguna dependencia estatal. Es así desde hace años: el barra de Boca, Santiago Lancry, conserva su cargo (legajo 09306) en la Legislatura porteña, donde fue nombrado en 1989 por el entonces intendente menemista Carlos Grosso. Lancry era la mano derecha del histórico José Barrita, ‘El Abuelo’, uno de los pioneros en esto de sellar acuerdos entre barras y políticos. Hoy, bastante más viejo y tras sortear varias causas judiciales, Lancry mantiene sus influencias en La 12, a través de un familiar al que le delegó su poder en la tribuna.

El lucrativo mercado negro de las barras creció con los episodios de violencia vinculados al fútbol. Las estadísticas son irrefutables: en 2014 hubo 15 muertos y desde que el kirchnerismo está en el poder fallecieron 85 personas, según la ONG ‘Salvemos al Fútbol’, integrada por familiares de víctimas y cuyo titular es el ex juez, Mariano Bergés.

“Los años electorales marcan un aumento de la violencia en los estadios por dos cuestiones. La primera, porque quien maneja la tribuna es el que se queda con el negocio vinculado a las pintadas políticas, meter gente en los actos y hacer seguridad para candidatos. Y segundo, porque un hecho violento en una cancha golpea a quien gobierna el distrito donde se produce, y ese recurso es usado habitualmente por los políticos argentinos, bajo el lema de ‘si no puede brindar seguridad en una cancha, menos lo podrá hacer en una ciudad’”, dijo Gustavo Grabia, colega de Olé, especialista en la temática.

Algo de esto ocurrió dos semanas antes de los comicios de 2013, tras el ataque al massismo en La Matanza. El otro hecho que nubló de terror esa campaña fue en Munro, con la muerte de Fernando Morales López, jefe de la barra de Colegiales. La interna estalló con una balazera por la disputa de las paredes para pintadas políticas. El trágico hecho desencadenó un cruce de acusaciones entre kirchneristas y macristas. Ironía: los agresores de Morales López habían estado pegando afiches con propaganda sobre un centro de monitoreo de seguridad en Vicente López.

“No asocio la disputa interna de las barras a la política. Hay otras aristas: los negocios de las entradas, la ascendencia simbólica sobre el resto de los hinchas y la legitimidad que consiguen en los barrios. La solución inicial sería sacarlos de su lugar simbólico: la tribuna. Con los barras fuera de la cancha, el margen se achica. No hay rédito político con esta gente. Todo lo contrario: se paga un costo”, dice Darío Ruiz, subsecretario de Seguridad de la Nación y el hombre en quien Sergio Berni confió para combatir la violencia en el fútbol.

El reclamo permanente de los familiares de las víctimas de la violencia en el fútbol echa luz muchas veces sobre las complicidades que vinculan a barras con políticos, sindicalistas y dirigentes deportivos.

Liliana Suárez, miembro de la ONG Salvemos al Fútbol, a la que se incorporó después de la muerte de su hijo Daniel García, cuya causa está a punto de prescribir. Suárez responsabiliza de la muerte a barras de Tigre y Deportivo Morón que habrían sido empleados de la municipalidad en tiempos de Juan Carlos Rousselot.

“No hay voluntad política para resolver el problema, mucho menos si los políticos utilizan a los barras como mano de obra a cambio de un plan social. Mi hijo se convirtió en un papel, en un expediente. Le pediría a la Presidenta que nos escuche como madre, que entienda nuestro dolor y sufrimiento”, exige Liliana.

Es difícil pensar que algo pueda cambiar si hasta Cristina Kirchner confesó su adoración por “esos tipos parados en los paraavalanchas, que son una maravilla”. Lo dijo en 2012, durante un acto en la Casa Rosada. Así como cayó Cristina, en la Argentina, teorizadas como parte de la cultura del aguante, las hinchadas se glorifican y se toleran peligrosamente sus vínculos y negocios. Es algo que está social y culturalmente incorporado, y que se refleja cada domingo en cualquier estadio del país. 

En recuadro

De la mano con la política

La barra de Almirante Brown trabajaría mayoritariamente para el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, según aseguran fuentes del club y del propio oficialismo.

Desde 2009, intocables

La alianza con los líderes de las hinchadas no es un asunto que salpique únicamente al Frente para la Victoria o al massismo, pero fue el kirchnerismo el que gestó, en 2009, un acuerdo pionero que ubicó bajo un mismo techo a barras y políticos.

Barras y muertes

El mercado negro de las barras creció en paralelo con los episodios de violencia vinculados al fútbol: en 2014 hubo 15 muertos y desde que el kirchnerismo está en el poder fallecieron 85 personas, según relevó la ONG Salvemos al Fútbol.