Túpac: Chaves sigue, pero sin juez de Garantías

La fiscal de la causa Tupac Amaru, Gabriela Chaves, seguirá al frente de la investigación luego de que su padre, Héctor, renunció a la co defensoría de Federico Torrengo, uno de los hijos imputados de la líder local de esa agrupación kirchnerista, Nélida Rojas.

Pero el complicado caso sumó un nuevo capítulo, en lo que parece más una carrera de obstáculos que de resoluciones. Es que a esta altura, no existe un Juzgado de Garantías al que puedan acudir las partes para resolver cuestiones del proceso.

Es decir, entre otros puntos, la fiscal no puede saber cuándo se hará la audiencia de prisión preventiva que viene solicitando -y para la cual se viene preparando reuniendo pruebas-.

En similar tenor, la defensa tampoco puede saber qué suerte corren los hábeas corpus que ha presentado para favorecer a Nélida Rojas y a su hermano, Ángel, también detenido en la causa (junto a Ramón, Leonela y Carla Martínez, esposo e hijas de Nélida).

Incluso había un pedido de “control jurisdiccional”, solicitado por Guevara (la defensa pide que la acusada declare, para agilizar la posibilidad de liberarla), algo que si bien fue postergado (cuando Guevara denunció “maltratos” contra Rojas y sus hijas), no ha sido dado de baja. Es un tema que también debe resolver un juez de Garantías.

El problema comenzó cuando Chaves recusó al 6° Juzgado de Garantías, a cargo de David Mangiafico, hace dos semanas. La magistrada lo hizo al sospechar que en las oficinas de ese tribunal se había "filtrado información" que alertó a Rojas y a los demás imputados en las causas que investiga por presunta asociación ilícita, coacción agravada y extorsión.

Cabe recordar que Rojas se presentó espontáneamente a la Justicia el viernes 7 de abril, antes de que se concretaran 24 allanamientos que la fiscal había pedido realizar el lunes 10 pero que, por esa razón, se postergaron.

Mangiafico (vinculado a la organización judicial kirchnerista “Justicia Legítima”), no estaba en ese momento -su cargo era subrogado por la conjuez Érica Sánchez, del 2° de Garantías-. Pero aceptó la recusación y se apartó.

En consecuencia, el juzgado “natural” al que debe llegar la causa es el Primero (en total son seis), comandado por Cristina Pietrasanta.

Dicen que Chaves envió tres veces el expediente a Pietrasanta y no logró respuesta. En principio, la jueza se declaró “incompetente” y ni siquiera opinó sobre la recusación que hizo Chaves del 6° Juzgado.

Además, trascendió que alegó incompetencia porque “no estaba de turno” cuando sucedieron los hechos.

Ayer se supo que Pietrasanta volvió a desoír el pedido de la fiscal, aunque esta vez generó una “pieza de incidencia” -por la recusación- ante un tribunal superior, la Cuarta Cámara del Crimen (de turno en estos días).

Lo que resta entonces es que esa Cámara resuelva sobre la pieza enviada por Pietrasanta y así, Chaves pueda seguir investigando. Aunque los otros trámites (audiencia de prisión preventiva, etc.) seguirán esperando.

El problema también afecta a la defensa. Es que Guevara, al no haber juez de Garantías, acudió a la Cuarta Cámara a pedir el hábeas corpus por Rojas. El tribunal se consideró incompetente y envió el expediente al 4° Juzgado de Garantías. Allí, la respuesta fue la misma. Guevara informó que hoy apelará esa respuesta.

La renuncia de Chaves (p)

Ayer, el padre de Gabriela, Héctor Chaves, renunció a ser co-defensor de Torrengo. Fue el propio imputado el que informó a la Justicia que Chaves padre dejaba de participar en la causa. Minutos después, su defensor (que también lo es de Rojas), Alfredo Guevara, retiró el pedido de recusación presentado dos días antes contra la fiscal.

El hombre, un octogenario abogado, ex militante peronista del Partido Auténtico (fue preso político en la última dictadura militar) que hace más de dos décadas que no se habla con su hija, aceptó “como un favor” participar en lo que todos consideraron una hábil “maniobra” para recusar y apartar a Gabriela de la causa.

Pero Héctor reconoció el “conflicto familiar” que le significó y optó por desistir.

“No tengo interés de que ella pague las consecuencias de que yo tenga un compromiso con la militancia social”, dijo a Los Andes Chaves. “No quiero que se piense que acepté la co defensoría para dañar a mi hija”, añadió.