Tres preguntas para pensar la seguridad

La seguridad ciudadana es, desde 2010, la principal preocupación de los latinoamericanos, por encima de inquietudes económicas o políticas.

La Argentina no es una excepción: durante la última década, la inseguridad encabezó encuestas y reclamos populares como el principal problema del país.

Sin embargo, a pesar de esfuerzos políticos e institucionales para responder a estas demandas, como la creación de un ministerio nacional a fines de 2010, los acuerdos políticos aún son endebles y no se vislumbra una estrategia de mediano plazo.

En este marco, existen tres preguntas que pueden contribuir a repensar una política de seguridad en la Argentina y sus provincias: ¿Qué sucede? ¿Cómo lo percibe la sociedad? y ¿Qué recursos necesitamos?

Estos interrogantes no agotan la discusión sobre la seguridad en nuestro país, pero permiten identificar puntos de convergencia y divergencia entre las propuestas políticas de cara a 2015.

¿Qué sucede? Toda política pública requiere de un diagnóstico. El país sufre de una falta de información criminal sistematizada, actualizada, pública y confiable que permita tomar decisiones sobre la base de evidencia.

Hasta hoy, las urgencias políticas y la volatilidad de los cargos vinculados con la seguridad pública han obstaculizado la posibilidad de jerarquizar la recopilación y sistematización de datos y esto es muy grave.

La fragmentación de competencias y las rencillas políticas también retrasaron la consolidación de un sistema único de información criminal y de un diagnóstico compartido.

Así, las distintas agencias públicas encargadas de la seguridad a nivel nacional y provincial dependen de las simpatías políticas de sus autoridades o de la buena voluntad de sus cuadros técnicos para coordinar sus acciones.

La escasa articulación y coordinación de dichos organismos deviene en un solapamiento de políticas, esfuerzos duplicados, presupuestos desconectados de las metas, iniciativas compartimentadas y, lo más grave, escasos resultados. Por ejemplo, el plenario del Consejo de Seguridad Interior, encargado de reunir a las autoridades nacionales y provinciales con competencia en seguridad interior, sólo se reunió dos veces en los últimos cuatro años.

Sin diagnóstico, información confiable y articulación, la implementación de las políticas se torna espasmódica y su evaluación, anecdótica o meramente descriptiva.

¿Cómo lo percibe la sociedad? El pulso social es un insumo crítico para el diseño de una política de seguridad. En nuestro país, la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes es sensiblemente menor que en el resto de América Latina.

Sin embargo, de acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), entre 2005 y 2011 Argentina fue el país con mayor tasa de robos, en su mayoría violentos o involucrando armas de fuego.

En este contexto, varios segmentos sociales expresan niveles de temor y desconfianza muy superiores a la media latinoamericana. El incremento en las medidas de autoprotección e incluso los recientes linchamientos podrían enmarcarse en este fenómeno.

Por ejemplo, de acuerdo al Ministerio de Trabajo nacional, entre 2003 y 2012 el número de empresas de seguridad privada se incrementó 32%, la facturación del sector aumentó 657%, y el número de agentes privados creció un 11%.

El hecho de que el temor al delito sea tan alto demanda soluciones más abarcativas e innovadoras para proteger a los grupos más vulnerables.

Si la percepción pública es importante, entonces una encuesta de victimización sistemática, nacional y comprensiva es la herramienta adecuada para evaluar el temor de los ciudadanos, conocer el universo de delitos no denunciados y asignar mejor los recursos operativos.

¿Qué recursos necesitamos? La seguridad ciudadana excede lo estrictamente policial, pero las fuerzas de seguridad ejecutan los programas y son responsables de la mayor parte de la implementación de las políticas. Por ello, la educación de los agentes policiales es fundamental.

Algunas iniciativas recientes a nivel nacional, incluyendo el fortalecimiento de los sistemas de formación de las fuerzas federales, son alentadoras.

Estos sistemas requieren actualización y modernización para lidiar con los desafíos contemporáneos de la seguridad.

Independientemente de las urgencias políticas, es responsabilidad de las autoridades civiles y policiales lograr que aquellos aspirantes que ingresan a la academia de policía con plena vocación de servir sean bien remunerados, gocen de legitimidad social y no cedan ante focos de corrupción.

En su educación, además, es importante que incorporen herramientas para el análisis y valoren el rol de la información en la toma de decisiones.

La protección de los agentes policiales, incluyendo su salud y condiciones laborales, ha cobrado relevancia en los últimos años.

Sin embargo, aún resta mucho por delante. Un ejemplo de esa deuda lo constituyen los 42 homicidios de policías que ocurrieron entre 2010 y 2012 en la Capital Federal y el conurbano bonaerense, en la mayoría de los casos mientras se encontraban fuera de servicio.

Sin duda la tecnología es uno de los recursos más importantes para brindar un servicio de seguridad inteligente.

Nuevas herramientas geográficas, de identificación, de imágenes y de comunicación se encuentran disponibles y a disposición de los gobiernos.

Ahora bien, sin la voluntad política para adaptar y capacitar a las organizaciones encargadas de utilizarlas, su potencial se ve severamente limitado.

En torno a la seguridad ciudadana, existe una marcada diferencia entre provincias y regiones de nuestro país. No se trata exclusivamente de diferencias en la escala o la gravedad del problema, sino en la estructura y el perfil de la economía del delito y de los arreglos institucionales para responder, incluyendo las policías, los poderes judiciales y los organismos subnacionales de investigación e inteligencia criminal.

Cualquier solución homogénea o esfuerzo por aplicar una política común difícilmente capture los complejos fenómenos sociales, económicos, políticos y culturales que subyacen al problema de la inseguridad en cada provincia.

Sin embargo, el Estado nacional tiene la tarea indelegable de coordinar y articular los esfuerzos para alcanzar un escenario homogéneo de mayor seguridad y confianza pública.