Seguridad: Cornejo quiere nuevas leyes

El gobernador Alfredo Cornejo armó la agenda legislativa y apuntó a la seguridad. Ayer se presentaron los tres debates que ocuparán las próximas sesiones. El plato fuerte será la reforma de la ley 6.722, la norma que reglamenta la función del personal policial y en la que se pretende dar más “rigidez” a los requisitos para el ingreso a la fuerza, con la intención de apuntar a la profesionalización.

A su vez, pedirán que se declare la emergencia a nivel provincial y se adhiera al decreto de necesidad y urgencia nacional que ya estableció la emergencia en seguridad. Todos estos proyectos ingresarán esta semana en la Legislatura, momento en el que se pondrán en marcha los mecanismos para su sanción. También se espera que en estos días entre el texto para la creación del Ente Autárquico de Turismo.

Si bien todavía no hay un texto que especifique cuáles serán los cambios, ya hay algunos lineamientos generales que surgieron de una reunión de Gabinete del lunes, en la que se trazó el plan que fue explicado ayer por el presidente del bloque de Diputados de la UCR, Néstor Parés.

Cabe recordar que el viernes estuvo la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien pidió que se impulsara la adhesión a la emergencia nacional, tal como publicó Los Andes en exclusiva.

En los acuerdos para tratar la “agenda de Cornejo”, el Frente para la Victoria (FpV) por ahora no mostró mayores reparos y en la primera impresión calculó que habrá acuerdos. La senadora Patricia Fadel adelantó que la decisión la tomarán en conjunto los bloques de ambas Cámaras y que serán consensuadas con los intendentes.

Si bien el acuerdo es la situación ideal que esperan en la UCR, hay una carta que tienen reservada y que están dispuestos a volver a usar, en el caso que la oposición no acompañe: por sí mismo, el Frente Cambia Mendoza tiene mayoría simple y esta cantidad alcanza para sacar todos los proyectos de Cornejo.

Cambios en la ley de Policía

La redacción y sanción de la ley 6.722 fue en 1998, como resultado de un acuerdo político luego de la revuelta policial de aquel año. En esta oportunidad se buscará modificar, al menos, tres aspectos de la norma. “Es una ley que en muchos aspectos ya está obsoleta. Hoy hay tecnología que en aquel momento no existía y la idea es ir adecuando”, señaló Parés.

Sin más detalle, el primer punto adelantado ayer es que “se buscará recuperar el mando vertical y reorganizar la Policía”.

Un segundo tema tiene que ver con los requisitos para ingresar a la Policía y la profesionalización del cuerpo. La idea es anular las excepciones votadas en un pasado que permitían el ingreso a la fuerza con más de 30 años o con el secundario incompleto. “En los últimos 8 años venimos votando algún tipo de excepción. Hoy lo que se pretende es dar mayor rigidez a eso”, explicó Parés.

Las excepciones en cuestión fueron pensadas en su momento para incentivar el ingreso a la carrera policial. “El problema no es la escasez sino la falta de formación. Hay policías que durante la instrucción no dieron ni un solo tiro”, consideró el diputado radical.

Por último y en tercer lugar se modificarán los ascensos oficiales. “La idea es que cuenten con formación de carrera dentro de la Policía, y que hayan tenido desempeño en la calle. Hoy en día, muchos ascienden estudiando mucho pero sin haber salido a patrullar”, explicó Parés.

En los pendientes, quedarán para “más adelante” la modificación del Instituto Universitario de Seguridad (IUS) y la creación de la figura del defensor del Policía, una de las promesas que Cornejo hizo en su discurso de asunción. “Hay alguna idea y se está trabajando, pero eso será anunciado cuando esté por ingresar”.

Por la tercera emergencia

A la declaración de la emergencia administrativa, fiscal y financiera y a la del sistema sanitario, se sumará una más: la de Seguridad. La intención del Ejecutivo es tener una herramienta para comprar con mayor rapidez elementos. “El Ministerio está desmantelado”, justificó Parés.

La intención es comprar vehículos y equipamiento en general a través del mecanismo de la contratación directa, en el que se acortan los tiempos de publicación y, a su vez, se aumentan los montos en la compra. Con esto, buscan reducir los períodos de adquisición sin saltar los procesos de control y transparencia. Resta saber el período que durará la emergencia y si habrá un monto tope para las compras.

En el mismo proyecto, se adherirá al decreto de necesidad y urgencia del presidente Mauricio Macri. “La diferencia es que el DNU da herramientas a la Nación, las mismas que se buscan acá. La idea es trabajar en forma conjunta para que el territorio quede dentro de la Emergencia nacional”, explicó Parés.

Un síndico para el Casino

En el contexto de la pelea por los despedidos, el próximo jueves se definirá el síndico del Instituto de Juegos y Casinos. Para esto, deberá realizarse una sesión de acuerdo en la que se considerará el pliego enviado por el Ejecutivo: el de la contadora Marta Susana Arrigoni.