Se requiere un profundo debate de propuestas electorales

Luego de las primarias abiertas del 9 de este mes, la ciudadanía argentina comienza a mirar con interés el proceso electoral hacia las presidenciales del 25 de octubre, que es cuando realmente se elegirá al sucesor de Cristina Fernández.

Cabe la posibilidad de que ese domingo quien finalice primero no alcance los porcentajes que determina la Constitución Nacional para ser ungido Presidente y sea necesaria una segunda vuelta en noviembre. Pero está claro que el trimestre final del año será definitorio para la sucesión del kirchnerismo, que gobierna la Argentina desde hace más de una década.

El perfil de los principales aspirantes a ocupar el Sillón de Rivadavia, más allá de circunstanciales excepciones, coincide bastante en cuanto a moderación y búsqueda de diálogo y consenso.

No obstante, se ha visto cómo las desprolijidades del sistema y la constante violación de las reglas de juego de la escena política conduce inevitablemente a una inoperante y vergonzosa sucesión de acusaciones y chicanas, que no hacen más que profundizar dudas en el electorado y rechazo hacia la dirigencia.

La ley nacional 26.571, denominada "de democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral", impide que los candidatos a cargos electivos hagan campaña hasta 30 días antes de los comicios.

Esto, en la práctica, supone que quienes surgieron de las PASO, también contempladas en la mencionada norma legal, como candidatos definitivos para los cargos ejecutivos y legislativos no deberían mostrarse como tales hasta que los límites legales se los permitiesen y sólo deberían limitar su exposición pública al cumplimiento de las funciones que vienen desarrollando.

A modo de ejemplo, los tres principales candidatos presidenciales deberían moverse con las siguientes limitaciones: Daniel Scioli, como gobernador de Buenos Aires; Mauricio Macri, como jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y Sergio Massa, como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, todos, incluidos los demás candidatos presidenciales surgidos de las PASO, quienes aspiran al Congreso o quienes se postulan para gobernaciones provinciales, no dejan escapar ni un minuto de cada día para expresarse públicamente con intenciones electorales.

Así, la campaña formal, esa que se inicia 30 días antes de la cita electoral, queda limitada a la abundante propaganda política que se desparrama a través de los medios audiovisuales o gráficos.

Se requiere de los candidatos no sólo la aceptación del debate público con sus contrincantes, sino que en ese mano a mano puedan expresar libremente y sin limitaciones el punto de vista que cada uno tiene sobre los problemas que realmente afligen a la gente.

Debatir no es sólo intercambiar acusaciones con el adversario. El debate público debe llevarle al votante la explicación de por qué siempre se habla de transparentar los procesos electorales pero nunca se concreta nada. Por qué ciudades, pueblos y campos se inundan sin que los millones de pesos que supuestamente se destinan a infraestructura se concreten en obras que mejoren la situación.

Por qué los servicios públicos son cada vez más deficientes y caros. Por qué el narcotráfico encuentra a casi todos los responsables de la función pública mirando para el costado. En definitiva, por qué la corrupción impide que lo que debe garantizar el Estado siempre quede en un segundo plano.