De Vido, a juicio sin abogados que lo defiendan

Los abogados defensores del ex ministro de Planificación, Julio De Vido, renunciaron a ejercer ese rol, a cinco días de que el actual diputado nacional afronte como acusado el juicio por la tragedia ferroviaria de Once, en la que murieron 51 personas.

Fuentes judiciales dijeron a DyN que los letrados Adrián Maloneay, Julio Virgolini y Mariano Silvestroni renunciaron a defenderlo en las causas penales en las que el ex ministro se encuentra procesado e imputado en los tribunales federales de Comodoro Py.

La decisión fue consensuada con el ex ministro, tras lo cual el Tribunal Oral Federal 4, a cargo del juicio por la tragedia de Once, anunció que no suspenderá el inicio del debate oral previsto el miércoles próximo y emplazó a De Vido a nombrar un nuevo defensor en las próximas 72 horas.

“Los motivos son claros: nuestro cliente fue traído a esta instancia a consecuencia de acusaciones construidas en un juicio anterior del que no fue parte y en el que no tuvo oportunidad de defenderse”, explicaron los defensores.

“Pese a que nuestro cliente no participó ni tuvo ocasión de defenderse en el juicio anterior, la prueba en él producida parece inamovible e irreproducible, como previsiblemente lo serán las conclusiones que de él provienen, a juzgar por la cerril negativa a atender a cualquier planteo que formule la defensa. Si la prueba de cargo no puede ser cuestionada, entonces no hay defensa posible”, agregaron.

Dijeron que “se advierte así que el derrotero de esta causa en todas sus instancias, incluida la Corte Suprema, está marcado por la decisión inédita -por su carácter sistemático y hasta grosero- de impedir en modo absoluto el ejercicio de la defensa, incluso en decisiones sobre cuestiones prácticas, organizativas”.

La renuncia se hizo extensiva a otras causas clave en las cuales el ex ministro está procesado o imputado: asociación ilícita por obra pública, Skanska, subsidio a transportes, la compra de gas licuado y sobreprecios en Río Turbio, por la cuales, en julio, el fiscal Carlos Stornelli pidió su desafuero y detención.

“Por el presente venimos a renunciar a nuestros roles de defensores y patrocinante, respectivamente, en esta causa. Lo hacemos acompañando la decisión, adelantada ya por nuestro cliente, de sustituirnos en su representación, no sin hacer presente que por diversos motivos esa decisión se conjuga con la nuestra, en el mismo sentido”, sostuvo.

“Ha quedado en evidencia, en el trámite de la presente causa, desde su inicio y a través de todas sus instancias, que esta defensa no ha tenido la oportunidad de contar con un proceso regular y respetuoso de los derechos que asisten a cualquier ciudadano que enfrenta un juicio penal”, dijo la defensa.

En ese sentido, agregó que “las características del proceso que está llevando a De Vido a juicio oral vulneran todos los mandatos constitucionales que regulan el proceso penal y el derecho de defensa en juicio. No están a la altura de la relevancia del suceso que se investiga, y aseguran que el desarrollo del proceso se reduce a un ritualismo vacío que tiene por objetivo sólo la condena de Julio De Vido”.

Los abogados sostuvieron que su decisión se “funda en la conciencia de la imposibilidad del ejercicio pleno y regular de la defensa en juicio”.

En la causa por la tragedia de Once, advirtieron que “los cargos allí formulados se le trasladaron en forma automática y encontraron en la etapa de instrucción una sistemática negativa a examinar sus planteos, proveer las pruebas que requería y atender a sus pedidos de revisión de las decisiones adoptadas”.

“Todo intento de ejercer su defensa material tuvo como respuesta sucesivos rechazos in limine dispuestos por el juez de grado y confirmados en instancias superiores, siempre en forma dogmática, vacíos de toda motivación”, concluyeron.

Río Turbio: piden revisar la decisión de no detenerlo

El fiscal federal Carlos Stornelli reclamó a la Cámara Federal porteña que revise la decisión de no detener al ex ministro kirchnerista Julio De Vido, al insistir en la gravedad de la maniobra que investiga sobreprecios en la reactivación de la mina de Río Turbio en Santa Cruz.

La Cámara ya fijó fecha para el próximo 3 de octubre para analizar esta presentación de Stornelli contra la decisión del juez Luis Rodríguez.
Rodríguez llamó a indagatoria a De Vido y una treintena de funcionarios bajo la sospecha de malversación de fondos en la modernización de la mina de Santa Cruz.

Lo hizo después de que la Sala II de la Cámara apurara las indagatorias que había rechazado Rodríguez a principios de julio, cuando Stornelli pidió la detención y desafuero de De Vido y el arresto del resto de los sospechosos con el fin de interrogarlos.

En ese mismo fallo, el tribunal de alzada -con el voto del juez Martín Irurzún- llamó a tener otros criterios a la hora de evaluar la detención de los involucrados en las causas de corrupción, y no sólo la eventualidad de un peligro de fuga y un entorpecimiento a la investigación.

Pero Rodríguez, entonces, decidió ponerles una caución real (fianza) a los involucrados para mantenerlos en libertad, prohibirles la salida del país y establecer que vayan a tribunales periódicamente para demostrar que están a derecho. Sin embargo, Stornelli apeló otra vez esa decisión ante la sospecha de una “trama de complicidades que fomente el ocultamiento de evidencias”.

Denuncian maniobra dilatoria

La Oficina Anticorrupción (OA) denunció (ante el Tribunal Oral Federal 4, que debe sustanciar el segundo juicio oral por la tragedia de Once) “una maniobra manifiestamente orientada a evitar el inicio” del debate, a raíz de la decisión de los abogados de Julio De Vido de renunciar a su defensa.

Laura Alonso, titular de la OA, escribió en Twitter: “La defensa renunciada de De Vido busca retrasar el inicio del juicio de Once. No lo permitiremos”.

El abogado Ignacio Irigaray, director de Investigaciones de la secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la OA, planteó el artículo 112 del Código Procesal Penal según el cual “en ningún caso el defensor del imputado podrá abandonar la defensa y dejar a su cliente sin abogado”.