Próvolo: Kumiko seguirá presa hasta el juicio

Los 6 imputados y detenidos por los abusos sexuales a menores sordomudos e hipoacúsicos en el instituto religioso Antonio Próvolo (Luján de Cuyo) aguardarán la elevación a juicio de las causas en prisión.

A los sacerdotes Nicola Corradi y Horacio Corbacho, y a los administrativos José Luis Ojeda, Jorge Bordón y Armando Gómez, se les sumó ayer la monja japonesa Kumiko Kosaka. Si bien la religiosa ya estaba detenida, la Justicia de Garantías confirmó la prisión preventiva, por lo que el sexteto de imputados está en idénticas condiciones (Corradi con prisión domiciliaria).

De esta manera, la magistrada Alejandra Alonso no hizo lugar al pedido de recupero de libertad planteado por el abogado de la monja la semana pasada, Carlos Varela Álvarez. Su definición acompañó el pedido del fiscal Gustavo Stroppiana y de los abogados querellantes, quienes habían solicitado que continuara detenida. El propio Stroppiana había pedido que se oficializara la preventiva.

Además, el fiscal tiene decidido separar las dos causas (la de los 5 hombres por un lado y la de Kosaka por otro), aunque haya pruebas y testimoniales compartidas.

“La jueza hizo suyo lo alegado por la querella y la Fiscalía, referido a que los tratados internacionales de Derechos Humanos -entre ellos los Derechos del Niño y de las Personas con Discapacidad- en el acceso a la Justicia merecen un tratamiento especial. Es el primer parámetro con el cual se analiza la medida de prisión preventiva de Kumiko”, manifestó el abogado querellante Sergio Salinas (Xumek), quien celebró la decisión.

Según la querella, la jueza dejó establecido que las personas con discapacidad tienen un acceso a la Justicia diferenciado, en el sentido de que ésta tiene que actuar con ahínco. A ello se suma que Alonso consideró que toda la prueba es perfecta.

Varela Álvarez también había solicitado que se apartara al fiscal alegando irregularidades en el proceso, como por ejemplo nulidad de ampliación de testimonios y cámara Gesell por falta de juramento de los testigos. No obstante, Alonso consideró que los testigos habían juramentado como corresponde, por lo que tampoco hizo lugar a ese pedido.

Desde el 5 de mayo, la monja se encuentra detenida y alojada en la Unidad 7 Agua de las Avispas (en Cacheuta), aunque -salvo excepciones- las detenidas no pueden pasar más de 90 días en el lugar, que está pensado para quienes tienen su primer ingreso a la cárcel y que es más “tranquilo” que la cárcel de El Borbollón.

Durante los últimos días, Kosaka manifestó que teme por su integridad y seguridad en el complejo lujanino, sosteniendo que este temor se acrecentaría aún más en caso de ser trasladada a la cárcel lasherina.

Por lo que pidió que se garantice su integridad. Durante la audiencia de ayer, la querella solicitó exactamente lo mismo, siempre pensando en la seguridad de la monja.

“Los tratados internacionales de Derechos Humanos han puesto en vigor los derechos de los niños y de las personas con discapacidad, permitiendo que su acceso a la Justicia sea hoy uno de los principales fundamentos de la prisión preventiva de la monja”, sintetizó Salinas.