Policía preso injustamente cobrará millonaria demanda

Hace 17 años, Felipe Gil Fernández se desempeñaba como policía y cumplía funciones en la Comisaría 33 del barrio San Martín, cuando salió a la luz un caso de corrupción de la fuerza y que se conoció como "mafia policial".

Por eso el 12 de mayo de 2000, este policía  junto con otros como Saavedra, Zelarrayán, Estrella y Díaz, fueron detenidos.

Algunos hablaron, otros acusaron, en suma se contabilizaron siete declaraciones indagatorias y una octava que podría ser llamada como "testigatoria" (sic), pero Felipe Gil Fernández, incomunicado, terminó alojado en la Delegación Maipú de Investigaciones, bajo la acusación de extorsión contra José Zambrano (un informante de la policía que luego apareció asesinado); a la que sucesivamente le sucedieron las imputaciones por doble homicidio agravado de Zambrano y  de su amigo Pablo Rodríguez; daños a un móvil policial; apremios ilegales y robo agravado del supermercado Metro.

Dos semanas después, la Inspección General de Seguridad, resolvió su pase a pasiva y terminó siendo cesanteado en enero de 2003.

La continuidad del caso fue su encierro en Caballería (donde antes alojaban al personal policial), para luego continuar en el penal de Boulogne Sur Mer hasta que quedó alojado en la Unidad Penitenciaria Federal, donde pasó 1.465 días.

Cuatro años

Cuatro años después, en juicio oral y público, la Séptima Cámara del Crimen, lo absolvió de todas las causas, ante la falta de acusación fiscal.

Por lo que finalmente inició una demanda contra el Estado por lucro cesante, daño moral y pérdida de chance (al no poder ascender en su carrera), reclamo que fue rechazado en forma total por un fallo de junio de 2006, del 22° Juzgado en Civil, Comercial y Minas.

Esta sentencia fue apelada y ahora con la firma de las juezas de Silvina del Carmen Furlotti, María Teresa Carabajal Molina y Delia Gladys Marsala, de la Segunda Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas,de Paz y Tributario, se llegó esta sentencia -que podría ser apelada por el Estado- donde se condena a la Provincia pagarle al ex policía la suma de un millón quinientos mil pesos, a lo que habrá que sumarle los intereses. Se le pagaría 1.030 pesos por cada día de encierro.

La jueza Furlotti, como preopinante en este fallo se apoya en sentencias de la Corte y otras plumas jurídicas, pero principalmente toma las palabras de la doctora Susana García que, como fiscal de la Séptima Cámara, finalizó su alegato señalando que la "errática investigación realizada sin ningún criterio, en una causa de 15 cuerpos (más de 3 mil fojas) de las cuales hay muy actos válidos y que llegó muy mal instruida a este debate" por lo que dijo sentirse "avergonzada de integrar este Poder Judicial".

Como era de esperar no acusó a Gil Fernández y el Tribunal lo absolvió.

Lo que decía el juez

El juez Rafael Escot, del Cuarto Juzgado de Instrucción, en el año 2000, dijo en conferencia de prensa que la mayoría de los policías procesados trabajaban en la Dirección de Investigaciones de la Policía de Mendoza desde hace al menos diez años. Este organismo es el encargado de investigar y resolver los delitos.

En esa oportunidad también remarcó que: "Los policías daban apoyo a delincuentes comunes. Les entregaban armas, vehículos, planos para cometer asaltos e información" y al destacar la tarea del Juzgado agregó: "Tras una investigación de 9 meses, quedaron muy comprometidos en el caso dos subcomisarios, dos oficiales y un cabo llamado Felipe Gil. Estos habrían sido los encargados de dirigir las bandas y planificar los asaltos a entidades financieras y grandes empresas".

Cronología

Mayo de 2000. Se anuncia el procedimiento conocido como "mafia de la policía", con la detención de varios uniformados.
Junio de 2000.  Los restos de José Segundo Zambrano y Pablo Marcelo Rodríguez, fueron encontrado entre los cerros al oeste del Gran Mendoza. Ambos eran informantes de la policía y habrían sido los que aportaron los datos iniciales de la investigación.
Mayo de 2004. Felipe Gil Fernández y Mario Díaz terminaron absueltos porque las pruebas resultaron insuficientes y poco creíbles. En cambio, el Tribunal pidió que investiguen a Rafael Escot, el juez que instruyó la causa y que ya había sido ascendido a camarista.
Junio de 2006. El 22 Juzgado en lo Civil, Comercial y Minas, rechazó totalmente el reclamo contra el Estado por lucro cesante, daño moral y pérdida de chance. Sentencia que fue apelada.
Mayo 2017. La Cámara de Apelaciones revocó aquel fallo y condenó a la Provincia al pago de un millón quinientos mil pesos (más intereses).