PJ vs PJ

Para Cristina Fernández, el Poder Judicial siempre fue “el menos democrático” de los poderes que emanan de nuestra Constitución nacional y sobre los que la República asienta sus bases. La carta que la mandataria publicó en Facebook el fin de semana pasado, para denunciar un nuevo golpe institucional (“destituyente”) de parte de los sectores mayoritarios de la Justicia Federal que se pusieron al frente de la Marcha del 18-F, ratifica cuál es el pensamiento de la jefa de Estado sobre el tercer poder. No sólo acusó a los jueces de querer remplazar al viejo “Partido Militar” sino que desempolvó la teoría sobre la que se montó el oficialismo hace dos años para impulsar la polémica “democratización de la Justicia”.

Esta teoría, acuñada por la propia Presidenta, consiste en sostener que el Poder Judicial tiene “un pecado de origen” ya que sus integrantes no son electos a través del sufragio universal, como sí lo son el presidente y los legisladores. De más está decir que se trata de una interpretación deformada que el kirchnerismo hace adrede de la Constitución nacional, la cual separa expresamente al Poder Judicial de los otros dos poderes, permitiendo a sus magistrados permanecer muchos años en sus funciones, alejados de la política (en el buen y en el mal sentido del término), para que puedan dirimir los asuntos que llegan a sus estrados con la máxima independencia posible del poder político.

En el actual contexto, en el que se están saldando las viejas cuitas que Cristina Fernández tiene con una decena de jueces federales y con los integrantes de la Corte, no está mal recordar brevemente qué fue “la democratización de la Justicia” que la Presidenta lanzó hace dos años: un paquete de leyes cuyo eje central era la modificación del sistema de selección de los integrantes del Consejo de la Magistratura para que los representantes de los abogados, jueces y académicos debieran candidatearse en elecciones generales, junto a los postulantes a senadores, a diputados y a la Presidencia de la Nación. Ya lo hemos dicho en varias ocasiones en esta columna: la jugada fue una apuesta electoral de la Casa Rosada para ganar los comicios de 2013 y quedarse con una mayoría en la Magistratura que le permitiera tener bajo presión a todos los jueces federales, en especial a aquellos que llevan adelante las causas que rozan o golpean de lleno al poder político. Si el plan del Gobierno no se cumplió, fue pura y exclusivamente porque la propia Justicia -la Corte Suprema- declaró inconstitucional los artículos centrales de las normas sancionadas.

Pero la marcha del miércoles 18, que congregó multitudes en las principales ciudades del país para recordar al fiscal Alberto Nisman y reclamar independencia del Poder Judicial, irritó especialmente a la Presidenta, tal como lo dejó ver en su página de Facebook, porque dio a jueces y fiscales -siguiendo siempre la intrincada visión del oficialismo- algo que hasta entonces no tenían: un baño de legitimidad.

Acostumbrada a leer el juego democrático desde su personalísima conveniencia política, Cristina Fernández no tuvo mejor idea que sostener con prosa periodística que las multitudes de paraguas que marcharon para condolerse por la muerte de un fiscal y exigir que se haga justicia significaron “el bautismo de fuego del partido judicial”. La Presidenta delimitó, así, una nueva guerra, la del Gobierno y los magistrados “opositores” o, mejor dicho, la del Partido Justicialista (PJ) y el “Partido Judicial” (PJ). Pero la mandataria pasó por alto, como si nadie fuera a advertirlo, que los jueces no pueden formar un partido político, aunque ella haya querido llevarlos como candidatos junto a políticos de profesión en las elecciones del Consejo de la Magistratura.

La Presidenta suele decir que en la Argentina “siempre hay que explicar lo obvio”. Esto es lo que hizo la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales el lunes cuando respondió con una misiva las acusaciones de golpismo que lanzó Cristina Fernández. Los magistrados reivindicaron pertenecer al “partido de la Constitución, forjado desde la institucionalidad”. Recordaron que fue el Gobierno el que se propuso “partidizar” a la Justicia y a la propia Asociación de Magistrados, “desvirtuando los objetivos y el funcionamiento del Consejo de la Magistratura”.

No está mal tampoco recordar que la relación del Gobierno y el Poder Judicial no siempre fue dramática. Pero hoy, cuando la Presidenta ha sido imputada por la denuncia que radicó Nisman antes de fallecer, y el vicepresidente Amado Boudou quedó al borde de un juicio oral por corrupción, la tensión escaló al máximo. Muchos especialistas coinciden en que es poco probable que Cristina Fernández deba comparecer en los tribunales por la acusación que realizó Nisman, ya que las pruebas que éste aportó a su denuncia no son contundentes. Sin embargo, lo natural y razonable es que sea la Justicia la que determine qué derroteros tomar, sin la presión de ningún poder, ni del Legislativo ni del Ejecutivo.

Esto no es lo que está ocurriendo. Ni bien Nisman hizo su denuncia, la oposición lo citó al Congreso y éste -lamentablemente- accedió a ir a explicar el contenido de la misma a una comisión que nada tenía que entender en el tema, en pleno receso veraniego. El oficialismo prometió acudir para “desenmascarar” al denunciante, un hombre que durante diez años estuvo a cargo de investigar quiénes hicieron volar la AMIA en 1994 y que había decidido acusar a la Presidenta de encubrimiento de los imputados iraníes en dicha causa. Esta semana el panorama desalentador se repitió: los diputados K intentaron interpelar al fiscal Gerardo Pollicita por imputar a la jefa de Estado. La misma estrategia, la misma intervención de un poder sobre otro al calor de las urgencias de una campaña electoral que promete superar todos los límites de virulencia vistos hasta ahora.

Cuesta imaginar un escenario más desfavorable para el trabajo de quienes por estas horas intentan saber qué pasó con Alberto Nisman, por qué motivos apareció con un tiro en su cabeza cuatro días después de haber realizado una polémica y explosiva denuncia contra Cristina Fernández, que esta guerra desmesurada que el Gobierno nacional mantiene con un sector de la Justicia federal. Las constantes declaraciones de funcionarios del Poder Ejecutivo, empezando por las cartas en las redes sociales que publica la mandataria, sólo echan confusión y añaden presión sobre la investigación criminal, al igual que también lo hacen muchas de las acciones de los principales partidos de la oposición destinadas a capitalizar la crisis política en curso.