Petróleo, otro dolor de cabeza

Luego de las tensas negociaciones de junio, en las cuales las provincias productoras se enfrentaron con el titular de YPF, Miguel Galuccio, el tema volvió al tapete. La pausa que se generó durante el campeonato Mundial sirvió para que el titular de la petrolera convenciera a la Presidenta y así avanzó presentando, casi como un hecho consumado, un nuevo esquema de inversiones petroleras en el que no se contemplan muchos puntos pedidos por las provincias.

El problema más grave es que el esquema promete a las empresas estructuras impositivas que son atribuciones propias de las provincias, que estas no pueden ni deben delegar y cuyo avasallamiento por parte de la Nación es claramente inconstitucional.

Si bien la propuesta es para la exploración y explotación de petróleo y gas no convencional, el gobernador Pérez habría conseguido que se incluyera en el mismo régimen al petróleo pesado, que es el que se produce en Mendoza.

Ya pusieron el grito en el cielo los gobernadores de Neuquén y Chubut, los más combativos porque sus provincias son las principales productoras. Neuquén, además, tiene en su territorio el yacimiento de Vaca Muerta y el gobernador no quiere que le impongan condiciones. Demasiado costo político debió pagar por aprobar en secreto el acuerdo con Chevron.

La mayoría de las modificaciones podrían haberse negociado con inteligencia y calidad negociadora, algo que no caracteriza al Gobierno ni a los funcionarios del kirchnerismo. Es que muchas de ellas deberían tender a modificar vicios generados por el mal manejo de las provincias a partir de asumir el control de la adjudicación de áreas, y con una forma poco eficiente de corregir las distorsiones generadas por la misma Nación.

Los costos del negocio

La primera de las objeciones de Galuccio es que las empresas provinciales cobren un porcentaje, denominado acarreo, sin asumir ningún riesgo en la etapa de prospección. Esto es resistido por las provincias, que crearon este mecanismo para compensar en parte lo que la Nación les detrae al fijar un precio del crudo mucho menor al real.

La Nación no se hace cargo de esto y Galuccio no se da por enterado y pretende corregir la distorsión ajustando a las provincias.

El otro punto resistido es la fijación de una renta única del 12% en concepto de regalías. Desde que las provincias asumieron la administración de la adjudicación de las áreas, aprovecharon para tratar de subir ese porcentaje y, de hecho, se prorrogaron concesiones sin licitación a cambio de un mayor porcentaje de regalías.

Este sistema generó una distorsión en la licitación de nuevas áreas porque se generaba la competencia en base al monto de regalías que las empresas ofrecían y no en virtud de los compromisos de inversión. Esto llevó a que se presentaran empresas sin antecedentes que ofrecían montos muy altos para luego vender la concesión, como ocurrió, en nuestro caso, con Chachahuén.

En síntesis, lo que el titular de YPF les ofreció a las empresas fue ningún pago en concepto de acarreo y una regalía única del 12% con un compromiso de inversión.

El problema impositivo

Otros de los temas destacados en la propuesta de Galuccio fue bajar y unificar la tasa de Ingresos Brutos en un 3% y la eliminación del impuesto de Sellos. Esta promesa del Gobierno nacional implica una indebida intromisión en facultades que son propias de las provincias.
No obstante, para Mendoza y otras provincias representa un problema más serio que el que surge de una visión constitucional. La tasa de Ingresos Brutos fijada para el sector petrolero, cuando se modificó la ley en 2012, fue elevada al 6%. Luego se hizo una modificación y se fijó en 5% pero con la posibilidad de bajarla al 3,5% a cambio de compromisos de inversión.

Para la Provincia, blanquear el tema y bajar los Ingresos Brutos del sector petrolero al 3% no sería complicado. Lo que le va a traer es un conflicto general con el resto de las actividades económicas, muchas de las cuales tenían tasas cero, como promoción, y de golpe fueron impactados con un 4%. También pagan ese porcentaje los pequeños minoristas y se plantearía una situación de total injusticia ya que todos los sectores son conscientes de que la tasa actual se hace impagable para una gran cantidad de empresas.

El Gobernador tendrá que ver cómo negocia con YPF pero también cómo manejará la situación presupuestaria, ya que todas las previsiones son que tenga menos recursos y deberá reprogramar, esta vez con seriedad, el plan de gastos, ya que se tornarán imposibles. De igual manera, debe quedarle claro a todo el sector político que no puede seguir abusando del empleo público porque tampoco son pagables los actuales niveles salariales.

Los empresarios quieren más

De la reunión con el presidente de YPF, los empresarios se mostraron conformes. Todo lo que tienda a bajarles costos es bienvenido. Pero los hombres de negocio pusieron el acento en temas más complicados para la Nación. Ellos quieren que se saquen las retenciones a las exportaciones, porque generan una distorsión en el mercado interno. Si esto ocurriera, el precio del crudo se alinearía con el precio internacional y esto beneficiaría a las provincias.

La otra petición fue la de que les eliminen las restricciones cambiarias y puedan disponer libremente de las divisas. Esto pega de lleno en el corazón de las políticas del Gobierno, aunque tiene el antecedente de Chevron, de cuyo contrato, aunque secreto, algo trascendió.

La mesa está servida para que las empresas reciban muchas ventajas, pero para Mendoza está para agudizarle los problemas financieros. El Gobernador, además, deberá tratar de conseguir algún consenso con la oposición ya que el Gobierno nacional seguramente conseguirá la aprobación de la ley, pero debe ratificarse por las legislaturas provinciales, y no será un proceso pacífico.

De todos modos, la atracción de inversiones dependerá más de las políticas nacionales que de algún impuesto que puedan sacrificar las provincias, por lo que no habría que hacerse ilusiones con la llegada de inversiones y prepararse para asumir un escenario de menores ingresos.