Perú retiró a su embajador en Chile

Perú retiró a su embajador en Santiago en protesta contra las supuestas acciones de espionaje por parte de Chile, y aseguró que no lo regresará hasta recibir explicaciones satisfactorias sobre el caso. El gobierno de Bachelet, por su parte, consideró el tema “cerrado” e insistió en que no incurrió en esas prácticas.

“En tanto no se den las satisfacciones del caso, se procederá al retiro del embajador del Perú en Santiago de Chile”, dijo el ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado la madrugada de ayer. El embajador Fernando Rojas Samanez ya había sido llamado por su gobierno para una consulta el 20 de febrero y se encuentra en Lima.

En esta segunda nota de protesta sobre el tema, Perú “reitera su más firme rechazo y profunda preocupación por las acciones de espionaje de Chile en contra de la seguridad nacional, actos que no se condicen con el espíritu de colaboración y buena vecindad que deben guiar las relaciones entre ambos países”.

El gobierno de Lima también insiste en que las acciones de espionaje “se encuentran debidamente acreditadas” y remitió información complementaria a la que brindó en una primera nota diplomática del 20 de febrero.

Perú además pide con urgencia “recibir una pronta respuesta que contenga los resultados de la investigación interna que se está llevando a cabo en Chile, así como las seguridades de que no se habrán de repetir actos de espionaje”.

En una primera nota diplomática enviada a Chile del 20 de febrero, Perú denunció que tres miembros de la Marina de Guerra peruana fueron pagados para espiar en favor de Chile entre 2005 y 2012. Los tres militares están detenidos en Perú.

En ese momento, Perú llamó a consulta a su embajador en señal de protesta. Chile hizo lo propio y entregó una nota diplomática días después, en donde niega que su gobierno promueva estos actos.

Humala toma las riendas

El último miércoles, el presidente de Perú, Ollanta Humala, aseguró que aquella respuesta chilena sobre el tema no era satisfactoria y anunció que Perú reaccionaría de forma enérgica, lo que parece cumplirse con el retiro del embajador anunciado esta madrugada. 
Paralelamente, la bancada parlamentaria del gobernante Partido Nacionalista, pidió revisar los acuerdos comerciales con Chile, generando el rechazo del gremio empresarial peruano que pidió dejar el tema en manos de la Cancillería.

Para algunos analistas y sectores políticos, la actitud de Humala y de su bancada puso en aprietos al cuerpo diplomático peruano, que probablemente podría haber agotado otras instancias antes de llegar a retirar temporalmente a su embajador.

“Normalmente un presidente deja que su cuerpo diplomático resuelva estas cosas. Pero aquí es él quien ha asumido las riendas. Retirar al embajador puede ser una posición desmesurada porque había otros niveles políticos que agotar”, dijo el experto en temas internacionales Carlos Novoa, profesor de la Universidad de Lima.

“El presidente aprovecha este tema como sobrevivencia política, porque hablar de Chile es un tema sensible que llama la atención de la opinión pública”, agregó. Humala es el gobernante menos popular de la región, con un 22% de apoyo.

No obstante, fuentes diplomáticas explicaron que la dura reacción del presidente -un comandante del ejército retirado- tiene un punto clave: las pruebas evidencian que Chile lo espió durante todas las etapas del diferendo limítrofe marítimo que ambos resolvieron finalmente en 2014 en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

Humala además tiene la prerrogativa constitucional de dirigir la política exterior del país.

Medios peruanos han dado a conocer la identidad de un supuesto espía chileno que pagó a los militares peruanos para obtener informaciones sensibles, dato que está en poder del gobierno de Perú y con el que acreditaría que el hecho se produjo, sobre todo en temas de capacidad operativa de la Marina de Guerra peruana.

La noche del viernes, el canciller peruano, Gonzalo Gutiérrez, dijo que esperaba que Santiago procese a los responsables chilenos envueltos en este caso.

No obstante, el ministro del Interior de Chile, Rodrigo Peñailillo, aseguró que es un asunto en manos de su cuerpo diplomático. “Para nosotros es un tema cerrado y que sólo tiene el camino diplomático”, aseguró a la prensa de su país.

Perú y Chile se enfrentaron en un conflicto bélico en el siglo XIX, en el que el primero perdió parte de su territorio.

A pesar de sus desavenencias, mantienen en la actualidad sólidas relaciones comerciales: Chile tiene invertidos en Perú 14.000 millones de dólares, en tanto que los capitales peruanos en tierras chilenas suman 8.000 millones, según cifras oficiales de 2014.

Escándalo del grupo Penta: los dueños van presos

Santiago. Un juez de Santiago dictó ayer prisión preventiva contra dos ejecutivos y dueños de la empresa Penta y otros cuatro acusados de fraude tributario, sobornos y financiamiento ilegal en uno de los mayores casos de corrupción de Chile.

El caso tiene además una faceta política: los fundadores de la empresa financiaron la campaña electoral de los aspirantes a diputados y senadores de los dos partidos de la oposición derechista, la Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional.

Los fiscales argumentaron que los empresarios entregaron el dinero a los políticos, varios de ellos electos en los comicios de 2013. Además, se falsearon pérdidas, rebajaron y evadieron impuestos utilizando diversos mecanismos.

Penta tiene intereses en los ramos de seguros, finanzas, aseguradoras de salud privada, educación y proyectos inmobiliarios. También vendió una controladora privada de fondos de pensiones.

El magistrado Juan Manuel Escobar ordenó la medida cautelar contra seis de los 10 acusados, tras considerar que varios de ellos representan un peligro para la sociedad, y arresto domiciliario o arraigo nacional y firma para los otros cuatro.

Serán encarcelados de forma preventiva Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, fundadores y ejecutivos de la empresa Penta; así como Pablo Wagner, ex subsecretario de Minería; Hugo Bravo, ex gerente general de Penta; Iván Álvarez, ex funcionario del servicio de impuestos internos; y Marcos Castro, gerente de contabilidad de Penta.

Además se dictaron penas de arresto domiciliario, arraigo nacional y firma para los otros cuatro acusados. El magistrado consideró que hay pruebas suficientes para la presunción de la mayoría de los delitos tributarios por los que se juzga a los 10 acusados, que se coludieron para que los empresarios recibieran un reembolso fiscal mayor del que les correspondía.

Lavín y Délano, los dueños del grupo financiero Penta, enfrentan una larga lista de acusaciones, según las pruebas presentadas durante los últimos tres días por la Fiscalía Nacional chilena.

El caso Penta ha golpeado fuertemente a la opinión pública chilena en los últimos meses en uno de los mayores casos de corrupción vividos en Chile. A este se ha unido en el último mes el escándalo que involucra al hijo de la presidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos. La imagen de la presidenta Bachelet se ha visto fuertemente dañada por este caso.