Pedirán el desarchivo de la Ley Provincial de Educación

El 30 de diciembre de 2014, el postergado proyecto de Ley de Educación de Mendoza logró un avance significativo, luego de contar con la media sanción de los diputados. Justamente ese día, el texto fue remitido a la Cámara de Senadores para su posterior tratamiento y de hecho, la promesa de los legisladores oficialistas apuntó a aprobar la normativa de manera urgente.

Sin embargo, ya con nueve años de retraso (la provincia debía ajustarse a la Ley Nacional de Educación N°26.206, sancionada en 2006) la normativa que debe adecuar las pautas educativas a las necesidades actuales de docentes, directivos y alumnos, aún sigue estancada.

Ayer, la diputada Lorena Saponara (FPV), quien preside la Comisión de Educación de Diputados recalcó que la propuesta que -según aseguró- había sido consensuada con la comunidad educativa, continúa archivada en el Senado.

Por eso, adelantó que entre hoy y mañana los diputados buscarán pautar una reunión con los senadores del mismo bloque partidario con el objetivo de avanzar en su aprobación. "Queremos solicitar que el proyecto se desarchive para ponerlo en consideración del recinto", dijo la diputada oficialista.

Lo cierto es que todavía lejos del consenso, en pleno año electoral y ya cuando el año lectivo inicia su recta final hacia el término de su primer cuatrimestre, Mendoza sigue lejos de actualizarse en materia legislativa.

Se trata pues, de una ley clave, que sentará las bases de la educación futura en la provincia y establecerá  los lineamientos básicos que vendrían a reemplazar a la actual Ley de educación local (Nº 6.970), que fue sancionada el 3 de enero de 2002 y que estaba amparada en la antigua Ley Federal de los '90.

El texto que los diputados enviaron a Senadores consta de 273 artículos divididos en 18 títulos.  Habla, por ejemplo, de la importancia de concebir a la educación como un deber y un derecho que debe ser garantizado por el Estado y apuntalado por la familia. Se suman, desde una mirada integradora, los servicios educativos de gestión estatal, privada, social y cooperativa.

El proyecto también viene a formalizar la estructura del sistema, integrado por cuatro niveles (inicial, primaria, secundaria y superior) y establece la incorporación de nueve modalidades: Técnico Profesional, Educación Artística, Educación Especial, Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, Educación Rural, Educación en Contexto de Privación de la Libertad, Educación Domiciliaria y Hospitalaria, Educación Intercultural Bilingüe, Educación Albergue y de Frontera.

La iniciativa establece, además, una mayor inversión en el área (8% del Producto Bruto Geográfico o bien, del 35% del presupuesto anual provincial) para mejorar el equipamiento, la infraestructura y la formación docente. Propone también, la creación de gabinetes psicopedagógicos para los alumnos de la primaria.

El motivo que sostienen los senadores (opositores al oficialismo) para postergar la aprobación de la norma, reside en la necesidad de agregar pautas para afianzar la calidad de la educación. De hecho, entre las modificaciones planteadas en el proyecto figura la creación de un observatorio educativo externo, destinado a evaluar la calidad de la enseñanza en las escuelas.

La idea era generar un espacio  que no fuera del gobierno, de manera que se lograra una mayor imparcialidad al momento de poner la mirada en aspectos clave, como la infraestructura y equipamiento de los colegios y la capacitación docente, entre otros aspectos.

"El proyecto que recibimos de Diputados no tuvo el aval de los senadores; el oficialismo no nos acompañó en la propuesta de reforzar la calidad.

Nuestra intención es desarchivarlo y volver a debatir los cambios posibles", destacó Norma Corsino (UCR), presidente de la Comisión de Educación del Senado.