Otra vez, la política delante de la economía

Las elecciones de medio término se han transformado en una obsesión para el oficialismo. Todas las acciones que se toman desde los distintos niveles de gobierno están pensadas en el rédito político que dejarán los comicios legislativos aun cuando las mejoras económicas no aparezcan.

No sólo no aparecen sino que además complican al resto de la economía en su conjunto como es el caso del reciente aumento de los combustibles. Con un clara intencionalidad política como es apaciguar los ánimos en la Patagonia petrolera y no asumir el costo político de un eventual concurso de acreedores, el gobierno dispuso un incremento del precio de los combustibles que formó parte de un rescate más amplio a la compañía YPF.

El Presidente Mauricio Macri, ante el peligro inminente de un default de YPF y rápido de reflejos, ordenó salir al rescate de la petrolera insignia, para evitar lo peor.

Nadie en la Casa Rosada quiso imaginar el costo político que tendría para Cambiemos, un eventual concurso de acreedores que diera por tierra con la tontería de la “soberanía energética”, votada por todos los sectores políticos.

El estado económico financiero que presenta la petrolera de mayoría estatal, es calamitoso. La abultada deuda financiera que tomó el régimen kirchnerista en cabeza de YPF, debido al default de la Argentina, por tener cerrados los mercados financieros, puso a la compañía en una situación de total anemia.

La deuda financiera orilla los 9.500 millones de dólares y supera largamente su patrimonio neto. El resultado del último balance lo dice todo: casi 2.000 millones de dólares de pérdidas y un pasivo total de casi 20.000 millones de dólares.

Los costos de la compañía convertían en una quimera la explotación del yacimiento de Vaca Muerta. De allí que se haya encarado una reforma laboral, a medida de la compañía, para poder explorar ese recurso no convencional.

Al mismo tiempo, la caída del precio internacional del petróleo y la necesidad de ir hacia una convergencia de precios con el crudo local, hacía más inviable económicamente los yacimientos convencionales, a los cuales hay que inyectar inversiones si es que se los quiere mantener altamente productivos.

Había llegado el momento de capitalizar la compañía y los accionistas no aportaron dinero fresco. El estado argentino, tras el disparate de la confiscación a Repsol, es el accionista mayoritario y fue a su rescate.

El gobierno dispuso una baja de los costos laborales y mejoró sensiblemente su flujo de caja, con el primero de los cuatro aumentos anuales en el precio de los carburantes, y con el mantenimiento de un precio diferencial del crudo local, dos medidas de vital importancia para un empresa con integración industrial.

Pero todo esto no es gratuito. Si bien el gobierno no capitalizó directamente a YPF, sensiblemente le mejoró su perfil y su ecuación económico financiera, de manera indirecta, siendo los contribuyentes y los consumidores los reales accionistas que capitalizaron a la petrolera.

La suba de los combustibles va a potenciar un aumento en los costos de producción de bienes y servicios que se verán reflejados en una mayor inflación.

Paralelamente, el gobierno verá incrementados sus ingresos fiscales a través del elevado componente impositivo que contienen los carburantes. La suba del resto los servicios como gas, agua, luz, prepagas, celulares abonarán el terreno fértil de una inflación que está lejos de ser doblegada, pero al mismo tiempo frenarán el esperado despegue del consumo, al cual el gobierno apostó todas sus fichas.

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