Multaron con $ 200 mil a la empresa que construye un hotel en El Manzano sin autorización

"Uco Los Tres Valles SRL" trabaja en el paraje conocido como Cajón de Arenales. Ya habían sido advertidos.

Una empresa continúa con la construcción de una hostería y Club House dentro de los límites la reserva Manzano Histórico-Portillo de Piuquenes pese a que no cuenta con la autorización del Gobierno.

Esta situación fue certificado por la dirección de Recursos Naturales Renovables, la secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial y multaron a la constructora Uco Los Tres Valles SRL con 200.000 pesos.

Según se informó oficialmente, La constructora ya había sido advertida por sus irregularidades. Guardaparques solicitó la paralización inmediata de la obra, hasta tanto se expidiera la autoridad ambiental.

La obra irregular se desarrolla en el paraje conocido como Cajón de Arenales, en las proximidades del refugio Portinari de Gendarmería Nacional.

A principios de este año, vecinos del Valle de Uco denunciaron ante la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial la existencia de una obra en construcción en el área natural protegida de El Manzano.

Personal de Guardaparques corroboró la situación y labró un acta solicitando la paralización inmediata de la obra, hasta tanto se expidiera la autoridad ambiental.

La construcción no cuenta con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

El 7 de febrero Guardaparques realizó una nueva inspección y se observó que la empresa continuaba con los trabajos, haciendo caso omiso a la intimación. Esa situación provocó la imposición de la multa.

Cabe aclarar que la construcción no cuenta con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental que establece como requisito previo la ley 5.961 del año 1992.

Recientemente la dirección de Recursos Naturales realizó una nueva inspección, constató que las obras aun continúan y contempla aplicar nuevas sanciones para la empresa en caso de insistir con el desarrollo de las tareas.

Ley 5961 en su artículo 38 menciona la posibilidad de ordenar la demolición de las obras a cargo del proponente, e incluso deja abierta la vía penal para los infractores que hayan cometido daño ambiental.

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