Media sanción al plan para ordenar Mendoza

Después de ocho años desde que se sancionó la Ley que lo establecía, el proyecto para que sea una realidad fue aprobado por los senadores esta semana. Equilibrio y calidad de vida, las pautas fundamentales.

A poco más de nueve años desde que la Legislatura Provincial dio sanción definitiva a la Ley de Ordenamiento Territorial y Usos de Suelo (N°8051), una gran deuda pendiente comienza a saldarse. Es que si bien una de las pautas establecidas en la normativa "madre" consistía en la puesta en marcha de un plan, éste aún aparecía difuso.

Sin embargo, la buena noticia llegó cuando el martes pasado la Cámara de Senadores dio media sanción al proyecto de Ley presentado en marzo por el Gobierno de Alfredo Cornejo.

Ahora, cuando los mendocinos esperan su pronto tratamiento en Diputados, una esperanza se abre para comenzar a trazar las directrices destinadas a reordenar a la provincia de aquí a 30 años. Se trata de una herramienta clave que permitirá encauzar políticas, proyectos y planes de acción tendientes  nada menos que a salvaguardar la calidad de vida en Mendoza, logrando el equilibrio entre sus actividades económicas, sociales y ambientales.

La unificación de criterios entre las diversas áreas estatales, la participación social en decisiones fundamentales, como así también la concepción de una provincia más compacta y menos concentrada en un pequeña porción del territorio -como ocurre actualmente con el Área Metropolitana-, son algunos de los conceptos fundamentales que establece el plan.

Así, la propuesta que deberá ser analizada por los diputados, distingue tres instancias para llevar a cabo las acciones, cada una con un plazo estimado con un mínimo de seis meses y un máximo de treinta años. De aprobarse de manera definitiva la norma, las líneas de acción deberán llevarse a la práctica más allá de los gobiernos que se presenten a lo largo de las tres décadas. Inclusive, por primera vez el ordenamiento del territorio deberá ser una política de Estado.

Lo cierto es que en una provincia de clima semi desértico, donde el crecimiento poblacional se ha planteado de manera desordenada, presentando serios riesgos a la calidad de vida de las futuras generaciones, la urgencia de aplicar el plan no es menor.

María Elina Gudiño es directora del doctorado en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible que se dicta en la UNCuyo. Ella es una de las principales investigadoras, junto a otros tantos integrantes de la comunidad científica y académica local, que trabajó de manera activa en la elaboración de la Ley provincial como así también del plan que está siendo analizado.

La especialista indica que uno de los puntos clave de esta herramienta es que las decisiones al momento de proyectar y ejecutar programas y políticas deberán estar enriquecidas con el aporte de todas los sectores. Otro aspecto clave que destaca Gudiño, tiene que ver con "mirar a Mendoza con todo su territorio" y no sólo como una entidad concentrada en el Oasis.

"El objetivo es que se deje  de lado la mirada antigua sobre la provincia, relacionando a la calidad de vida con lo urbano. El desafío real es que  veamos el oasis, pero también  las zonas irrigadas y las formas de mejorar, potenciar y equilibrar las diferentes actividades", analiza la experta y detalla que en relación con la temática de la zonificación  de las diferentes áreas -un punto establecido en el plan- los criterios deben ser los actuales, ya que cada sector de la provincia tiene sus fortalezas pero además "hay actividades que pueden coexistir".

La mirada así, debe ser siempre multisectorial, atendiendo al cuidado del hábitat, a la mitigación de riesgos ante amenazas naturales y  antrópicas, como así también  la conectividad y accesibilidad para la integración de la provincia. Todo esto, deberá ser concebido propiciando la movilidad sustentable, el desarrollo económico y energético, en función de las características del territorio y la gestión integrada de los recursos hídricos.

Un claro ejemplo de los puntos que deberá resolver la provincia, tiene que ver con el crecimiento urbano desordenado. Justamente, el auge de complejos habitacionales (que vienen de la mano del sector  inmobiliario) en zonas que antes eran consideradas "tranquilas", viene a plantear la necesidad de nuevas líneas de acción, entre las que la calidad de vida deberá ser una prioridad. En este sentido, el plan establece el controles e impone límites.

"El hacinamiento o capacidad de carga colapsada y todo lo que esto trae aparejado, como ruidos, contaminación, exceso de población frente a la falta de adecuación de los servicios, es una característica de la actual ciudad", puntualiza Gudiño y destaca que mientras esto sucede en los distintos departamentos existen grandes porciones del territorio "vacías".

En este aspecto concreto, un límite que impondrá la norma consiste en que cada comuna deberá presentar su propio proyecto sustentable y a la vez tendrá que zonificar su territorio. El plazo en ése sentido será de un año.

Las claves

El plan. Es una de las patas más importantes establecidas en la Ley Provincial de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo (N°8051), junto a la creación de la Agencia de Ordenamiento y un Consejo.

Objetivo. Se prioriza el crecimiento armónico y sustentable de la provincia atendiendo a la calidad de vida de sus habitantes. Para ello se buscará fortalecer las ciudades y localidades menores, en tanto que se aspirará a dinamizar las áreas más deprimidas.

Equilibrio. El plan hacia 2045 tiende a establecer objetivos para el desarrollo sustentable, la armonía entre las diferentes actividades humanas y el cuidado del medio ambiente.

Control. La norma que deberá ser analizada en diputados establece una serie de instrumentos de control de manera que los proyectos futuros sean concebidos desde el concepto de ciudad compacta, evitando así los procesos de expansión urbana indiscriminada, el consumo innecesario de recursos naturales y de suelo, la fragmentación del territorio y la segregación social.

Áreas rurales. Figuran entre las zonas que requieren de una atención especial por los servicios ambientales que prestan.

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