Mansur reclama límites laborales para funcionarios

El diputado radical pide a Cornejo que reglamente una ley de 2001 que regula las incompatibilidades en el sector público.

Con la intención de “generar más fuentes de trabajo”, el diputado radical Ricardo Mansur pidió a Cornejo sacar “del limbo” una ley de su autoría que, luego de 14 años sancionada, aún no se pone en práctica: el registro de incompatibilidades laborales.

El ex intendente de Rivadavia y actual legislador del oficialismo envió, a través de la Legislatura, un pedido al gobernador Alfredo Cornejo para que reglamente una ley que fue en el 2001 pero nunca fue puesta en práctica.

La ley inaplicada dispone que se cree un registro que aplique lo que dice el artículo 13 de la Constitución provincial, que prohíbe “acumular dos o más empleos o funciones públicas rentados”, además de lo que dicen las distintas leyes de incompatibilidades.

"Lo que yo pretendo es que se generen nuevos puestos de trabajo tanto en la docencia como entre los médicos, abogados y funcionarios políticos, a partir de que no haya excesos en los cargos públicos", justificó Mansur.

En los hechos, más allá de las normas, el radical asegura que tanto los funcionarios como docentes y médicos exceden esta disposición.

"Hay políticos que dan clases en universidades y se exceden en la cantidad de horas cátedras que pueden tener", ejemplificó Mansur.
Hay que tener en cuenta que cada organismo y dependencia del Estado tiene su incompatibilidad, es decir, hay cargos que no pueden ejercerse en simultáneo con otras tareas.

Según el diputado, la misma situación se da en la docencia, en la que es habitual que una persona superponga cargos u horarios. Por citar un ejemplo, el máximo en la primaria y secundaria es de 36 horas, pudiendo extenderse a 42 en determinados casos.

Para lograr su fin de control y de sanción, la ley disponía que a partir de la carga del CUIL, el registro “identifique a cada funcionario y agente que desempeñen tareas en los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, municipalidades, organismos y empresas del Estado, comprendiendo tanto a los empleados de planta permanente o transitoria”.

A su vez, contempló que el encargado de esta tarea sea la Contaduría General de la Provincia.

Por otro lado, instruyó a Fiscalía de Estado a realizar sumarios en los casos que consten irregularidades u omisiones en los datos que se carguen en el registro, que debe alimentarse del entrecruzamiento de datos de las declaraciones juradas que aporten los distintos organismos estatales a la Contaduría.

Ahora bien, este registro nunca entró en marcha. “Ninguno de los cuatro gobernadores que hubo lo quiso implementar”, señaló Mansur en referencia a los gobiernos que se sucedieron desde 2001, cuando se aprobó la ley, hasta ahora.

Claro que este recuento comienza con dos gobiernos radicales, además del actual, al que le pide nuevamente la reglamentación.
En este sentido, Mansur señaló que si bien no habló del tema con el Gobernador, al tratarse de una ley ya sancionada "hay que ponerla en funcionamiento y, si no, derogarla".

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