Malas noticias, tristes presagios

La sucesión de femicidios, incidentes en la Legislatura y el intento de poner restricciones a la labor de la prensa, configuraron un cóctel de intenso realismo.


Luis Abrego - labrego@losandes.com.ar

Como una helada tardía, la primavera del gobierno de Alfredo Cornejo sufrió graves daños. Una feroz seguidilla de tres brutales asesinatos contra mujeres, en distintas circunstancias, convirtieron a la que pasó en la semana más negra de una gestión que además puso todas sus fichas al combate contra la inseguridad, principalmente, y al ordenamiento de las cuentas públicas, como módicas y casi exclusivas metas. Y como si el temporal no alcanzara, las imágenes de los disturbios e incidentes en la puerta de la Legislatura pusieron a Mendoza en la vidriera nacional de la violencia.

La discusión, así planteada, bien puede admitir la polémica si en todo caso los vínculos enfermizos que derivan inexorablemente en femicidios pueden ser considerados -literalmente- amenazas a la seguridad pública. O si un mejor funcionamiento del sistema judicial podría contribuir a disminuir la estrepitosa cifra de 11 muertes de mujeres por violencia de género en lo que va de 2016.

Como si fuera una puesta en escena perfectamente montada, la ráfaga femicida se produjo a días de la asunción del nuevo procurador de la Corte, Alejandro Gullé. Una pieza clave del entramado judicial, a la que muchos de los antecesores del gobernador quisieron remover cuando estaba a cargo del entonces titular Rodolfo González, pero cuya potestad le tocó en suerte a Cornejo, quien delineó un perfil de sucesión acorde a su prédica de recuperación de la autoridad y respeto por la ley como necesario cambio cultural para combatir el delito. “Nos explotó en las manos”, se sinceró Gullé, maldiciendo la fatal circunstancia de los tres casos en simultáneo y mientras  apuraba la puesta en marcha de la anunciada fiscalía especial para los casos de violencia de género.

Para mayor desazón política del oficialismo, esa seguidilla fue en coincidencia con la discusión en la Legislatura de las modificaciones a la ley de Ministerio Público Fiscal, andamiaje necesario –según el gobierno- para respaldar las iniciativas políticas implementadas desde el ministerio de Seguridad a cargo de Gianni Venier, cuya gestión ya ha solicitado 14 nuevas leyes o modificaciones para hacer más eficiente el accionar del Estado en el área.

Cornejo buscó con Gullé un hombre de acción, que pudiera estar en la trinchera de la lucha contra el delito y que se moviera casi como un apéndice del Ejecutivo en la Justicia. Y Gullé, no sólo aceptó ese desafío sino que también propuso cambios para que su gestión luciera y se diferenciara. El asunto es que a poco de andar, su impronta movediza se volvió trastabillante.

Más allá de la patética muestra de criminal machismo que dejan las muertes de Janet Zapata, Julieta González y Ayelén Arroyo, su desenlace dejó expuesto también la deficitaria tarea de la Justicia, especialmente en el caso de Ayelén, ya que su padre y victimario había sido denunciado pero ni aún así el Estado pudo impedir que la matara. El atajo rápido del gobierno fue el contraataque con el pedido de Jury para el fiscal Fabricio Sidoti, el funcionario que tramitó la denuncia de Ayelén, pero cuyas medidas no alcanzaron para proteger a la víctima.

Asimismo, y en el contexto de la novela de enredos que supuso el intento de modificación del artículo 7 de la ley 8.008 del Ministerio Público Fiscal se buscó introducir una clara restricción a la tarea periodística, justo en momentos en que la sociedad estaba conmocionada con los primeros detalles del trágico final, retaceados -de hecho- por un cepo informativo absurdo e innecesario.

Una gestión que pone obsesivo énfasis en el control y en la información buscó no sólo limitar a los fiscales, a los que considera demasiado líberos y con aires de vedetismo, sino también a los periodistas, a los que estima suficientemente incómodos e inoportunos para quien desea ejercer a pleno su legítimo poder constitucional.

En fuentes judiciales se justificó la decisión de implantar el cepo en un pedido “de los propios fiscales” que aseguraron, “se sienten presionados” por los medios. Pero también, en la propia decisión de la Procuración en sintonía con el Ejecutivo, de acotar sus atribuciones a fin de menguar su presencia mediática. “Un fiscal es alguien que con un simple examen ya está en condiciones de detener (o no) a una persona…”, se atajan en el Palacio de Justicia cuando se le piden explicaciones por el paso en falso pensado como una frustrada arma de doble efecto.

Lo cierto es que la tarea de la estructura propuesta por la nueva procuración ante casos de alto impacto e interés público como fueron estas desapariciones seguidas de muerte, dos de ellas, y un asesinato violento la tercera, hizo agua. Con fiscales imposibilitados de hablar ante la prensa, con la mediación de la coordinadora Teresita Day quien no hizo más que de intermediaria del Whatsapp oficial entre los investigadores y los periodistas, la situación desbordó largamente y finalmente quedó en la nada como triste imagen del Estado ineficiente.

Las resistencia del Sindicato de Prensa de Mendoza, del Foro de Periodismo Argentino (Fopea) y hasta de la Asociación de Entidades Periodísticas (Adepa) que advirtieron sobre este “cepo informativo” en la Justicia, hizo retroceder a un oficialismo legislativo no muy propenso a la revisión.

El imperio de los hechos puso en evidencia que generalmente el orden suele ser el ropaje del control. Y que la información, como el agua, siempre busca un curso, que cuando no se alimenta de fuentes certeras suele tomar caminos equívocos, tergiversados o falaces. Todo ello, sin perjuicio del riesgo de poner (si la iniciativa oficial hubiera prosperado) otra vez a Mendoza en el listado de los sitios donde no sólo se violan las condiciones humanitarias en las cárceles -como sucede también en casi todo el país-, sino también como el lugar donde las mordazas a la tarea periodística y la libertad de expresión hubieran estado instituidas por ley.

Demasiado dolor y tarea por delante tiene esta sociedad empecinada en matar, para tener que sumarle controversias improductivas y de dudosa constitucionalidad. La multitudinaria marcha que en reacción a los crímenes paseó su indignación por las calles céntricas debería ser en todo caso un cimiento para construir lo nuevo. Algo que no podrá salir de las pintadas, las consignas rabiosas, los piedrazos o los piromaníacos revolucionarios que terminaron empañando una protesta pacífica y legítima frente a la Legislatura. Tampoco esa tarea podrá ser posible si las señales que emergen desde el poder están más cerca de los autoritarismos del pasado más reciente que del republicanismo que supimos conseguir.

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