Lobos se demoró y perdió en la Corte

Luis Lobos y su esposa, Claudia Sgró, no pueden volver a trabajar en la Municipalidad de Guaymallén. La Suprema Corte rechazó la Acción Procesal Administrativa (APA) que había solicitado el ex intendente para recurrir el despido ordenado por el actual intendente, el radical Marcelino Iglesias.

Por ahora, el peronista Lobos y su cónyuge no pueden volver a sus viejos puestos de trabajo, aunque el abogado de ambos, Omar Venier, dijo que presentará un pedido de reposición ante la misma Suprema Corte.

La decisión rechaza el reclamo de Lobos y Sgró por dos argumentos formales: uno, porque la presentación de la APA la hizo el 22 de junio, un día después de que se vencía el plazo último para hacer el reclamo; el otro porque Lobos y Sgró no cerraron el camino del reclamo administrativo.

El defensor Venier dijo que la Corte contabilizó el lunes 20 de junio en el plazo de 30 días previstos para iniciar la APA y que ese día fue feriado, por lo que el vencimiento del plazo ocurría el 22 de junio, el día en que finalmente se presentó el recurso.

Además, explicó que efectivamente no terminó el reclamo administrativo porque “la doctrina dice que no se puede obligar a una persona a realizar actos inútiles. En el caso del despido de Lobos, el intendente Iglesias ya había preopinado en los medios”.

Con esos argumentos es que Venier planteará la reposición para que la Corte revea su decisión.

El fallo

A primera hora de ayer, se publicó en la página del Poder Judicial la decisión de la Suprema Corte respecto del reclamo de Lobos y Sgró, aunque el fallo de la sala 2 de la Suprema Corte fue firmado por Omar Palermo y Mario Adaro el miércoles pasado.

Según los argumentos de los supremos, Lobos y Sgro fueron notificados del despido el 17 de mayo pasado y “la acción procesal administrativa se inició en fecha 22 de junio de 2016, habiendo expirado el plazo el 21 de junio de 2016 a las 9.30”, dice el considerando.

A párrafo siguiente, Adaro y Palermo, ambos jueces ligados al peronismo, señalan que los también peronistas Lobos y Sgró tampoco presentaron la revocatoria “que pone fin a la instancia administrativa”.

Entonces los supremos sentencian: “Rechazar formalmente la acción incoada a fs. 213/220 por los Sres. Luis Alberto Lobos y Claudia Verónica Sgró Fernández, con costas”. O sea que, además, deberán hacerse cargo de los gastos.

El actual intendente Iglesias consideró que “cualquier persona tiene la posibilidad de ir a la Justicia” y que con el fallo publicado ayer “Lobos y Sgró nunca más van a ser personal de la municipalidad”.

Iglesias agregó que cuando terminó el mandato en un cargo público, “me fui a la calle. No pueden tener la indignidad de mantener un cargo categoría I del escalafón, equivalente a director de Turismo en el caso de Sgró, quien además no tiene ninguna formación en esa área, y de servicios públicos, Lobos. Tendría que haber renunciado cuando terminó su mandato”.

Los Andes intentó comunicarse con el ex intendente Lobos y fue imposible contactarlo.

El 18 de mayo pasado, este diario informaba sobre el despido, que fue el punto final de un sumario administrativo iniciado por haberse encontrado en la casa de Lobos y Sgro expedientes con “información sensible”.

Esos expedientes fueron encontrados en un allanamiento ordenado por la Justicia, en una de las cuatro causas en las que se investiga a Lobos (ver aparte). En ese expediente que investiga el fiscal Juan Manuel Bancalari se aborda el alquiler de camiones pagados con sobreprecios. En esta causa Lobos está imputado.

Como contrapartida, Lobos ha denunciado al intendente Iglesias ante la Justicia por falsedad ideológica.

El representante legal del ex intendente señala que el sumario administrativo por el que su rival en las elecciones del año pasado ha sido despedido de la comuna, contiene información trucha para justificar la exoneración.

Cuatro causas complican al ex intendente y familia

Además del alquiler de camiones con sobreprecios, hay otras tres causas en las que Lobos es investigado: una, también en manos del fiscal Juan Manuel Bancalari, y las otras dos en las del fiscal Santiago Garay.

La que investiga Bancalari se refiere a un fraude a la administración pública por la carga de combustible comprado por la Municipalidad de Guaymallén que habría sido usado para cargar los tanques de autos particulares.

En esta causa los más complicados son otros funcionarios municipales e incluso uno de los hijos de Sgró.

El fiscal Garay tiene en sus manos la causa de la empleada doméstica de la madre de Sgró que tenía un cargo en la Municipalidad, aunque la mujer cobraba sólo una parte del sueldo que figuraba en los registros municipales. En esta causa están imputados Lobos y Sgró.

En la otra causa, Garay investiga el alquiler de una planta de asfalto a la empresa Wanka SA, un contrato de unos 20 millones de pesos que, de acuerdo a la denuncia, se hizo de manera exprés con una empresa que no estaba registrada en la Administración Tributaria Mendoza como proveedora de este tipo de equipamiento.