Líderes en un ranking lamentable

La reciente asamblea anual de la Sociedad Interamericana de Prensa volvió a ubicar a la Argentina entre los países en los que no se respeta la libertad de expresión; podio lamentable que comparte con Nicaragua y Venezuela.

Las conclusiones del reciente congreso de la Sociedad Interamericana de Prensa fueron contundentes: la Argentina, junto a Nicaragua y Venezuela, lidera el ranking de países en los cuales no se respeta la libertad de expresión y donde “la corrupción por parte del Estado se ha visto reflejada en el abuso de la propaganda estatal y en la distribución discriminatoria de la publicidad oficial en sus distintos niveles”.

El organismo no ha hecho más que reflejar y denunciar a nivel internacional lo que los medios independientes vienen afirmando en el país durante los últimos años y que ha recibido los más duros cuestionamientos de parte del oficialismo utilizando, para cubrir ese objetivo, cualquier método, incluyendo la mentira y la descalificación.

La asamblea anual de la SIP se realizó en Santiago de Chile y contó con la participación de más de 300 delegados en representación de 22 países. Fue presidida por la titular saliente del organismo, Elizabeth Ballantine, de The Durango Herald, de Estados Unidos, y en la oportunidad se realizó un exhaustivo estudio sobre la situación por la que atraviesa la prensa en la región.

En ese marco, el gobierno argentino no salió bien parado en razón de que resultó cuestionado desde dos de los planos en que se avanzó durante las conversaciones.

El primero de ellos, en lo que se denominó utilización de prácticas discriminatorias a través de la asignación de la publicidad oficial. La SIP pidió que se respeten “criterios objetivos y equitativos” y que “no se utilicen recursos públicos como sistema de premios y castigos”, asegurando entonces que esa modalidad de reparto favorece o perjudica a los medios según la línea editorial, por lo que se convierte “en una herramienta de censura indirecta”.

Se aseguró en ese contexto que esas arbitrariedades “han llevado a resultados escandalosos, como que, por ejemplo, un estilista sin antecedentes en medios de comunicación llegara a recibir a título personal 20,7 millones de pesos en los primeros cinco meses del año”.

La SIP exhortó entonces a las autoridades argentinas a que “cumplan los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de tribunales inferiores que las obligan a una distribución de la pauta publicitaria no arbitraria ni reñida con los principios de libertad de expresión”.

El plano restante estuvo dado en el planteo que realizó el organismo en lo que consideró una “aplicación selectiva” de la ley de medios con el Grupo Clarín.

La asamblea rechazó el procedimiento llevado a cabo por el Gobierno, al tiempo que le reclamó que cumpla con las indicaciones que impuso el fallo de la Corte Suprema en cuanto al “trato igualitario” y “no discrecionalidad en la aplicación de la norma”.

La entidad continental entendió que, a su juicio, “no” se respetó “el debido proceso” y que se exhibió “un trato discriminatorio en la actuación de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual”. Consideró que la Afsca “viene demostrando una clara hostilidad, en palabras y hechos, contra determinados medios, lo que altera la necesaria imparcialidad y mesura que debe guiar a quien tiene a su cargo el control del espectro radioeléctrico”.

De su titular, Martín Sabatella, dice que “ha reivindicado su militancia en el partido gobernante y no ha acreditado antecedentes profesionales en la materia que debe regular”.

Resulta ciertamente lamentable que la Argentina, que durante el actual período democrático había recuperado y fortalecido las libertades individuales y el respeto a la libertad de expresión, se vea ahora severamente cuestionada por organismos internacionales por sus avances sobre los medios independientes y por la utilización del dinero del Estado -o sea de todos los argentinos- para favorecer con la pauta publicitaria a quienes dicen coincidir con la gestión del oficialismo.

Actitudes autoritarias que no se condicen con la madurez alcanzada por la ciudadanía que ya ha advertido las actitudes reprochables de quienes tienen la obligación de conducir los destinos del país.

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