• Domingo, 14 de agosto de 2016
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La legalización del aborto llega a un Congreso dividido

Hay diputados que apoyan proyectos “pro-vida”, pero los que impulsan la despenalización quieren discutir en setiembre la iniciativa. Hasta las 14 semanas una mujer podría decidir si quiere interrumpir su embarazo.

Mario Fiore - Corresponsalía Buenos Aires

La comisión de Salud de la Cámara de Diputados será la encargada de abrir el debate sobre la despenalización del aborto. Así lo confirmó a Los Andes la titular de la misma, la diputada entrerriana Carolina Gaillard (Frente para la Victoria), quien impulsa la iniciativa que presentó por cuarta vez la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito a principios de julio. 

Que el debate lo inicie la comisión de Salud es un giro en la estrategia de los sectores que pugnan desde hace años por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Hasta 2014, el Congreso tuvo tibios intentos por discutir el tema y siempre la comisión que estuvo en el centro de la escena fue la de Legislación Penal.

Pero en esta oportunidad, la idea de los impulsores de la iniciativa es intentar un abordaje desde la óptica de la salud pública, de modo de generar conciencia sobre los riegos sanitarios -de muerte- a los que están expuestas las mujeres y poner en segundo lugar la histórica visión punitiva. 

Atentas a esta situación, varias diputadas del Frente para la Victoria (FpV) decidieron presentar un proyecto paralelo al de la Campaña Nacional que busca hacerse eco de esta óptica sanitarista.

“La presente ley tiene como objeto garantizar el ejercicio del derecho a la salud integral de la persona gestante a los fines de reducir las tasas de mortalidad materna prevenible, entendiendo que en todos los casos las personas deben tener acceso a servicios de calidad para tratar controles y complicaciones de abortos, y que en los casos en que el aborto es legal, debe garantizarse su acceso sin obstáculos ni dilaciones”, dice la iniciativa K. 

Los dos proyectos llevan de 12 a 14 semanas el tiempo en el cual las mujeres podrán decidir voluntariamente la interrupción del embarazo, sin necesidad de que intervenga la Justicia. Sin embargo, es el proyecto de la Campaña el que tiene mayor adhesión. Fue firmado por 40 diputados, un número alto pero sensiblemente menor al apoyo que tuvo la iniciativa en 2014, cuando cosechó más de 70 rúbricas. 

El dato a tener en cuenta es que todos los bloques principales tienen legisladores firmantes de la iniciativa de la Campaña. Otro es que tres de los cuatro presidentes de las comisiones que deberán debatir están públicamente a favor de la despenalización del aborto. 

Por ello, la kirchnerista Gaillard aseguró que lo ideal sería que el proyecto se empiece a discutir de forma conjunta por todas las comisiones. Además de la de Salud están las de Familia, la de Legislación Penal y la de Legislación General. Estas tres últimas están conducidas por legisladores del oficialismo, pero es Daniel Lipovetsky (PRO), titular de Legislación General, quien tiene la potestad de llamar a la reunión plenaria ya que su comisión es la cabecera. 

“Estoy a favor de que el Congreso debata la despenalización pero vamos a tener que trabajar mucho para arribar a consensos. No creo que este sea un tema para llevarlo a los empujones”, dijo el macrista Lipovetsky a Los Andes, quien descartó de ese modo imprimirle velocidad a la discusión. “Hay que armar un cronograma de trabajo y acordarlo con los bloques principales”, añadió. 

Lipovetsky y Gaillard, además de presidir las comisiones de Legislación General y de Salud -respectivamente-, son también firmantes del proyecto de la Campaña Nacional. En tanto, la radical Silvia Alejandra Martínez, titular de la comisión de Familia desde el pasado martes, no firmó el proyecto pero admitió que está a favor del debate. “Creo que hay que empezar a discutir”, le dijo a radio Nacional. 

 

En minoría

Sin embargo, el grueso de la Cámara de Diputados no tiene una posición a favor de la despenalización del aborto y hay un grupo de legisladores que patrocina un proyecto en sentido contrario, el cual sumó 53 adhesiones. La iniciativa se llama “Régimen de Protección Integral de los Derechos de las Mujeres Embarazadas y de los Niñas y Niños por Nacer”.

La misma no sólo considera que la vida comienza desde la concepción y que debe protegerse en todo el proceso de gestación sin discriminación de ninguna índole, sino que también sostiene que es un acto de “violencia contra las mujeres” cualquier intervención tendiente a convencerlas de que aborten. 

A este fuerte rechazo de los sectores “pro-vida” se suma el hecho de que el presidente Mauricio Macri, como su antecesora en el Sillón de Rivadavia, Cristina Kirchner, tiene una posición contraria a la legalización. 

Ante un escenario que no aparece como muy permeable, Gaillard se comprometió con las activistas de la Campaña Nacional a iniciar el debate en su comisión, la de Salud, el próximo mes. “Es urgente iniciar la discusión porque mientras tanto se van muriendo mujeres por practicarse abortos de forma clandestina. Es importante entender que con la despenalización no aumentará el número de abortos pero sí bajará el número de mujeres muertas”, explicó Gaillard. 

La cordobesa Estévez también se mostró favorable a que el tema empiece a tener rodaje en el Congreso, más aún teniendo en cuenta que hay por delante un arduo trabajo de convencimiento.

“Esta es una discusión necesaria que hay que dar. Más cuando estamos en una situación de crisis económica y social porque quienes fallecen son por lo general las mujeres más humildes”, opinó. “Las discusiones sobre la gestación son siempre muy complejas. Pero coincido con que esto tiene que ver con la salud de las mujeres, con la posibilidad de que puedan decidir sobre su propio cuerpo”. 

La duplicación de la iniciativa -entre el proyecto de la Campaña y el de las legisladoras K- tiene que ver con ciertas diferencias entre las activistas feministas nucleadas en torno a la iniciativa originaria y el kirchnerismo más duro, sobre todo por la falta de avances que tuvo el debate por la despenalización del aborto durante los 12 años que gobernó el Frente para la Victoria. 

Estos roces se hicieron explícitos en 2014 cuando Diana Conti, la principal referente K del tema, no pudo sacar dictamen de la comisión de Legislación Penal porque desde la Casa Rosada se bajó la orden de dar marcha atrás.

En 2010, también en esa comisión, un grupo de legisladores estuvo cerca de emitir despacho favorable, pero esto sucedió pocos días antes de que Cristina Kirchner asumiera su segundo mandato y recuperara el control total del Congreso. Entre 2011 y 2014, todos los esfuerzos del activismo pro-aborto no encontraron eco parlamentario. 

 

Proyecto para “proteger la familia y el niño por nacer”

“Respetar y proteger la vida de todos los seres humanos desde su concepción, a partir de la fecundación del óvulo, hasta su fin natural, asegurando en todo el momento del proceso vital su reconocimiento como persona humana y la garantía del goce pleno de los derechos que son inalienables con independencia de su origen, desarrollo, tiempo de gestación y expectativas de sobrevida”, sostiene el proyecto de ley que patrocina la Red Federal de Familias y que firmaron 53 diputados nacionales en mayo. 

“La interrupción voluntaria del proceso de gestación, producida por cualquier método y causa, es una grave y directa violación del derecho fundamental a la vida de todo ser humano y por tanto nunca podrá ser tolerada por el Estado. Las personas antes de nacer gozan -efectivamente- de la misma protección jurídica que la que se reconoce a las ya nacidas”, agrega el mismo proyecto. 

“El niño por nacer tiene derecho inalienable a la vida”, afirma luego. En el mismo artículo, se afirma que el “niño por nacer no podrá ser discriminado” a razón de su patrimonio genético o por los motivos que dieron lugar a su gestación. Para los casos de violaciones, el proyecto de la Red Federal de Familias prevé que se le pague a la mujer una asignación del Estado hasta el momento del alumbramiento.

Si decide hacerse cargo de la crianza, seguirá entonces cobrándolas hasta que su hijo cumpla los 18 años. En caso de que no decida criarlo, el Estado garantizará la adopción del chico y quien cobrará la asignación será la familia adoptante. 

Esta iniciativa, que este año cuenta con más firmas que los proyectos de legalización del aborto, fue firmada entre otros por varias expresiones del peronismo como los sanjuaninos Héctor Tomas y José Luis Gioja (FpV), todo el delasotismo -entre ellos el demócrata cristiano Juan Brügge y la esposa de Juan Manuel de la Sota, Adriana Nazario-, sectores del macrismo -Facundo Garretón o la demócrata mendocina Stella Haczuk-, y algunos radicales como el mendocino Luis Petri y el tucumano Juan Casañas. 

No hay firmas, por supuesto, de legisladores de izquierda. Aunque llama la atención que se haya sumado el sindicalista estatal Edgardo Depetri, de la línea dura del kirchnerismo, quien curiosamente también firmó el proyecto de despenalización del aborto. 

 

Los mendocinos

Dos diputadas mendocinas están a favor de la legalización del aborto. Se trata de la troskista Soledad Sosa (FIT) y de Graciela Cousinet (Libres del Sur).

En tanto, dos diputados de Cambiemos apoyan el proyecto de “protección del niño por nacer”: el radical Luis Petri y la demócrata Stella Maris Huczak.