La excusa de los buitres

Luego de negar el default y asegurar que nada pasaría, ahora el Gobierno endilga casi todos los problemas a la insidiosa acción de los buitres. El problema empezó mucho antes: es la bancarrota del “Modelo”

La excusa de los buitres
La excusa de los buitres

La decisión del juez federal de Nueva York, Thomas Griesa, de declarar en “desacato” a la Argentina reforzará, sin duda, el discurso victimizante y la consigna épica “Patria o buitres”, principal respuesta política del Gobierno frente al agravamiento de la situación económica y social.

La escalada del conflicto aleja cada vez más la posibilidad, en la que algunos dentro y fuera del kirchnerismo todavía creían, que a principios de 2015, disipado el fantasma (o la excusa) de la “cláusula RUFO” (que obliga a extender a todos los acreedores cualquier oferta superior a la de los canjes de 2005 y 2010), el Gobierno hiciera de tripas corazón y se aviniera a negociar con los fondos buitre el pago de la sentencia de Griesa, destrabando el acceso al crédito externo y aliviando la escasez de dólares que hoy asfixia a la economía argentina.

En su reciente paso por Roma y Nueva York, Cristina Fernández de Kirchner (CFK) marcó la continuidad e intensificación de la línea oficial. 
Invocando el apoyo del Papa Francisco, que obviamente está en contra de los aborrecibles buitres, la Presidenta pronunció sus catilinarias ante la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, buscando el embriagador efecto del "Relato" para su tribuna local de beneficiarios cínicos, militantes rentados, creyentes a prueba de evidencia y escépticos de las alternativas, conjunto variopinto que, estiman las consultoras, sigue dando al kirchnerismo la condición de primera minoría política del país.

Más importante aún, el oficialismo cuenta con mayoría propia en las dos Cámaras del Congreso, maneja decenas de gobernaciones provinciales, controla varios juzgados federales y tiene en sus manos una “caja” que, aún en tiempos de déficit fiscal, le confiere un poder enorme. Apenas un dato para dimensionar de qué se trata: el gasto público diario es, hoy, superior al gasto público mensual de cuando asumió Néstor Kirchner.

Es casi inédito que un juez de un país declare en “desacato” a otro país. De hecho, el de la Argentina es apenas el tercer caso, tras los del Congo y Rusia. Hay argumentos jurídicos y doctrinarios para discutir la validez de aplicar semejante resolución a un “soberano”. El bien pagado estudio “Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton” que hace más de 15 años asesora a la Argentina en los temas de deuda, lo expuso ante Griesa.

Pero lo cierto es que cuando realizaron los canjes de deuda de 2005 y 2010, los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner eligieron Nueva York como jurisdicción legal de una buena porción de los nuevos bonos. Nada extraño allí. Se trata del principal mercado de capitales del mundo. Financiarse fuera de él es posible pero más caro. En el caso de la Argentina K, mucho más caro. Lo atestiguan las altísimas tasas que el gobierno de Néstor Kirchner pagó por los dólares “bolivarianos” de la Venezuela chavista y el “riesgo-país” argentino, que es, junto al venezolano, el más alto de América Latina.

Secundada en la tarea por el canciller Héctor Timerman y el ministro de Economía, Axel Kicillof, la Presidenta quiere hacer creer que los “fondos buitre” son actores de peso del sistema financiero internacional, cuando en verdad son desagradables actores de reparto. ¿Cuántos países tuvieron o tienen problemas con ellos? ¿Por qué montos? La respuesta remite al terreno de las anécdotas de especialistas.

Lo que la economía argentina enfrenta, y el gobierno quiere ocultar, es la bancarrota del “Modelo” K. Esa crisis no comenzó con el default del que el kirchnerismo no se atreve a decir su nombre, ni siquiera con el fallo de Griesa, de 2012, que abrió la actual saga de los “buitres”.

Por no ir más atrás, baste recordar que a fines de 2011, apenas días después de que CFK fuera reelegida presidenta con 54% de los votos, el gobierno instauró el “cepo cambiario” para custodiar y vigilar los dólares que necesitaba para financiar los miles de millones en importaciones necesarias para compensar el déficit de hidrocarburos que prohijó la descaminada política energética del kirchnerismo.

El “remedio” fue peor que la enfermedad. Desde entonces, las reservas del BCRA cayeron en más de 20.000 millones de dólares. Ningún otro país de la región, salvo Venezuela, tuvo un problema similar. En 2009, según datos de Cepal, las reservas internacionales de la Argentina equivalían al 8,7% del total de América Latina. En mayo pasado, la proporción se había reducido a 3,4 por ciento.

La principal causa de pérdida de reservas fue que el cepo dinamitó el canal “financiero” del balance de pagos. Dejaron de ingresar préstamos oficiales, cesó la financiación inter e intra-empresas desde el exterior, se achicaron los dólares del turismo y se esfumaron los proverbiales “dólares del colchón”.

Era previsible. ¿Quién ingresaría divisas que luego no podría sacar? ¿Qué turista cambiaría sus billetes al precio oficial, si cualquier restaurante, tienda u hotel podía pagarle mejor? ¿Qué argentino ignoraría que el tipo de cambio “blue” es 50, 60 o más de 70 % superior al que dice el Gobierno? Esa pérdida fue más importante aún que los dólares sojeros, sobre los que hoy carga las tintas el discurso del gobierno y de los patéticos “intelectuales” de Carta Abierta.

Con las reservas ya por debajo de los 28.000 millones de dólares y el precio internacional de la soja para 2015 entre 35 y 40% por debajo del valor de la última campaña, las condiciones para una devaluación son más claras y, a la vez, peores de lo que eran en enero pasado.

Más claras, porque la escasez de divisas y la dilución de reservas asfixia a la economía. Peores, porque tras varios años de mentira estadística y constante aumento de precios, la demanda de moneda local se ha extinguido lo que garantiza, a una devaluación, mayor impacto inflacionario y, de arrastre, mayor conmoción económica y social.

Ese impacto agravaría una recesión que ya lleva un año de vigencia. La actividad industrial viene en caída hace más de doce meses y hasta el Indec reconoció que en la primera mitad de 2014 todos los componentes de la demanda se retrajeron, con excepción del gasto público.

El último trimestre será, sin dudas, durísimo. Y peor en la medida en que el gobierno persista en el intento de engañar a los argentinos y al mundo.

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