• Domingo, 5 de febrero de 2017
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Tarifas: la luz aumentaría 20% más hasta fin de año en Mendoza

Es a lo que apunta un decreto de “readecuación” del VAD pronto a salir para cubrir la inflación de 2016. Una audiencia pública debe ratificar la propuesta.

Miguel Ángel Flores Isuani - mflores@losandes.com.ar

Ya transcurrieron cinco días de febrero y los mendocinos aún esperan saber cuánto más tendrán que pagar en las próximas facturas de electricidad según el aumento anunciado el jueves por el Gobierno nacional, que rige desde el 1 de este mes y puede llegar al 150 por ciento, según categorías y regiones.

En Mendoza, el impacto de esa suba será de 37 por ciento dividido en dos etapas pero el incremento en la energía no se quedará allí. Así, si de ahorrar para amortiguar el impacto en el bolsillo se trata los mendocinos tendrán que esforzarse un poco más debido a que se viene otra suba en la tarifa eléctrica; en este caso decidida por el Ejecutivo provincial que será de 20% como mínimo.

El decreto es el puntapié inicial del denominado “proceso de readecuación del VAD” (Valor Agregado de Distribución), uno de los 3 componentes que incide en las boletas junto a impuestos y el costo de abastecimiento (precio mayorista de energía) que, no obstante, debe atravesar la instancia de la audiencia pública. 

Es resultante de otro decreto, el 590/15, por el que el ex gobernador Francisco Pérez se comprometió con las distribuidoras eléctricas de la Provincia a actualizar el VAD una vez concluido un cronograma de ajuste de hasta 18 cuotas al que le quedan sólo 2.

Afinar el lápiz y luego de sopesar los ítems técnicos, pulir el porcentaje de ajuste final le corresponde al Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE). 

Pero el Gobierno supedita su aplicación a que con lo recaudado se constituya un fideicomiso para obras y mejoramiento de la infraestructura eléctrica. A priori, algunos cálculos arriesgan que rondará un 20%.

“Se modificó en un mes la fecha prevista (desde febrero) para iniciar el proceso de readecuación que contempla reconocimiento de mayores costos. Restará determinar cuándo y cómo se aplique, pero lo cierto es que entendemos que así las empresas tendrán tarifa plena, un viejo argumento para justificar la falta de inversiones. Y así se les podrá exigir y controlar que cumplan con las mismas”, adelantó el secretario de Servicios Públicos, Sergio Marinelli.

Para el Ejecutivo, será la llave que lo empoderará en la relación con los concesionarios del servicio. “Lo que está claro es que si no hay acuerdo previo en cuanto al fideicomiso y un listado de obras explicitadas deberán proponer una alternativa que garantice el destino de los fondos. Es condición para avanzar”, advirtió enfático Marinelli, que administra otra caja con fondos nacionales, el Fondo de infraestructura Eléctrica del Interior, a través del cual se  prevé destinar más de $ 50.000.000 entre obras de mejoras de servicio.

Según anticipó el funcionario, una parte irá como adelantos reintegrables  a cooperativas rurales. Y el resto a obras “promocionales, que no son obligatorias para los concesionarios”, como tendido monofilar a zonas con menos infraestructura del Este, Alvear y San Rafael.

Si las empresas no objetan las condiciones del Gobierno, el decreto número 148, con la firma del gobernador Cornejo, debería publicarse en estos días.

 

Condonación y algo más

La definición va por carriles paralelos a la controvertida condonación de deudas que finalmente la Nación incluyó en un artículo del Presupuesto 2017. 

Y beneficia, entre varias distribuidoras históricamente deudoras del mercado mayorista eléctrico (Cammesa) como las porteñas Edenor y Edesur, sobre todo a Edemsa, una de las 4 distribuidoras que el acreedor tiene en la mira con casi $.1.200 millones.

“Es una compensación por ingresos no percibidos mientras estuvo congelada la tarifa del que resta saber cuál será el mecanismo a aplicar por la Nación. Del cruce con las inversiones dependerá que lo reciban”, señaló el secretario de Servicios Públicos.

Las empresas, por su parte, aspiraban a un 30 por ciento de ajuste como parte de un procedimiento que -pretenden- sea semestral. Incluso, van más allá al advertir que “ya debería haberse empezado a plasmar desde el 1 de enero”, a riesgo de que empiecen a hacerse frecuentes los problemas de corte del servicio.

Pero no es todo: un viejo reclamo por ingresos no percibidos entre agosto de 2013 y diciembre de 2015 (durante la Convergencia Tarifaria que congeló los valores), también pesa en la balanza, junto a lo que más la inclina para actualizar el VAD: la inflación acumulada en costos de 2016 (cables, mantenimiento, salarios) y el costo financiero de cobrar lo adeudado por Pérez en 6 cómodas cuotas.

El cronograma viene aplicándose rigurosamente desde marzo cada trimestre, a un ritmo de 8,75 por ciento de VAD, lo que trasladado a las facturas equivale a pequeños “retoques” de entre 3,5 por ciento y 4,5 por ciento. 

Sin embargo, a criterio de los concesionarios, hay un desfasaje temporal mucho mayor. Es el que se generó desde que el ex ministro Julio De Vido impuso con el Programa de Convergencia, que congeló tarifas 28 meses. Esto es, desde agosto de 2013 (fecha en que debía hacerse la primera Revisión Tarifaria Integral desde 2008) hasta diciembre de 2015, cuando el ex gobernador, a punto de irse, les reconoció la deuda por parte de la Provincia .