La Corte evalúa el manejo conjunto del río Atuel

Mendoza y La Pampa mantuvieron sus argumentos en la audiencia citada por el máximo tribunal de Justicia. Las preguntas de la mayoría de los ministros los mostraron más incisivos con la postura de nuestra provincia.

El gobernador, Alfredo Cornejo, hizo una firme defensa de la posición de Mendoza respecto del uso de los recursos hídricos del río Atuel al intervenir ayer en la audiencia pública convocada por la Corte Suprema de Justicia a pedido de La Pampa para buscar una solución definitiva al histórico conflicto.

No obstante, la sensación que quedó al final de las cuatro horas de audiencia en el cuarto piso del Palacio de Tribunales, con la presencia de Cornejo y de su par pampeano, Carlos Verna, acompañados de especialistas de uno y otro lado, parecería no ser del todo favorable a la posición de Mendoza.

“Mendoza es esencialmente desierto, y a todas luces podemos decir que no resulta razonable decirle al desierto que entregue agua porque sencillamente no se puede dar lo que no se tiene”, fue la sentencia con la que el Gobernador cerró su intervención, después de que lo hiciera su colega pampeano.

“En Mendoza -puntualizó-, no hay un solo árbol sin una acequia que lo irrigue, ni una planta en pie sin esfuerzo humano, en medio de la fragilidad de su sistema hídrico”.

Respaldado por argumentaciones previas y posteriores de expositores en la condición de “amigos de la Corte”, que fundamentaron con datos técnicos y fundamentos jurídicos la posición de la Provincia, Cornejo defendió el fallo de la Corte de 1987 que denegó el reclamo de La Pampa.

“Pese  a lo cual -sostuvo- Mendoza siempre mantuvo abierta la puerta para una negociación de buena fe, haciendo esfuerzos significativos para acercar posiciones que atienden los intereses de las partes”.

Al respecto recordó la construcción de las obras con dinero provincial de Punta del Agua para proveer a La Pampa, dado que los recursos del Atuel eran insuficientes para cumplir con la sentencia de la Corte de 1987.

“Muchas otras iniciativas surgieron de Mendoza, aunque sin eco en La Pampa, que sólo procura como objetivo  velado un acuerdo derogatorio de la sentencia de 1987. Para La Pampa sólo es válido un acuerdo que incluya la posesión de los caudales que le fueron denegados en  perjuicio de los usos que existen en Mendoza", enfatizó Cornejo.

En ese sentido recordó que en los últimos 30 años se hicieron obras en Mendoza por 120 millones de dólares para mejorar el uso de los recursos del Atuel.

Después de hacer una referencia al cambio climático que afecta desde hace años el caudal del Atuel, Cornejo dio números: en tanto La Pampa sólo tiene un 1% irrigable de sus más de 800 mil hectáreas cultivadas, Mendoza cuenta con todas sus 335.000 hectáreas productivas bajo riego. “No es casual que sea la vid el cultivo dominante”, afirmó.

Antes de su exposición, aportaron datos técnicos en respaldo de la posición provincial Miguel Mathus Escorihuela, en representación de la Universidad de Mendoza, junto a especialistas de esa casa de estudios; el superintendente de Irrigación, Sergio Marinelli, y el presidente de la Federación Agraria de General Alvear, Carlos Achetoni.

Después aportaron fundamentos jurídicos y técnicos el fiscal de Estado mendocino, Fernando Simón, y el aprobado patrocinante Alberto Bianchi, quienes también contestaron preguntas de los cinco miembros de la Corte.

Cornejo estuvo sentado en el ala izquierda del salón, visto desde el estrado, al lado de la vice Laura Montero. Pasillo mediante se ubicó Verna, secundado en segunda fila por sus antecesores Oscar Jorge y Rubén Marín, en tanto en la última fila de ese ala siguió la audiencia el macrista secretario de Deportes de la Nación, el pampeano Carlos Mc Allister, al lado de la senadora nacional mendocina Pamela Verasay (UCR).

El ataque pampeano

“Para La Pampa se trata de una cuestión de Estado”, explicó Verna al fundamentar la presencia de los gobernadores pampeanos de “la democracia”.

“A La Pampa nos robaron un río, el río Atuel”, dijo, además de calificar de “desastre ambiental” lo que sucedió en el oeste de su provincia desde la construcción de Los Nihuiles. “Por fin estamos ante la competencia de la Corte, dispuestos a encontrar a una solución a décadas de despojo, tristeza y empobrecimiento”, señaló.

Verna defendió la necesidad de construir un comité interjurisdiccional de la cuenca del río Atuel, que de haber existido “no habría habido las consecuencias de desastre ecológico”. Una propuesta implícita que parece tener acogida mayoritaria en la Corte, a juzgar por las preguntas que hicieron Lorenzetti, el cordobés Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, no así Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco, enfocada más que nada a temas técnicos.

Si Mendoza integra el comité interjurisdiccional de cuenca del río Colorado (Coirco), ¿por qué no integrar un comité igual para el Atuel? ¿Por qué sostiene la inconstitucionalidad de la Ley Federal del Agua que estables esos comités como el mejor mecanismo? Tales fueron algunas de las preguntas de Maqueda, que no encontraron respuesta de parte del fiscal Simón ni del patrocinante Bianchi.

Sumadas a las que les hizo Lorenzetti, orientadas al acceso al agua como un derecho humano, más que económico, presagian una postura que podría llevar a que Mendoza tenga que acceder a discutir con La Pampa, con el arbitraje de la Nación, el uso de los recursos del Atuel en un comité interjurisdiccional.

Quedó expuesta una interna en la Nación

La audiencia pública de ayer convocada por la Corte fue escenario de una latente pelea interna entre los ministerios del Interior y de Energía en torno a la jurisdicción gubernamental sobre los recursos hídricos.

El subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación, dependiente de Interior, Pablo Bereciartua, iba a ser la voz oficial en la audiencia por el uso del río Atuel, al frente de una representación que también incluía a la directora general de Asuntos Jurídicos de Energía y Minería, María Valeria Mogliani.

Bereciartua tenía previsto proponer analizar el trasvase de agua del río Grande, en procura de empezar a resolver el conflicto entre ambas provincias e inspirado en el acuerdo original de constitución del comité de cuenca del Colorado (Coirco) en los ‘70, como publicó ayer este diario.

Pero. por cuestiones de agenda, Bereciartua se retiró cerca de las 12.30. Sin embargo le dejó a la directora Mogliani un escrito con una síntesis de la propuesta para que la leyera.

La funcionaria de Energía, sin embargo, no lo leyó, aun cuando anunció la ausencia de Bereciartua, en la brevísima intervención que tuvo al final de la reunión, antes de que, sin más, la cortó el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, después de que diera sobradas muestras de desconocer el tema en debate.

El “olvido” de la funcionaria respondería al interés de Energía en la pelea con Interior por el manejo de los recursos hídricos y las obras relacionadas con el tema. Precisamente, el ministro Aranguren estaría interesado en tomar bajo su control la construcción de la represa Portezuelo del Viento, en Malargüe.

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