Jurista argentino investiga si hay delitos de lesa humanidad en Venezuela

Torturas físicas y psicológicas; detenciones arbitrarias; violencia sexual y asesinatos a golpes. Con una serie de detallados testimonios de organizaciones civiles y víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela, el jurista argentino Luis Moreno Ocampo comenzó a examinar ayer en Washington si existen bases para denunciar al régimen de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional.

En la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en la capital estadounidense, Moreno Ocampo, que fue fiscal de la CPI entre 2003 y 2012, lidera las audiencias -ayer y hoy-para analizar si los delitos denunciados son pasibles de ser juzgados internacionalmente.

Ayer desfilaron representantes de la sociedad civil venezolana y también familiares de víctimas de la represión. La reunión de hoy se centrará en el testimonio de militares venezolanos, con declaraciones de ex miembros de las fuerzas de seguridad.

No es un juicio

Moreno Ocampo ha aclarado que no se trata de un “juicio” contra Venezuela, sino de saber si hay “bases razonables” para una investigación internacional. La iniciativa surgió de parte del secretario de la OEA, Luis Almagro, que está convencido de que hay una “práctica habitual” de violaciones a los derechos humanos en Venezuela, con la muerte de 100 manifestantes, torturas, interacción de elementos paramilitares y el estado para determinar víctimas.

Según aclaró Moreno Ocampo, crimen de lesa humanidad podrían ser prisiones, torturas, privaciones ilegítimas de libertad, asesinatos, persecuciones, pero con ciertas condiciones.

En primer lugar, deben ser cometidos en forma masiva contra grupos civiles como parte de una política de una organización. Tienen que ser, además, un “plan masivo o sistemático” y no tiene que existir un esfuerzo claro de las autoridades locales para investigar los delitos. Si reúne todas estas condiciones podría ser juzgado por el CPI.

Julio Henríquez, del Foro Penal Venezolano, presentó varios casos y aseguró que “un patrón que se estableció es el uso de la violencia sexual contra mujeres detenidas, también contra hombres”.

“Estos delitos ocurren en forma sistemática, no ocurren de forma fortuita, es por medio de un plan de persecución del gobierno que intenta mantenerse en el poder. Estos mecanismos de represión se manifiestan con crímenes específicos, con detenciones arbitrarias, asesinatos, torturas y crímenes sexuales,” señaló. Mencionó casos de violaciones masivas de estudiantes y manifestantes detenidas.

Tamara Suju, directora ejecutiva del Centro de Estudios de América latina (Casla) contabilizó 289 víctimas directas, testimonios de personas que había sido torturadas.

“La política represiva sistemática contra la población civil venezolana ha sido planificada”, señaló. “Hemos conseguidos patrones básicos por los organismos de seguridad para torturar, incluso los lugares que usan para torturar”.

Suju denunció que las fuerzas de seguridad torturan a los arrestados durante las manifestaciones opositoras con la intención de “dejarle marcas profundas, marcas que no se puedan quitar nunca. Son para amedrentar a otros”.

Y menciona pateaduras de cráneo, en la cara, las costillas y en la columna, entre otros tormentos físicos como aplicación de picanas y violaciones.

Mencionó también el caso de las llamadas “torturas blancas”, que no dejan huellas físicas sino psicológicas, que es aplicada sobre todo a los líderes opositores, que tienen más visibilidad pública. “Los encierran en celdas de 2 por 1, con luz blanca 24 horas encendida, sin noción del día y noche, con temperaturas inferiores a 8 grados, sin contactos con familiares ni abogados”.

Mencionó una cárcel conocida como “La Tumba”, que tiene 5 pisos debajo de la tierra, donde hay presos políticos, y donde el único sonido que escuchan es el subte cuando les pasa por arriba de la cabeza. “Son sitios sofisticados para torturar a las víctimas de manera psicológica para obtener información. La mayoría son opositores, no manifestantes”, denunció.

Francisco Márquez, director ejecutivo de Visión Democrática, ex preso político y exiliado, contó que fue arrestado por llevar panfletos opositores en su auto. Estuvo detenido 4 meses “en una mazmorra putrefacta”, sin ver abogados ni a su familia. Y presenció torturas.

“Detrás de cada cifra, caso citado hay una tragedia humana, una familia, una vida, cicatrices profundas que no se borran. Mi caso es una gota en un océano”, afirmó.

Johanna Aguirre, viuda de José Alejandro Márquez Fagundez, contó que su marido, la noche del 19 de enero de 2014, había bajado de su casa y empezado a filmar con un teléfono a la Guardia Nacional, que estaba disparando a unos manifestantes.

Cuando vieron que estaba filmando, cuenta Aguirre, los uniformados lo persiguieron y lo atraparon. Al día siguiente apareció en ropa interior en un hospital, amarrado a una camilla y todo golpeado, relata. Estaba inconsciente y murió tres días después.

“Solo Dios sabe qué pasó entre que se lo llevaron y lo dejaron en el hospital”, dice. “Fue asesinado a golpes”, dijo su viuda. “Quiero que se haga justicia. Quiero que los culpables paguen por el crimen que cometieron”.

El chavismo lo desconoce

Las audiencias finalizan hoy y el gobierno venezolano ha declinado participar o presenciarlas para no darles legitimidad. En octubre habrá una conclusión que será elevada a la OEA y en esa instancia -si se comprobaran que efectivamente hay bases- alguno de los países miembros podría elevar el caso al tribunal Internacional. Venezuela suscribió el Tratado de Roma en 2002, por lo que el CPI puede intervenir.

Posible diálogo entre gobierno y opositores

Delegados del gobierno y de la oposición de Venezuela buscaron ayer por segundo día consecutivo la posibilidad de establecer una mesa de diálogo para hallar soluciones a la crisis política que atraviesa su país.

La reunión en Santo Domingo cuenta con la mediación del presidente dominicano Danilo Medina quien el miércoles aseguró, al término de una primera jornada de encuentros, que “hay mucha disposición de llegar a algún tipo de negociación”.

Medina arribó la mañana de ayer a la sede de la Cancillería, donde se realizan los encuentros, pero no precisó ni la agenda ni el mecanismo de la reunión. El gobernante sólo había explicado la noche del miércoles que “estamos en el proceso de exploración para la construcción de una agenda que lleve a una negociación definitiva a la crisis”.

La presidencia dominicana ha rechazado precisar si ambas delegaciones venezolanas se han reunido entre sí o si cada una se entrevistó por separado con el gobernante y con el ex presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, que también actúa como mediador.

A la cita asisten por parte del gobierno el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, y el diplomático Roy Chaderton.

Por la oposición participan Julio Borges, quien es el presidente de la Asamblea Nacional, Luis Florido, Timoteo Zambrano, Manuel Rosales y Eudoro González.

La reunión fue convocada por el gobierno dominicano y por Rodríguez Zapatero, quien ya en otras ocasiones había participado como mediador entre las autoridades y la oposición de Venezuela.

AP