Italia procesará a 21 militares latinoamericanos

Tras una investigación procesal de 15 años, la Justicia italiana acordó ayer procesar a 21 miembros de las juntas militares y servicios de seguridad de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay por los delitos de secuestro y homicidio durante la denominada Operación Cóndor.

La decisión la tomó el juez Alessandro Arturi, que instruyó la fase preliminar del proceso y que investiga la desaparición de 23 italianos durante las décadas de 1970 y 1980.

El fiscal que tuvo a cargo la acusación durante el proceso en su fase preliminar, Gian Carlo Capaldo, señaló que la “acusación es de homicidio agravado y de acuerdo a las leyes italianas podrían ser condenados a cadena perpetua”.

Entre los que serán sometidos a proceso se encuentran 11 militares y agentes de los servicios de seguridad de la dictadura chilena de Augusto Pinochet, entre los cuales figuran los generales Manuel Contreras y Sergio Arellano Stark. Asimismo, el brigadier Pedro Espinoza Bravo y el coronel Marcelo Luis Moren Brito. Además, el ex presidente boliviano Luis García Meza Tejada; y el ex presidente peruano Francisco Morales Bermúdez. El proceso que comenzará el 15 de febrero de 2015.

Margarita Maino, hermana de Juan Maino, un de las víctimas chilenas que desapareció en 1976, que vino de Chile para estar presente en esta audiencia, expresó que “es algo maravilloso que sean procesados, a diferencia de mi país, donde no han sido juzgados los militares que cometieron estos crímenes”. Posteriormente, en una conferencia de prensa, Margarita Maino contó, visiblemente emocionada, que su madre esperó durante 38 años que fueran procesados los asesinos de su hijo, pero murió hace dos meses.

Otros chilenos que serán procesados son Daniel Aguirre Mora, ex prefecto de la Policía; Carlos Luco Astroza, el suboficial Orlando Moreno Vásquez, el coronel Hernán Jerónimo Ramírez, el coronel Rafael Francisco Ahumada Valderrama, el ex comandante Luis Joaquín Ramírez Pineda y el brigadier Manuel Vásquez Chahuan.

Los peruanos son el ex presidente Francisco Morales Bermúdez, Martín Martínez Garay, Germán Ruiz Figueroa y Pedro Richter Prada. 
Los uruguayos son Juan María Bordaberry Arocena, Carlos Calcagno, Pedro Antonio Mato Narbondo r Iván Paulós. Bordaberry falleció en 2011 y Calcago en 2013. Mato y Paulós viven.

“Es un disparate. Es una de las tantas injusticias de la justicia de hoy”, dijo por su parte el general Paulós, quien entre 1978 y 1981 fue jefe del Servicio de Información del Ejército uruguayo.

El abogado Pablo Chagoñia, del Observatorio Luz Arburu de derechos humanos dijo que “los militares que ya está presos en Uruguay deberán cumplir su condena antes de poder ser procesados en Italia. Pero veo con una enorme expectativa que se someta a juicio a Mato y Paulós, varias veces acusados pero nunca procesados en Uruguay, beneficiados por la impunidad que rige en este país desde hace décadas”.

Chargoñia agregó que la Justicia italiana trabaja el caso desde hace años y que cuenta con “una base probatoria muy sólida... Me sumo a la satisfacción de que la justicia italiana avance en la investigación de los crímenes en el Cono Sur”, dijo.

El juez italiano separó el caso de algunos de los militares uruguayos imputados, pues ya habían sido procesados en su país por el homicidio de los italianos Armando Bernardo Arnone, Gerardo Francisco Gatti, María Emilia Islas y Juan Pablo Recagno.

El magistrado envió una solicitud al ministro de Justicia italiano para determinar si pueden volver a ser procesados por los mismos cargos.

Se trata del ex abogado Juan Carlos Blanco, los militares José Nino Gavazzo Pereira, José Ricardo Arab, Ricardo José Medina Blanco, Gilberto Valentín Vázquez Bisio, Luis Alfredo Maurente Mata, José Felipe Sande Lima, Ernesto Soca, Jorge Alberto Silveira Quesada y Ernesto Avelino Ramas Pereira.

En otros casos de militares uruguayos, el juez se ha reservado su decisión hasta obtener las sentencias penales de primer y segundo grado con las que fueron condenados en sus países de origen. Estos son el militar Juan Carlos Larcebeau y el exdictador Gregorio “Goyo” Conrado Álvarez Armellino, encarcelado en Uruguay desde 2007 por violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar (1973-1985) y que fue presidente de facto de 1981 a 1985.