Irregularidades en la Universidad de las Madres

Las Madres de Plaza iniciaron su actividad en abril de 1977 y su objetivo inicial se centraba en lograr una audiencia con el entonces presidente de facto, Jorge Rafael Videla, para reclamarle por sus hijos desaparecidos. Se reunieron en la Plaza de Mayo y efectuaron una manifestación pública pacífica y en su segunda reunión decidieron realizar caminatas alrededor de la pirámide central, en razón de que las fuerzas de seguridad les exigieron “circular” con motivo del Estado de Sitio.

En esos años se produjo la desaparición de algunas de sus integrantes, mientras el reclamo ganaba trascendencia internacional, especialmente cuando la Argentina fue sede del Mundial de Fútbol, en 1978.

Los objetivos fueron variando a medida que corrió el tiempo porque el reclamo pasó luego a la necesidad de recuperar con vida a los detenidos desaparecidos y después, con el advenimiento de la democracia, para establecer quiénes fueron los responsables de los crímenes de lesa humanidad y promover su enjuiciamiento.

Sin embargo, en la última década, durante la gestión de Néstor Kirchner primero y de Cristina Fernández después, un sector de la Madres, la liderada por Hebe de Bonafini, trabajó abiertamente a favor del Gobierno, a diferencia del sector restante, el denominado Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, presidido por Marta Ocampo de Vásquez, que no está de acuerdo con la incursión en política.

Ese apoyo de Hebe de Bonafini fue “reconocido” abiertamente por el Poder Ejecutivo, que le permitió incursionar con un fuerte aporte logístico y monetario para poner en funcionamiento su propia radio, un café literario, una guardería infantil, un programa de televisión y dos iniciativas que han terminado en verdaderos escándalos, como el plan de viviendas Sueños Compartidos, primero, y en la creación de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, después.

No hubo control oficial sobre el funcionamiento ni el destino que, por millones de pesos, el Gobierno les fue otorgando, y hasta se dio el caso de que el oficialismo salió en malón a defender a Hebe de Bonafini, cargando todas las culpas del desfalco en las viviendas a los hermanos Schoklender y salvar así su imagen.

Respecto de la casa de estudios se afirma que, por su nivel, el instituto no tiene entidad académica de universidad y se encuentra en un estado financiero crítico, con una deuda ante la AFIP que supera los 200 millones de pesos. En el proyecto que surgió por iniciativa del oficialismo, ni siquiera estará dentro de la órbita del Ministerio de Educación, sino en el de Justicia y Derechos Humanos.

Dejará de depender administrativa y económicamente de la fundación, aunque permanecerán las actuales autoridades y el cuerpo de profesores, pasando a ser una “universidad de lucha y resistencia”, según se define en la presentación, lo que lleva a pensar que se están priorizando objetivos de adoctrinamiento por sobre los de la calidad educativa.

Ante las críticas surgidas tanto desde la oposición como de distintos sectores de la sociedad, desde el oficialismo se intentó aclarar que el

Estado no se hará cargo de los pasivos de la universidad o de la Fundación Sueños Compartidos. Sin embargo, resultaron tan inconsistentes las explicaciones que para el grueso de los legisladores de la oposición sólo se trata de una maniobra para salir al rescate de Hebe de Bonafini tanto en la deuda que tiene con la AFIP como la de tapar el escándalo del plan Sueños Compartidos.

Lo que está sucediendo resulta lamentable desde todo punto de vista. En el caso de las Madres, aquellos loables y humanos objetivos por conocer el destino de sus hijos desaparecidos se han visto desvirtuados por una aventura político-partidaria inaceptable y con la incursión en actividades, como las de la vivienda y la educación que están veladas por un manto de ilegalidad que la Justicia determinará y por el Gobierno, que continúa manteniendo el apoyo económico, con dinero de todos los argentinos, hacia una entidad que está severamente cuestionada.