Impuesto a los ingresos brutos, malo y excesivo

Desde diversos ámbitos de estudio, desde esta misma página, se viene advirtiendo que la situación fiscal del país, y de nuestra provincia, están transitando una situación peligrosa. No se puede descartar un final que reproduzca las repetidas crisis que sumen a la economía en prolongados y costosos procesos de ajuste. Tanto el Gobierno nacional como las provincias podrían, si se lo propusieran con seriedad y convicción, evitar un desenlace que seguramente nadie quiere vivir. Siempre es preferible un sacrificio moderado, bien explicado a la población, que aquellos que son producto cruento de un estallido de las finanzas públicas. Camino a las elecciones generales del año próximo, es indispensable realizar un debate serio, fundado sobre la indispensable reforma del sistema impositivo y la composición y destino del gasto público.

La discusión sobre qué impuestos cobrar, en qué montos, quiénes los deben pagar, cruza la historia desde que los seres humanos viven en sociedad. Discusión siempre presente, divide opiniones y seguramente lo seguirá haciendo. Pero también la historia enseña que los excesos que cometen los gobiernos en materia de cargas tributarias no terminan en crisis sino muchas veces han producido graves rebeliones sociales. Han sido esas rebeliones las que impulsaron procesos de grandes cambios en las organizaciones sociales, estableciendo por ejemplo el Estado de derecho y la limitación del poder del soberano. Sólo el Congreso legisla sobre impuestos y deuda pública, establece la Constitución Nacional. En el mismo sentido lo hace la Constitución provincial. Al respecto, muy valioso y enriquecedor es el largo debate que en referencia de la deuda y el Presupuesto, incluido un fallo de la Suprema Corte, se viene registrando desde comienzos de año en nuestra provincia.

Más valiosa aún es la situación de Mendoza cuando se contrasta este debate, con lo que ha ocurrido en el Gobierno nacional en la última década. Al amparo de la ley denominada de emergencia económica ha desaparecido la división de poderes en el tema impuestos y gasto público, en tanto el PEN puede cambiar las partidas, aumentarlas o disminuirlas a su solo criterio. El control del gasto prácticamente ha desaparecido. Es la necesidad de financiar un gasto desenfrenado tanto a nivel nacional, provincial como municipal el que ha provocado enormes distorsiones en el sistema impositivo. El sistema ha perdido todo sentido de la equidad, de la eficiencia y, más aún, su función de inducir el uso de los recursos económicos de modo de obtener el mejor resultado posible para la sociedad.

Un ejemplo evidente de lo venimos diciendo es el crecimiento del gasto público en Mendoza y de algunos impuestos, como ingresos brutos, situación reflejada hace unos días en nuestras páginas, para un sector muy importante de la economía, como restaurantes, hoteles y similares. Pero esta situación se extiende prácticamente a todos los sectores de la economía, con efectos que, parece, a las autoridades no les interesa evaluar, al menos por ahora. En diciembre del año pasado, el CEM realizó un exhaustivo análisis de la evolución del IIB desde 2004 en adelante; en esencia, lo que ocurrió fue un notable incremento en las alícuotas del impuesto y la aplicación a actividades que hasta cierta fecha no estaban gravadas. Desde 2012 prácticamente todos los sectores tuvieron aumentos. Algunos como minas y canteras pasaron de una tasa de 0,9 a 5%, esto es un aumento de 456%. Para la industria manufacturera se duplicó, igual para el sector comunicaciones. En seguros, establecimientos financieros, pasó de 3% a 6%. Todo ello se traduce en que el IIB representa alrededor de 60% de los ingresos corrientes de la provincia.

Son de sobra conocidas las serias deficiencias de este impuesto; la lista es larga. Basta tener en cuenta que recae sobre cada una de las ventas lo que produce el llamado efecto cascada. Un producto agrícola que termina en la mesa de una casa de comida acumula una tasa del orden de 15%. Grava la facturación, por tanto castiga las actividades con menos márgenes. Es un impuesto que paga íntegramente el consumidor cuando le dan boleta y cuando no se la dan también lo paga. Ya se sabe dónde queda.