Guerra total del kirchnerismo a opositores y “golpistas”

Funcionarios y distintas personalidades identificadas política o ideológicamente con el kirchnerismo abundaron en los últimos días en conceptos arriesgados y hasta temerarios sobre quienes opinan o accionan en desacuerdo con ellos.

Es el caso del juez de la Corte Raúl Zaffaroni, quien afirmó que si en 2015 gana las elecciones un "proyecto político diferente al del kirchnerismo" los argentinos corremos el riesgo de quedar inmersos en "un caos".

Llama la atención que este juez reconociera públicamente su pensamiento político luego de varios años ocupando un lugar en el máximo tribunal de justicia del país, puesto que si bien ya presentó su renuncia, la misma será efectiva recién a partir del 1 de enero.

Su sorprendente apreciación lo condiciona en su función durante el corto lapso que media hasta su retiro, a la vez que blanquea el criterio con que actuó al decidir en casos en los que los intereses políticos del gobierno debieron dirimirse en los altos estrados judiciales.

En segundo lugar, un abogado vinculado al poder, Eduardo Barcesat, denunció penalmente a los senadores nacionales de la oposición que acordaron no avalar un eventual remplazante del juez Zaffaroni, por entender que ese lugar vacante de la Corte debe ser cubierto por una persona nominada por el presidente surgido de las elecciones de octubre de 2015.

El hecho de que la legislación vigente establezca que el tribunal supremo debe funcionar con cinco miembros no significa que con un número menor de integrantes su labor se vea debilitada.

Así lo expresó, incluso, su presidente, Ricardo Lorenzetti, en recientes apreciaciones a raíz de las bajas obligadas por fallecimientos y renuncia anticipada que ha sufrido la Corte este año.

Además, la denuncia del mencionado abogado resulta sumamente criticable, puesto que busca poner en tela de juicio acuerdos a los que arribaron legítimamente legisladores que ocupan sus actuales cargos por voluntad popular.

Acusar de sediciosos a los legisladores, según la acción presentada por el constitucionalista Barcesat, es considerar como una insurrección contra el orden constitucional una decisión política adoptada en el marco de las atribuciones que tiene el Poder Legislativo.

Finalmente, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y un importante número de funcionarios, legisladores, gobernadores y dirigentes del oficialismo acusaron públicamente al Poder Judicial de promover un "golpismo activo" en el país, luego de que se conociera la decisión del juez Bonadío de allanar oficinas de la empresa que gerencia el hotel de la presidenta de la Nación, en la localidad de El Calafate.

Posiblemente sea ésta la más grave manifestación pública de descontento oficial por el desempeño de otro de los poderes del Estado, precisamente el que debe estar más alejado de las pujas e intereses políticos, razón por la cual, con absoluta lógica, los senadores de distintos sectores partidarios consideraron que el próximo juez elegido para la Corte debe quedar al margen de la contienda electoral que predominará durante casi todo 2015.

La guerra declarada por el oficialismo contra los miembros de los demás poderes que con su accionar comprometen sus intereses instala interrogantes y preocupaciones que no deben ser pasados por alto.

¿Cómo deben interpretarse las apreciaciones de Zaffaroni sobre el supuesto "caos" poskirchnerista? ¿Son sus intenciones sólo las de atemorizar siguiendo la estrategia oficial en tal sentido? Si no es así, ¿cuál será el límite de tolerancia del kirchnerismo si el voto popular instala un gobierno de otro signo político a partir de fines de 2015?

Tenemos algo para ofrecerte

Con tu suscripción navegás sin límites, accedés a contenidos exclusivos y mucho más. ¡También podés sumar Los Andes Pass para ahorrar en cientos de comercios!

VER PROMOS DE SUSCRIPCIÓN

COMPARTIR NOTA