Fuegos de artificio

Hay, en la opinión pública, la sensación que la supuesta reacción de la Justicia Federal, en las causas de corrupción, son nada más que una actuación ante la creciente demanda de terminar con la impunidad.

Las demoras en tomar medidas procesales para obtener las pruebas, las presiones para establecer líneas de corte, el conformarse con las segundas líneas, sin llegar a los que armaron el saqueo, muestran que no hay voluntad para ir a fondo contra la corrupción.

Es que la Justicia Federal es parte del problema, no la solución.

Esto viene de lejos: comienza con la presidencia del senador Vicente Saadi, de la comisión de acuerdos en el Senado. Se consolida en el menemismo con los jueces de la servilleta y la mayoría automática en la Corte y sigue cuando se abandona el programa de reforma de la Justicia de Gustavo Béliz, porque al kirchnerismo le convenía, para su plan de saqueo, una Justicia de ineptos y corruptos, fácilmente sujetos a presión y extorsión.

Un aparato siniestro
Se ha conformado una estructura siniestra compuesta por una verdadera asociación ilícita que es la Cámara de la Construcción y de la que forman parte sectores políticos multipartidarios, la Justicia Federal, la ex Side y fuerzas de seguridad.
La obra pública ha sido la caja de financiamiento ilegal de la política a la que se han ido agregando: el juego y el narcotráfico y las renegociaciones de las concesiones petroleras.

La clave es Julio de Vido
La corrupción se incrementó y transformó en estos doce años de predominio del feudalismo santacruceño. Hemos pasado del simple soborno, al intento de apropiación de empresas por parte de la familia gobernante, utilizando los recursos públicos.

El cerebro fue Néstor Kirchner y, la mano derecha, su ministro de planeamiento. La instrumentación consistió en privilegiar la obra pública en provincias de baja calidad institucional, en la que la prensa es dependiente de los gobiernos. Las legislaturas y la Justicia son simples empleados y la población vive del empleo público.

Por eso se concentró la obra pública en Santa Cruz, Chaco, Formosa y Santiago del Estero. En esta provincia, feudo del matrimonio Zamora, se llegó a sobreprecios del 500% en obras ordenadas por Julio de Vido, que determinaba qué hacer, qué empresa se contrataba y el precio.
Hasta ahora, la Justicia Federal ha preservado la impunidad del responsable mayor de la catástrofe de estación Once.

Voceros de la impunidad
Con el pretexto de mirar hacia adelante o de la gobernabilidad, aparecen voces tratando de minimizar, o al menos limitar, las sanciones a la corrupción.

Pretenden que se repita la impunidad de la década del noventa, en la que sólo pago María Julia Alsogaray, tal vez porque no firmó la ficha del PJ.
No es una preocupación sólo de la dirigencia política. Hay voceros de otros sectores porque, para ser claros, el problema del saqueo que ha soportado nuestro país no es producto solamente del accionar de una banda de marginales del Sur. Es un tema que viene de lejos y complica a muchos.

Por eso hay una ofensiva para impedir reformas legislativas como la ley del arrepentido, que facilita el esclarecimiento de los ilícitos y se quiere evitar que personajes clave, como Julio de Vido, sean procesados por miedo a que digan todo lo que saben y eso afectaría a gran parte de los que participaron de la corrupción estructural montada hace tiempo aprovechando la larga decadencia del Estado con las patrias contratistas y las patrias concesionarias y otras prebendas propias del dirigismo burocrático.

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