Fallo de la Corte: efectos inmediatos en la coparticipación

Una reflexión sobre el impacto en el sistema previsional y una crítica a las políticas públicas.

En el año 2006, Santa Fe y San Luis planteaban la inconstitucionalidad en la detracción del 15% sobre los impuestos coparticipables que se destinan al financiamiento de la Anses. La Corte Suprema de Justicia se tomó su tiempo, y casi una década después falló a favor de las provincias.

Equidad: volvemos a estar más equilibrados

Desde el interior, la impresión es que llega una bocanada de federalismo, en un contexto en el que las provincias perdieron 5 puntos de participación sobre los impuestos nacionales en los últimos 15 años (hoy equivalente a unos $ 80.000 millones por año; paradójicamente, una cifra cercana a la que podrían capitalizar anualmente las provincias de extenderse el fallo).

Por otro lado, el fundamento que inicialmente justificó que la Anses se financie con “pre-coparticipación” fue la creación de las AFJP, un sistema privado que restaba aportantes y financiamiento al sistema público. Una vez unificado y estatizado el sistema previsional, perdían sentido estas detracciones excesivas de impuestos coparticipables.

Con el antecedente de la inconstitucionalidad declarada por la Corte, en caso de que Mendoza también  sortee a futuro la detracción del 15% sobre su coparticipación lograría sumar una cifra cercana a los $ 2.900 millones anuales, monto más que relevante y oportuno ante la crisis fiscal que enfrentamos.

Desvelo: el sistema previsional se torna insostenible

En la actualidad, el sistema previsional argentino contempla cerca de 8 millones de prestaciones (sumadas a 3,6 millones de niños y jóvenes con Asignación Universal). El 50% de las prestaciones fueron incorporadas mediante programas de inclusión que permitieron otorgar beneficios a personas que no habían realizado los aportes.

Estas políticas las pudo sostener la Anses debido a que 1 de cada 3 pesos de sus recursos provenían de ingresos tributarios (principalmente el 15% de la coparticipación bruta, 11% de la recaudación de IVA  y 20% de la recaudación de Ganancias).

El fallo de la Corte, si es extendido a todas las provincias, limitará los recursos de la Anses y provocaría en lo inmediato un déficit superior a los $ 32.000 millones anuales en la seguridad social.

Podríamos pensar en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (los ahorros de la Anses) como compensador de este déficit. Sin embargo, el 80% del Fondo son títulos públicos y proyectos de obra pública, por lo tanto, existen poco más de $ 100.000 millones de fondos líquidos, cifra pequeña ante la magnitud del déficit estructural que se generaría.

Mediocridad técnica en el diseño de las políticas

Al asumir el año pasado, la presidenta Michelle Bachelet convocó una comisión asesora con el fin de  realizar un diagnóstico acerca del funcionamiento del sistema previsional y para elaborar propuestas destinadas a resolver las deficiencias y hacer el sistema más inclusivo y sostenible. La comisión, conformada por 25 especialistas destacados en materia previsional, luego de un año de trabajo entregó en setiembre pasado su informe final proponiendo 58 medidas concretas.

Las diferencias con Argentina son notables. Aquí, en un mes, de manera intempestiva, inconsulta y sin aceptar sugerencia alguna, el Gobierno Nacional decidió cambios estructurales en el sistema previsional. Hoy vemos los resultados de la impericia, el sistema es débil y no cierra.

A modo de síntesis, el fallo de la Corte nos dejará un bienvenido equilibrio en el reparto de fondos Nación/Provincias. Sin embargo, también obligará a repensar el financiamiento y sostenibilidad de la seguridad social. De lo contrario, como sociedad, corremos el riesgo de no consolidar (y ampliar) los derechos adquiridos por millones de adultos mayores, jóvenes y niños.

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