Energía: el modelo iraquí, recargado

La ley de hidrocarburos que se apresta a sancionar Diputados es un caso paradigmático de rentismo kirchnerista. Pero la Argentina no puede vivir de rentas.

Se cumplen estos días aniversarios de hechos recientes muy recordados: cuatro de la muerte de Néstor Kirchner, tres del cepo cambiario. Citaré, en cambio, una nota de hace dos años, en este mismo espacio, titulada “La encerrona energéti-K” (http://archivo.losandes.com.ar/notas/2012/11/1/encerrona-energeti-k-676955.asp)

El autobombo viene a cuento porque este miércoles la Cámara de Diputados convertirá en ley el proyecto sobre Hidrocarburos que la mayoría kirchnerista aprobó en el Senado el 9 de octubre pasado y que materializa las demandas que, como se dijo aquí, planteaban las petroleras internacionales para invertir en la Argentina, en especial en la explotación de “Vaca Muerta”, formación geológica que pone al país en el tercer lugar del ranking mundial de reservas de “hidrocarburos no convencionales”.

El proyecto condensa varias características del kirchnerismo. Primero, con una política irresponsable de subsidios, derroche de recursos y ausencia casi total de inversiones creó la “encerrona energéti-K”. Los cortes parciales de gas y luego los de electricidad, que se fueron haciendo cada vez más frecuentes y de mayor alcance, empezaron en 2004. Entre ese año y el actual el país pasó de un superávit comercial de energía a déficits e importaciones crecientes.

Recién a fines de 2011, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK) acusó recibo del problema al denunciar que las importaciones de hidrocarburos rozaban los 10.000 millones de dólares. Ese déficit fue disparador directo del “cepo”, anunciado el 28 de octubre de ese año por Amado Boudou, elegido cinco días antes como vice de CFK, con 54% de los votos. Aquel día, el dólar valía $ 4,49 y las reservas internacionales del BCRA eran de 48.000 millones de dólares. Desde entonces el dólar, aquel que se puede conseguir, subió más de 200 por ciento, y las reservas cayeron en 21.000 millones.

El alerta oficial por la compra de hidrocarburos fue, a su vez, la excusa para la reestatización, en abril de 2012, de YPF. “Recuperación”, decía el gobierno, que no costaría ni un dólar e incluso habilitaría al país a cobrarse de la anterior dueña, Repsol, unos cuantos miles de millones en concepto de “pasivos ambientales”.

En el interín, el Gobierno había ido asegurando, a través del ministro de Planificación, Julio De Vido, que el grueso de las áreas de exploración y explotación petroleras fueran a manos amigas, aunque vírgenes de experiencia petrolera. El caso paradigmático, aunque no el único, fue el de Lázaro Báez.

Pero, claro, al petróleo y el gas hay que extraerlos. Para hacerlo se necesitan tecnología, expertise, grandes inversiones. Los grandes del sector (Chevron, ExxonMobil, Total, las petroleras chinas, la rusa Gazprom) esperaron la maduración de ese proceso mientras el gobierno kirchnerista se llenaba la boca con la “soberanía hidrocarburífera”.

El proyecto oficial, que Diputados seguramente aprobará hoy, satisface prácticamente todas las exigencias de las firmas extranjeras y beneficia a los intermediarios del amigopolio K, los que recibieron concesiones a lo pavote mientras se cocinaba el estofado de la escasez energética, las importaciones de hidrocarburos y el “cepo cambiario”.

Por ejemplo, amplía la duración de las concesiones, con plazos de explotación más extensos y la posibilidad de prórrogas indefinidas, a la vez que fija límites a los recursos tributarios (regalías) y no tributarios (participación de empresas provinciales) de las provincias.

Peor aún, en concesiones de explotación se elimina la restricción a la titularidad de más de cinco concesiones simultáneas, se estiran a 30 años las concesiones en la plataforma continental y a 35, prorrogables de manera indefinida, los de concesiones para explotación “no convencional”. Con un agregado: las concesiones que deriven de un permiso de exploración o de una subdivisión de una concesión existente podrán ser adjudicadas en forma directa (artículo 13 del proyecto).

Todas estas ventajas, fundamentadas en que es necesario “atraer” la inversión extranjera, porque -y esto es verdad- las sumas requeridas son de gran magnitud, se vuelven prebendas, verdaderos casos de corrupción y latrocinio con complicidad estatal, si se tiene en cuenta que en medio, para cobrar peaje, esperan intermediarios como Báez.

Andrés Chambouleyron, experto en regulación de servicios públicos y economía de la energía, dice que en el sector petrolero hay dos modelos polares: uno, de alto riesgo y ganancias extraordinarias, representado por Irak; otro, de bajo riesgo y menores ganancias, representado por Noruega.

El kirchnerismo aumentó los riesgos y para compensar ofrece ventajas extraordinarias e irritantes. Se trata de una solución inestable, por el riesgo de revisión (y reversión) en un futuro no necesariamente lejano. Una suerte de ruleta rusa que a su vez reduce el “valor” del negocio y la probabilidad de grandes inversiones.

Tal vez sea una bendición disfrazada que el propio kirchnerismo, caso paradigmático de rentismo familiar, económico y político, termine haciendo evidente la imposibilidad de aplicar su modelo al país.

“No viviremos de rentas. Vaca Muerta no nos va a salvar, así como no nos salvó la soja”, escribió por estas horas el economista Eduardo Levy Yeyati. Más esforzada, pero también más factible y realista, será la tarea de desarrollarnos a partir de nuestro propio trabajo e inteligencia, con buenas leyes e instituciones y liderazgo político no tóxico.

Sin modelo iraquí recargado con ruleta rusa ni Lázaros cobrando peaje.

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