Rematan inmuebles de la quiebra de Matas

Tras un intento fallido, la sindicatura, a instancias del 2do Juzgado de Procesos Concursales, remató casi 100 hectáreas productivas que la empresa Matas explotaba en Calingasta, y fueron a manos de un acreedor por la base fijada: $12,7 millones.

El nuevo dueño, uno de los tantos que verificaron créditos cuando se inició el concurso de la firma, resultó ser el único en presentar una oferta en sobre cerrado, y cumplió con la exigencia de depositar el equivalente al 10% del monto fijado para la subasta.

En San Juan todavía queda una superficie de otras 100 hectáreas de la localidad de Barreal, aunque la decisión de fecha y condiciones corre por cuenta de la  jueza Gloria Cortés.

Si bien coronó exitosamente su primer capítulo, la liquidación venía de un fracaso reciente y lo recaudado aún es insuficiente para saldar las deudas, según admiten los síndicos. De hecho, una cotizada superficie de 500 hectáreas en San Carlos no tuvo postores y volverá a salir para agosto, como parte del expediente “Industrias J. Matas SCA p/ Quiebra p/Liquidación” al que le faltan unas cuantas fojas todavía.

“Son fincas bien ubicadas, que estaban alquiladas y producían ajo y cebolla hasta la última campaña.. Pero como siempre lo define el juego de la oferta y la demanda”, señaló el martillero Héctor Gómez, a cargo de uno de los remates, que también tiene por delante ordenar por lotes los inmuebles restantes que alguna vez el empresario tuvo en San Luis y Neuquén.

En inmuebles registrados bajo la razón social de Matas hay al menos  8 entre Mendoza y San Juan por rematar cuando la jueza Cortés así lo decida, sin contar un número a relevar en otras provincias bajo distintas razones sociales. Hasta ahora sólo se habían liquidado maquinarias de la planta fabril de Guaymallén, hoy empresa recuperada, e implementos agrícolas de una finca en Valle de Uco.

Lo recaudado, a plazo fijo

Aunque hay reserva respecto a la valuación final de los activos y de la deuda total a cancelar con las sucesivas subastas, desde la sindicatura admiten que la liquidación no tiene el ritmo esperado.

Cotizaciones elevadas es, a priori, una de las explicaciones en las que se apoyan; de hecho, las fincas subastadas salieron con bases de entre $2,5 millones (por 18 hectáreas con derecho a riego) y $6 millones (47 hectáreas c/derecho a riego, dispuesta para la siembra de cebolla), consideradas por encima de su valor de mercado.

“En general, desde que se inició el proceso a algunos  el vínculo con Matas les hace ruido, y otros consideran que arranca con bases demasiado altas”, analizó Gómez.

Un caso testigo es el de las 500 hectáreas en San Carlos, cuya cotización oscila los u$s 30.000. Para generar más interés la base equivalente fue de 1/3 de ese monto pero aún así quedó desierta.

Con todo, la quiebra cuenta entre $4 millones y $5 millones líquidos, monto considerado exigüo para el pasivo pendiente de cancelación que, dada las circunstancias, están repartidos en 3 depósitos a plazo fijo para evitar que se evaporen.

Según el síndico, Roberto Caoa, “comenzamos con bienes muebles y el propósito es liquidar lo que más podemos para poder cancelar la deuda a los proveedores. Pero estamos evaluando qué hacer más allá de bajar los valores de algunos activos para avanzar con mayor rapidez”.

Una curiosidad del proceso: una de las tres propiedades que marcaron el inicio de la liquidación de los inmuebles a nombre de Matas estuvo arrendada hasta ahora por AgroRuggeri, uno de los principales exportadores de ajo de Mendoza. Paradójicamente, Ruggeri es proveedor de Cooperativa La Terre, que formaron los ex empleados de la planta de Guaymallén para recuperarla y mantenerla en actividad. De hecho, en la última campaña Ruggeri la abasteció de 150 mil kilos de ajo para deshidratar.

Trabajadores de  La Terre solicitaron asistencia financiera

Con otras prioridades por delante, los trabajadores de La Terre se mantienen ajenos, en parte, al proceso de liquidación de activos. La situación, dicen, los obliga a consolidar comercialmente los productos deshidratados que salen de la planta que explotan en “tenencia precaria”, y cuyo futuro sigue en manos de la misma jueza Cortés. Mientras, gestionan asistencia financiera y técnica para seguir.

Según su presidente, Daniel Sauretti “la plata que tenemos la estamos invirtiendo. En mayo terminamos con el ajo, y comenzamos con la espinaca. Iremos por la finca propia en algún momento, pero tenemos costos elevados en servicios y aún no estamos preparados”.

Con la figura legal de “explotación temporaria”, la cooperativa ya colocó 80% de el deshidratado resultante de 700 mil kilos de espinaca. Entre sus clientes están pastas La Italiana y Molino Cañuelas, y según Sauretti “queremos recuperar a históricos como La Virginia”.

Comercialmente, la pelea no es fácil, sobre todo para colocar el ajo procesado en el mercado argentino frente al chino, que puesto en el país cuesta u$s 2,5, casi una tercera parte de lo que para cubrir sus costos lo comercializa La Terre. Por eso, sus responsables saben que necesitan mejor equipamiento y oxígeno financiero, y el Gobierno debe definir el cánon a pagar por la expropiación.

“Lo que intentamos hacer es dejar prolija la situación frente a la quiebra, mediante la valuación de los bienes usados para la expropiación. Mientras Hacienda define el cánon, estamos armando varias opciones de financiamiento, desde un subsidio directo hasta un fideicomiso específico para empresas recuperadas y microcréditos”, detalla  el director de Cooperativas, Gustavo Calle.

Para La Terre, una urgencia es mejorar la calidad con un detector de metales (para eliminar impurezas del producto), además de otras maquinarias. Ante esas necesidades, asoman una línea de subsidios de $155 mil para compra de activos, y el acceso a un fideicomiso, vía Fondo de la Transformación y Mendoza Fiduciaria,que le asegure hasta $3 millones.

En tanto, se cumple el plazo de tenencia del inmueble (3 años), y debe decidir el pedido de prórroga como apuesta a la posesión definitiva a futuro.