El proceso a Rousseff arrancó con escándalos

Durante la primera ronda del impeachment, “petistas” y oficialistas cruzaron acusaciones como “falta de moral”, “aspirador de cocaína” y “esclavista”.

La ronda de sesiones finales del juicio político contra la presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff, comenzó ayer con un escándalo en el Senado, donde se cruzaron acusaciones de “falta de moral”, “aspirador de cocaína” y “esclavista”, lo que atrasó gran parte del cronograma trazado para escuchar a testigos del proceso de destitución.

Los senadores del Partido de los Trabajadores (PT) hicieron decenas de cuestionamientos de orden del régimen interno, dilatando el inicio del proceso, y eso calentó los ánimos en la sesión histórica que dirige en el Senado el presidente del Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowsi.

“Este Senado no tiene estatura moral para juzgar a una presidenta como Dilma”, dijo la senadora Gleisi Hoffman, ex jefa de Gabinete de Rousseff, lo que inició el revuelo generalizado de sus rivales, que respaldan al interino Michel Temer.

Rápidamente reaccionó el jefe del bloque del conservador Demócratas, el ganadero Ronaldo Caiado, aliado de Temer: “Yo no le robo a los jubilados”, dijo, en referencia a que el marido de Hoffman, el ex ministro Paulo Bernardo, fue denunciado por fraude en el sistema de créditos a los pensionados.

A Caiado lo cruzó otro senador del PT, Lindberg Farias, quien le recordó su alianza con un senador condenado por corrupción y lavado de dinero, Demóstenes Torres.

“Pido antidoping para él. No aspires acá”, le respondió Caiado, en medio de una discusión generalizada y gritos del presidente de la corte para reducir la tensión.

Al final, la senadora Hoffman le respondió a Caiado por su condición de ganadero del estado de Goiás: “Usted es de la banda del trabajo esclavo”.

En un receso de la sesión, Farias dijo sobre Caiado: “El nos quiere tratar como trata a la gente en sus haciendas”.

La base de apoyo a Rousseff logró ganar tiempo a través de recursos y hasta intentando evitar la convocatoria de uno de los testigos de ater a la tarde que sostienen que la mandataria violó la ley fiscal, un argumento que según el PT no es un atentado a la Constitución y por ello lo que está en marcha es un golpe.

En el Palacio de la Alvorada, Rousseff se prepara, asesorada por diputados y abogados, para el interrogatorio al que será sometida el lunes.

El PT pidió anular el juicio luego de que la prensa publicara que el interino Temer le solicitó al titular del Senado, Renán Calheiros, acelerar los plazos del proceso para terminar el martes 30 una votación que hasta los aliados del PT están dando por perdida. El Senado puede destituir a la mandataria con un piso de 54 votos de los 81.

En caso de ser sentenciada, Rousseff quedará inhabilitada para ocupar cargos públicos por ocho años. Si es absuelta, esta economista de carácter estoico y que militó en una guerrilla marxista durante la dictadura (1964-1985), recuperará su gobierno.

La mandataria insiste en que es “inocente” y denuncia ser víctima de un “golpe de estado” orquestado por Temer.

Lula: "Es el día de la vergüenza nacional"

“Comienza el día de la verguenza nacional”, señaló el ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010), considerado el padrino político de la mandataria, en un acto en Río de Janeiro.

La destitución de Dilma es también un inesperado final de gobierno para el emblemático PT.

Rousseff recibió un país con el legado de una economía pujante que le dejó su padrino político, sostenida por programas sociales como el Bolsa Familia, reconocidos internacionalmente.

En los primeros años de gloria del PT, el país fue elegido para celebrar el Mundial de Fútbol (2014) y los Juegos Olímpicos (2016), los primeros en celebrarse en Sudamérica.

Pero ese boom económico que fue motor de crecimiento para la región comenzó a hacer agua durante el primer gobierno de la ex guerrillera. La tormenta estalló con las revelaciones de masivos escándalos de corrupción. El mayor y más sonado fue la gigantesca trama de desvío de dinero en la estatal Petrobras que le costó más de 2.000 millones de dólares a la petrolera.

AP

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